• Ajuste político, judicial y anticorrupción a las carreras
• El renovado asomo de las propuestas de constituyente

Preocupación. Esa es la sensación que está transmitiendo al país el accidentado debate en el Congreso a varias de las principales reformas en el campo político, judicial y anticorrupción. Si bien es cierto que se trata de actos legislativos que requieren de ocho rondas de aprobación en comisiones Primeras y plenarias de Senado y Cámara, el hecho de que cuatro de ellas deban surtirse antes de que termine este primer tramo de la legislatura, en la tercera semana de diciembre, ha llevado a que las discusiones en las células congresionales sean tan atropelladas como insuficientes, situación grave tratándose de modificaciones de alto calado al sistema político y electoral, una reingeniería a la Rama Judicial y la adopción de medidas eficaces para combatir el flagelo más grave que en estos momentos afronta el país: la corrupción.

Aunque debe abonarse la voluntad política tanto del nuevo Parlamento como del entrante Gobierno para avanzar en reformas que se requieren de manera urgente, en estas páginas habíamos advertido que al radicar ese paquete de proyectos al mismo tiempo se podría generar un trancón legislativo que tendría dos efectos nocivos, los mismos que hoy se están evidenciado: una discusión a contrarreloj de temas muy importantes que requieren un análisis pausado y a fondo, así como la desgastada estrategia parlamentaria de ir dejando muchos asuntos clave convertidos en meras proposiciones con el fin de poder revivirlos debates más adelante, cuando haya más tiempo para sopesar las ventajas o desventajas de tal o cual ajuste.

Las pruebas de lo anterior están a la vista: en el proyecto de reforma a la justicia, por ejemplo, la inclusión acelerada de ajustes a la acción de tutela no resistió ni siquiera el primer debate, en tanto que sigue en vilo la posibilidad de crear un tribunal de aforados para juzgar a los altos funcionarios. En el paquete de iniciativas anticorrupción la mezcolanza entre las iniciativas propias de la Casa de Nariño, las presentadas por los partidos y las derivadas de la consulta popular anticorrupción terminó por evidenciarse como improvisada, al punto que ya esta semana se generó un duro choque entre los promotores de esta última y el Ministerio del Interior por temas como la pertinencia o no de los mensajes de urgencia o el hundimiento del proyecto que pretendía limitar a tres periodos la permanencia máxima en los cuerpos colegiados. Y qué decir de la reforma política, en donde en la plenaria del Senado naufragaron esta semana asuntos polémicos como el transfuguismo o la escisión partidista, en tanto que las listas únicas y bloqueadas o los mecanismos de democracia interna partidista peligran, así como la posibilidad de que todos los ajustes al sistema electoral se puedan aplicar para los comicios regionales y locales de octubre de 2019.

La hechura de las leyes es un proceso muy delicado y prueba de ello es la gran cantidad de iniciativas legislativas que luego terminan cayéndose en la Corte Constitucional por vicios de forma y fondo. Los debates accidentados en las comisiones Primeras y las plenarias a los proyectos ya mencionados han demostrado una preocupante improvisación, a tal punto que asuntos sobre los que se creía había consenso partidista suficiente, de un momento a otro sufren cambios muy fuertes o incluso se hunden bajo inciertas promesas de ser resucitados más adelante. De igual manera, la necesidad de avanzar los cuatro debates antes de la tercera semana de diciembre ha llevado a que algunos de los articulados que se han ido aprobando adolezcan de norte y coherencia. Por igual es claro que, sobre todo en los temas políticos, algunas colectividades están abogando en causa propia, tratando de alinear las reformas a sus conveniencias y coyunturas particulares.

A todo lo anterior debe sumarse que ha sido tal el ritmo accidentado con que se ha tratado de avanzar afanosamente en Senado y Cámara, que ya algunos parlamentarios y analistas advierten que se ha incurrido en graves faltas a la Ley Quinta y la jurisprudencia constitucional sobre la formación legislativa, anunciando por ello tempraneras demandas por yerros insalvables…

“Del afán no queda sino el cansancio”. Un refrán popular que se aplica sin misterio a lo que está ocurriendo en el Congreso. Tanto éste, como el Gobierno así como los directivas partidistas deberían detenerse a pensar que, precisamente, por ese ritmo atropellado en el trámite de las reformas más urgentes y de alto calado que requiere el país, es que desde distintos sectores de la opinión pública ya se está hablando, de nuevo, de la necesidad de acudir mejor a una constituyente de amplio espectro. Una constituyente que, como suele decirse, termina siendo una apuesta muy riesgosa para la institucionalidad, pues este tipo de ejercicios se sabe por dónde comienzan pero no cómo terminan.