El dislate de Trudeau | El Nuevo Siglo
Jueves, 25 de Octubre de 2018
  • Más críticas a la decisión canadiense
  • El incierto sendero de la legalización

LA  realidad muchas veces derrota a la teoría. Esa es una máxima que aplica para muchos campos y actividades, sobre todo en materia de políticas públicas y la forma en que éstas se delinean para enfrentar problemáticas estructurales o coyunturales.

Por ejemplo, por estos días ha dado mucho de qué hablar la decisión de Canadá de legalizar la producción y comercio libre de marihuana con destino al consumo recreativo. Se trata del primer país del llamado G-20, que reúne a las economías más potentes del planeta, en dar ese paso y el segundo en el mundo, después de Uruguay, que lo hizo en 2013.

La decisión canadiense, que había sido una promesa de campaña del actual Primer Ministro, ha generado honda controversia mundial, pero a nivel de gobiernos la reacción ha sido cautelosa e incluso negativa. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, advirtieron ya que no se admitirá el ingreso de canadienses que lleguen con intención de "ayudar a la proliferación del negocio de la marihuana". También recalcaron que las leyes federales consideran que el consumo recreativo de la marihuana es ilegal, así en algunos estados y condados haya una mayor flexibilidad al respecto.

Paradójicamente, pese a las diferencias geopolíticas con Washington, al gobierno ruso tampoco le gustó la medida canadiense, llegando a calificarla como inaceptable, hipócrita y que incluso provocará un aumento considerable del tráfico hacia otros Estados. Es más, Moscú considera que el gobierno de Justin Trudeau estaría violando la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988. Ottawa, sin embargo, lo niega.

Pero las reacciones internacionales a lo hecho por Canadá no paran ahí. Varios gobiernos han advertido a sus nacionales sobre los riesgos a que se exponen por ir a ese país y consumir el alucinógeno. Por ejemplo, las autoridades de Corea del Sur recordaron a sus ciudadanos que no fumen marihuana en la nación norteamericana, pues aunque se consuma en ese país seguirá siendo un delito en el asiático.

Incluso en la propia Canadá, los partidos y sectores más conservadores han aumentado por estos días sus críticas a la medida liberalizadora de la marihuana, advirtiendo que se trata de una acción improvisada frente a la cual no se han medido en su justa dimensión los riesgos para la seguridad y la salud públicas, y solo se piensa en que se trata de un mercado que puede llegar a mover 4.600 millones de dólares al año. Otros expertos en materia de criminalidad ponen en duda los esquemas teóricos con base en los cuales el gobierno Trudeau considera que con esta legalización se podría eliminar este año una cuarta parte del mercado negro de este alucinógeno y casi la mitad antes de doce meses. Se calcula, asimismo, que en cuatro años ya el flanco ilegal del negocio habría desaparecido.

No deja de llamar la atención que en los Países Bajos la despenalización, años atrás, del consumo de varias drogas narcóticas está empezando a ser repensada, por el alto impacto económico de la drogadicción en sus sistemas de salud y una especie de ‘narcoturismo’ cada vez más marcado. Así mismo en Uruguay se hacen por estos días análisis sobre los altibajos que ha tenido la medida de la legalización del consumo de marihuana recreativa, sobre todo por las falencias que ha demostrado el esquema de regulación de la producción y el comercio de la misma, incluso de la destinada a usos medicinales o terapéuticos.

Como se ve, puede que en la teoría esos modelos pro-legalización o despenalización del consumo de drogas funcionen, pero una vez aterrizados a la realidad, no sólo se evidencian graves falencias sino nocivos efectos colaterales que, al final de cuentas, son los Estados a los que les toca hacerle frente y, sobre todo, sufragar su costo.

El gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema canadiense, pero es claro que mientras en esas latitudes se cree que avanzar en la incierta y -muy teórica- ruta de la legalización es la salida al problema, en nuestro país, que conoce a fondo la realidad y complejidad del negocio ilícito del narcotráfico, y que como ninguno ha sufrido sus lesivas consecuencias, incluso perdiendo miles de vidas en su represión, el plan de acción es claro y enfático: combatir, combatir y combatir.