*Fenómeno de El Niño aumenta su impacto

*Tarea urgente para gobernadores y alcaldes

El próximo lunes asumen treinta y dos gobernadores y más de mil cien alcaldes. A diferencia de los mandatarios salientes, que se posesionaron el 1 de enero de 2020 y dos meses después comenzaron a afrontar la emergencia más grande del país en las últimas décadas, como lo fue la pandemia del covid-19, los nuevos titulares departamentales y municipales arrancan desde el día uno de sus periodos con urgencia a bordo: afrontar las crecientes y nocivas consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

Como se sabe, desde octubre pasado esta anomalía, que se traduce en un aumento atípico de las temperaturas así como en una disminución drástica de los promedios históricos de lluvias, se ha venido intensificando, especialmente en zonas del norte del país. Todos los pronósticos meteorológicos señalan que este fenómeno se intensificará en el primer cuatrimestre de 2024 y ello se traducirá, especialmente, en una sequía intensa en varios departamentos, que tendrá afectaciones en múltiples flancos, empezando por un impacto sobre la disponibilidad de recursos hídricos, especialmente de los ríos y represas que surten muchos acueductos y sistemas de riego para la agricultura.

De igual manera, las altas temperaturas ya están afectando el ciclo de rendimiento de las cosechas estacionales, lo que seguramente tendrá un impacto en la oferta y precios de los alimentos, generando un impacto adicional en la curva inflacionaria de comienzos de 2024. Esto, como es apenas obvio, se atraviesa en las expectativas de continuar con el sendero de disminución del costo de vida para los colombianos, que ha sido uno de los flagelos que más ha afectado a las familias en el último año, obligándolas a recortar de manera drástica los presupuestos de consumo.

Si bien es cierto que el Gobierno nacional, a través de varios ministerios e instituciones, lanzó hace dos meses un plan de contingencia para enfrentar El Niño, anunciando incluso la destinación de dos billones de pesos, no pocos de los gobernadores y alcaldes, tanto entrantes como salientes, han emitido alertas sobre la necesidad de aumentar los recursos y, sobre todo, la ejecución de los mismos para contener esta crisis climática que se agrava día tras día. Es más, se ha planteado la posibilidad de que se acuda a una declaratoria de una Emergencia Económica, Social y Ambiental como fórmula para agilizar la estrategia de respuesta.

Desde los gremios de la agroindustria, así como de las empresas de servicios públicos, especialmente de agua y energía, también se está urgiendo un plan de acción mucho más efectivo y determinante para disminuir al máximo el riesgo en materia de seguridad alimentaria o de afectación de acueductos y fluido eléctrico. No hay que olvidar que más del 60% del parque de generación en nuestro país depende de la cadena hidroeléctrica y si bien en estos momentos el nivel de los embalses no presenta alertas, un clima seco muy extremo en el arranque de 2024 podría desembocar en un problema de alto impacto para la ciudadanía.

Visto todo lo anterior resulta claro que se requiere una coordinación inmediata entre el Gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes entrantes. De hecho, ya algunos de estos últimos han anunciado que contemplan la posibilidad de declarar un estado de calamidad pública en los primeros días de enero con el fin de poder movilizar de forma rápida recursos para atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño y asistir a las comunidades más afectadas. También se está planteando que desde el Ministerio de Hacienda y otras carteras se activen asignaciones presupuestales extraordinarias para atender las afectaciones en materia agrícola, sanitaria, de disponibilidad de servicios públicos y en otros flancos. De igual manera, algunos gobernadores y alcaldes están solicitando que se contemple algún mecanismo para poder priorizar más gasto fiscal en esta difícil coyuntura, acudiendo, por ejemplo, al apoyo de entidades como el Banco Agrario, Finagro y otras instituciones financieras oficiales de segundo piso.

Como se ve, esta preocupante situación con que arrancan las nuevas administraciones departamentales y municipales requiere de una respuesta dinámica y eficaz del Ejecutivo. No hay lugar a debates políticos innecesarios y desgastantes, como tampoco a un pulso de poder y competencias entre el orden nacional, regional y local. El fenómeno de El Niño ya está causando estragos en Colombia y corresponde a todo el Estado hacerle frente de una manera más concreta y funcional.