No deja de resultar paradójico que una de las críticas más reiteradas por el hoy Presidente de la República durante la campaña electoral de 2022 fue la lentitud en la implementación del acuerdo de paz por parte de la administración Duque, señalamiento que esta última replicó en repetidas ocasiones.

Sin embargo, pasado ya un tercio del gobierno Petro las alertas en torno a que el ritmo de implementación de pacto firmado en 2016 −que tiene rango constitucional− se están multiplicando en los últimos meses. Tanto los entes de control como la academia e incluso la propia Misión de la ONU que verifica el cumplimiento del acuerdo han lanzado alertas al respecto.

Hasta el propio Ejecutivo ha admitido problemas de distinta índole, desde presupuestales hasta falencias normativas y de capacidad institucional. Esto le ha generado múltiples críticas, no solo por parte de los sectores de la oposición, sino también en la propia centroizquierda, en donde consideran que ha faltado una mayor voluntad política y priorización para acelerar los programas y proyectos, sobre todo en temas muy complejos como el de entrega de más de tres millones de hectáreas en las zonas que fueron más afectadas por el conflicto.

El último campanazo lo dio la Procuraduría General, según la cual en la implementación persiste la baja ejecución de recursos asociados a los compromisos en materia de género, así como se sigue registrando un alto riesgo para el ejercicio de los liderazgos de las defensoras de derechos humanos en los territorios. De acuerdo al Ministerio Público, en su Quinto Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz, radicado ante el Congreso, hay flancos muy atrasados. Por ejemplo, en lo relacionado con el punto 1 del pacto, relacionado con la Reforma Rural Integral, solo se ha cumplido el 0,65% de la meta de adjudicación planteada en tres millones de hectáreas. También se detectó la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del Presupuesto General de la Nación del año pasado, destinados a ese mismo punto.

La Procuraduría también encontró falencias billonarias en cuanto a proyectos de inversión, el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, atención en salud a desmovilizados, así como en condiciones de seguridad. Igualmente, solo el 1% de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito han completado la ruta de atención, y solo un 2,4% tienen comprometida la totalidad de los 19 millones de pesos destinados para el desarrollo de sus proyectos productivos.

Frente a todo ello hay una lección que sacar: siempre es más fácil criticar desde la oposición que ejecutar desde el Gobierno.