* UPC, presupuestos máximos, medicamentos…

* Más allá del cuestionado proyecto de reforma

La posibilidad de una crisis en el sistema de salud en Colombia es cada día mayor. Aunque la atención se ha centrado mayoritariamente en el accidentado avance del cuestionado proyecto de reforma en el Congreso, que tras casi un año de trámite apenas si superó dos debates en la Cámara y le espera un camino aún más difícil en el Senado, lo cierto es que en el entretanto la problemática del actual esquema de aseguramiento y atención médica se ha venido agravando preocupantemente.

De hecho, a escasos días de que termine el 2023 hay varias alertas sobre la mesa. Una de ellas es la referida a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la unidad de valor económico que el sistema reconoce a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado.

En las últimas semanas se ha generado una intensa discusión entre el Ministerio de Salud y gremios como Acemi y GestarSalud (que lleven las vocerías de las EPS del sector privado y público) en torno a tres elementos concretos: el giro de los recursos correspondientes por este concepto para el remate del año, el pago de deudas pendientes y, principalmente, el reajuste de la unidad de valor para el 2024.

En medio de ello, la Procuraduría General advierte el riesgo de una crisis financiera y funcional en el sistema a corto plazo si no se corrigen urgentemente las falencias alrededor de la UPC. El ministerio, a su turno, replica que no hay saldos en mora y que el proceso para la fijación del valor a pagar en 2024 está en marcha.

Paralelo a todo esto, las EPS, los gremios de clínicas y hospitales así como del sector farmacéutico, de insumos y proveeduría, pacientes e incluso la propia ANDI han urgido al Ejecutivo que maniobre rápidamente, ya que el déficit acumulado supera ya los 4,5 billones de pesos al cierre de este año y podría aumentar sustancialmente el próximo, al punto de arriesgarse a un colapso de sistema.

Además de lo anterior, los expertos sostienen que en la reformulación de la UPC no solo debe tenerse en cuenta el impacto de la inflación (que cerraría este año ligeramente por debajo del 10%), sino urge una ponderación más realista de factores como el aumento en las frecuencias de uso del sistema, el incremento de la siniestralidad y el mayor costo en la atención médica a la población pospandemia. De igual manera, hay que tasar mejor el efecto de los traslados masivos de afiliados de las EPS liquidadas, la ampliación del plan de beneficios en los regímenes contributivo y subsidiado o, incluso, la variabilidad cambiaria o el mismo envejecimiento poblacional.

Pero este no es el único debate alrededor del sistema de salud con que cierra el 2023. La discusión de la UPC va atada a la de los llamados “presupuestos máximos” que deben reconocerse a las EPS por costos adicionales en los tratamientos médicos, nuevas tecnologías, enfermedades complejas y otros gastos anexos. Mientras la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) recalca que todo está al día en los respectivos giros, varias EPS señalan lo contrario, e incluso han lanzado alertas sobre afectaciones en la cobertura de servicios a sus afiliados, como consecuencia del deterioro patrimonial, el alto endeudamiento y la dificultad para cumplir con los niveles mínimos de reservas técnicas.

El contrapunteo llega a tal extremo que un reciente informe de la Contraloría General sobre el sistema de salud tuvo interpretaciones distintas por parte del Gobierno y otros actores del esquema de aseguramiento y atención a millones de colombianos.

Asimismo, persiste la controversia en torno a la dimensión y causas de la escasez de medicamentos y cómo superar este peligroso escenario. A ello debe sumarse que no se termina de aclarar el monto de las deudas de las EPS con las clínicas y hospitales. Y, como si lo anterior fuera poco, continúan las polémicas técnicas y jurídicas en torno a las movidas gubernamentales para acelerar los giros directos a la red prestacional. Igualmente, no se ha encontrado una medida viable para disminuir el nivel de evasión de la póliza del SOAT y de la corrupción en los cobros por atención médica a los afectados en siniestros viales…

Lo más complicado detrás de todas estas polémicas es la discusión en torno a si se trata de crisis estructurales insalvables, como lo sostiene el Gobierno, o si, como lo advierten algunos voceros de la oposición, la problemática del sistema de salud (reconocido entre los mejores del mundo en varias categorías) responde a una acción omisiva e intencional del Ejecutivo para precipitar un colapso del modelo y justificar así la aprobación de su cuestionado proyecto de reforma en el Congreso.