* Fracasó Plan Decenal formulado en 2017

* Impunidad, morosidad y democracia en riesgo

En un país cruzado por distintas manifestaciones de violencia y criminalidad, es evidente que la justicia no está funcionando como debiera. De hecho, los índices de morosidad e impunidad en el castigo efectivo a los delitos, infracciones, contravenciones y demás violaciones al orden constitucional y legal en Colombia han crecido sistemáticamente.

Todo ello pese a que cada gobierno desde la vigencia de la Carta de 1991, que estableció una nueva estructura y sistema de gobierno a esta rama del poder público, lanzó en su oportunidad sendas estrategias para agilizar su funcionamiento, fortalecer el talento humano, hacer más robusto el andamiaje institucional y activar nuevas herramientas con miras a contrarrestar los fenómenos delincuenciales y responder de manera más eficiente a la demanda ciudadana para que el Estado resuelva de forma pronta y eficaz la conflictividad. También han sido múltiples las reformas a los códigos y demás legislación, así como la puesta en marcha de instrumentos alternativos para superar pleitos y diferencias entre los particulares por asuntos menores.

A ese complicado diagnóstico debe sumarse lo advertido ayer por la Contraloría General en torno a que el Plan Decenal del Sistema de Justicia fracasó debido a las graves debilidades estructurales en su diseño, ejecución y seguimiento, lo que ha impedido la atención y superación de la problemática de larga data.

Dicho Plan Decenal se creó en el 2017 con el objetivo de “armonizar y articular las políticas públicas del sistema de justicia y al mismo tiempo, fungir como hoja de ruta para un horizonte de 10 años”. Por la mitad del camino fue recortado en no pocas de sus metas, pero, aun así, está lejos de cumplir las restantes.

Las cifras son contundentes: si bien en los últimos seis años se asignaron cerca de 62 billones de pesos a esta rama del poder público, persisten los principales cuellos de botella en su funcionamiento y eficiencia e incluso tienden a empeorar. No menos grave es que, según el ente de control fiscal, la impunidad se mantiene, al punto que más del 80% de los delitos o noticias criminales terminan archivándose o quedan inactivas, ya que no se estableció el autor de la conducta ilegal. La congestión de procesos en los despachos y demás dependencias también es alarmante, como lo evidencia el hecho de que de cada 100 casos que ingresan al sistema judicial, 57 quedan pendientes de trámite para la siguiente vigencia. Finalmente, la productividad por juez disminuyó a pesar de que se incrementó el número de togados, disminuyó la demanda y se aumentó la inversión presupuestal.

Más allá de este informe estructural, lo cierto es que las deficiencias del aparato judicial en nuestro país han estado, particularmente, a la orden del día en las últimas semanas: las dificultades de las autoridades para enfrentar el pico delincuencial en muchas zonas del país; la discusión sobre los altos índices de reincidencia criminal y nula capacidad de resocialización en las cárceles; la racha de escándalos de corrupción en alto gobierno y entidades del orden territorial; las polémicas en torno a casos criminales de alto impacto público en donde los responsables continúan impunes; las inconsistencias y debates alrededor de las jurisdicciones de justicia transicional (Justicia y Paz así como Jurisdicción Especial de Paz)…

Todo ese crítico acumulado circunstancial ha sido puesto sobre la mesa en el marco del proceso que se está llevando a cabo para sentar las bases de una reforma integral a la justicia. Como se sabe, se conformó una comisión multisectorial en la que, presidida por el ministro del ramo, interactúan voceros de las altas cortes, magistrados, jueces, Fiscalía, Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, juristas, abogados, academia, centros de estudios especializados, sindicatos, líderes sociales, indígenas e incluso un exvicepresidente, entre otros.

A ello debe sumarse que, surtido esta semana el proceso de elección de la nueva Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, uno de los encargos más importantes a la alta funcionaria ha sido, precisamente, la necesidad de ajustar la Política Criminal del Estado con el fin de combatir la impunidad y morosidad judiciales de forma más efectiva.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que una democracia no puede considerarse como tal si la justicia no funciona. En Colombia lamentablemente la institucionalidad se ha visto amenazada no solo por la debilidad estatal para imperar sobre el accionar de los actores armados ilegales y las facciones de delincuencia común y organizada, sino también por un sistema judicial con múltiples deficiencias, que no castiga con la suficiente eficacia y certeza a quienes violan las normas y, por lo mismo, tampoco genera confianza ciudadana en cuanto a la utilidad de acudir a las autoridades para resolver los conflictos. Urgen cambios estructurales, los mismos que muchas veces se han prometido, pero no concretado.