- Institucionalidad colombiana se respeta
- Debe revelar todo el entramado de coimas
La afirmación de una vocera de la multinacional brasileña Odebrecht en torno a que esa compañía, pese a estar inmersa en la estrategia de sobornos más grave de las últimas décadas en Colombia, no tiene ningún impedimento para seguir trabajando y contratando en nuestro país, generó ayer una ola de protestas e indignación a nivel nacional. Una reacción más que justificada ya que si algo ha quedado claro en las pesquisas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría generales, así como en las primeras sentencias condenatorias sobre el caso, es que lo admitido inicialmente por ese consorcio sobre el monto y la extensión de las coimas dadas en Colombia para quedarse con contratos de obras públicas en los últimos dos gobiernos, fue infinitamente inferior a lo que se ha podido comprobar por las autoridades nacionales.
Es más, contrario a lo que la vocera de la cuestionada multinacional afirmara en torno a que han prestado toda la colaboración en nuestro país para develar quiénes fueron sus cómplices en las entidades públicas y privadas, lo que se sabe es que los jueces y fiscales colombianos han tenido problemas para acceder a las confesiones y pruebas documentales que tiene la justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht en nuestra nación. Barreras, al parecer, motivadas porque las autoridades locales no solo han profundizado sus investigaciones y descubierto más flancos sobre el universo delictivo de las coimas a lo largo de una década sino que, además, se han negado a firmar un acuerdo judicial que prácticamente exonere a los altos funcionarios brasileños que participaron de todo este concierto para delinquir en el que dineros de ese polémico consorcio llegaron a manos de altos funcionarios públicos, empresarios privados y hasta campañas presidenciales y al Congreso. No se puede olvidar que el acuerdo inicial de la multinacional giraba alrededor de reconocer un monto de once millones de dólares pero solo en el primer tramo de las indagaciones de la Fiscalía, con sus propios recursos humanos y técnicos, el monto de los sobornos ya sobrepasaba los 30 millones de dólares.
A ello hay que sumar que la propia Procuraduría General advierte que de este escándalo en nuestro país apenas si se conoce hoy el 25 por ciento de los ilícitos, evidenciando que el andamiaje criminal montado fue muy superior al que admitió Odebrecht inicialmente, cuando firmó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza, y se comprometió a colaborar -so pena de perder los beneficios de dicho pacto- con todos los países suramericanos y africanos en donde activó una estrategia sistemática y deliberada de coimas al más alto nivel.
Es claro, entonces, que la versión en torno a que Odebrecht no tiene impedimento alguno para trabajar y contratar en Colombia no solo no corresponde a la verdad sino que, incluso, significa un desafío al Estado de Derecho y el aparato judicial local. Es más, no se puede olvidar que la multinacional, por intermedio de una filial suya en España, llegó al extremo de demandar a nuestra Nación por 3,8 billones de pesos alegando que sufrió detrimento patrimonial al ser excluida de la concesión Ruta del Sol, tramo II, la misma por la que se habrían pagado millonarios sobornos a altos funcionarios para hacerse al contrato.
En Colombia, a diferencia de otros países, no se ha tomado la decisión unilateral y discrecionalmente política de expulsar a Odebrecht ipso facto. Somos un Estado de Derecho y hay formalidades jurídicas y contractuales que cumplir. Pero ello no significa en modo alguno que la cuestionada multinacional vaya a salir impune de todo este escándalo y ahora venga a dar lecciones de ética a las autoridades y empresariado local. Y menos aún es lejanamente viable que pueda participar en la construcción del Metro de Bogotá o alguna otra megaobra. Es más, sería oportuno acoger la propuesta del Procurador General en torno a crear una “comisión de la verdad” en donde el desprestigiado consorcio revele sin tapujos el cómo, cuándo, dónde, a quién y para qué de las coimas que entregó en nuestro país. Cuando ello ocurra, los responsables sean condenados y las reparaciones al patrimonio de los colombianos sufragadas, se podría evaluar si se llega a un acuerdo que permita a la multinacional volver a contratar aquí. No hay que olvidar, de paso, que en el Congreso, en el marco del paquete de proyectos anticorrupción, ya cursa una iniciativa para prohibir a cualquier compañía nacional o extranjera involucrada en estos delitos volver a negociar con el Estado.
Claro que Odebrecht tiene el derecho a recomponer su camino. Pero debe hacerlo reconociendo todas sus culpas y reparando el daño causado. La institucionalidad colombiana debe respetarse. Considerar que todo el escándalo se supera con un arreglo parcial y con amplios márgenes de impunidad es inaceptable.