*Urge cerrar el negro capítulo del DAS
*¿Y la Agencia Nacional de Inteligencia?
LA condena de 24 años de cárcel al ex director del DAS, Jorge Noguera, no hizo más que confirmar lo que ya las confesiones de otros ex altos cargos de la institución, ex cabecillas de las autodefensas y pesquisas de las propias autoridades tenían muy esclarecido: que el organismo de seguridad que depende directamente de la Presidencia de la República terminó años atrás siendo infiltrado por los grupos paramilitares, y que en desarrollo de esa connivencia criminal se llevaron a cabo graves delitos, incluyendo hasta el de homicidio. Se trata, en consecuencia, de uno de los capítulos más negros y vergonzosos de la historia de las instituciones colombianas, más aún si se agrega que también fue desde el DAS que se orquestó lo que la Fiscalía no dudó en calificar como “empresa criminal” para espiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y dirigentes de la oposición al anterior gobierno, caso por el cual Noguera sigue investigado al igual que varios de quienes lo sucedieron en el cargo, y por el que también gran parte de la cúpula del organismo terminó condenada. Incluso el escándalo tocó las puertas de la Casa de Nariño, al punto que el ex secretario general de la Presidencia fue destituido por la Procuraduría y afronta un proceso penal paralelo, en tanto que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes instruye preliminarmente un proceso contra el ex presidente de la República.
Es claro que el DAS debe desaparecer y dar paso a una nueva institución, que no sólo esté blindada frente a este tipo de infiltración criminal y desviación delictuosa de su función, sino que se enfoque primordialmente en temas relacionados con seguridad nacional, Inteligencia y Contrainteligencia estratégica. Tareas de protección a personajes y aquellas operaciones de tipo más táctico, criminalístico y de policía judicial tienen que ser asumidas por otras entidades como la Fiscalía o la misma Policía. Obviamente tiene que mantener el control de lo relativo a extranjería, pues esta función es connatural a la salvaguarda soberana. Ya la Interpol quedó en cabeza de la Policía y la expedición del certificado de antecedentes judiciales tampoco deberá ser tarea de la nueva Agencia. Hay un debate en torno de la facultad para interceptar comunicaciones. Aunque es apenas obvio que exista prevención después de lo ocurrido con las chuzadas, lo cierto es que difícilmente se pueden adelantar labores de Inteligencia y Contrainteligencia sin dicha herramienta. Prácticamente no hay agencia de seguridad en el mundo a la que sea vetado este mecanismo. Otra cosa es que en Colombia los controles para autorizarlas y adelantarlas se tengan que extremar al máximo y siempre con previa orden judicial y vigilancia en tiempo real de organismos como la Procuraduría. Igual discusión se ha dado respecto de la dependencia directa entre la Agencia y la cabeza del Poder Ejecutivo. Ese es un lazo institucional que existe en casi todos los países por tratarse, precisamente, de temas de seguridad nacional y estratégica.
Pese a que fue anunciado desde 2009, el proceso para la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia no ha avanzado con la celeridad que se requería, sobre todo por la gravedad de los escándalos advertidos. Sin embargo, vigente ya la ley que faculta al Presidente de la República para liquidar, reformar y crear entidades, es inminente la expedición de los decretos que estructuran el nuevo organismo de seguridad. Es más, la Casa de Nariño anunció días atrás que el director será el ex comandante de la Armada, almirante Álvaro Echandía.
Punto clave en todo este proceso será que el Congreso vuelva a expedir la Ley General de Inteligencia, que debe servir de marco regulatorio a la debutante Agencia.