Una de las denuncias más reiteradas en lo que va corrido de este año se refiere a las actuaciones de la guerrilla del Eln y los grupos residuales de las Farc en cuanto a que instalan ‘retenes’ viales, carnetizan la población de algunos municipios en donde delinquen, imponen códigos de conducta a los habitantes de áreas rurales y han llegado al extremo de ingresar a los cascos urbanos con actitudes desafiantes frente a la Policía e incluso las Fuerzas Militares.

Como se sabe, estas situaciones, que lesionan de forma grave la legitimidad e institucionalidad del Estado, se han multiplicado a partir de la vigencia de los acuerdos de cese el fuego que el Gobierno firmó con estos grupos armados ilegales.

La situación es tan grave que, incluso, el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, urgió esta semana a los mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego pactados en cada una de las mesas de negociación que actúen con mayor diligencia para investigar las violaciones cometidas por frentes y cuadrillas de estos grupos irregulares.

Lamentablemente la solicitud del titular de la cartera castrense parece que cayó en terreno infértil, pues no recibió una respuesta oficial del alto comisionado para la Paz, como tampoco de los jefes negociadores gubernamentales en las respectivas mesas.

Pareciera que el Ejecutivo desconoce, de forma por demás preocupante, que los abusos en que están incurriendo los grupos armados ilegales aumentan las reservas y la desconfianza pública frente a estos diálogos de paz.

Se está esperando, de igual manera, que la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, que hace parte del mecanismo de monitoreo al proceso con el Eln, sea más eficiente en su labor de investigar los incumplimientos por parte del grupo subversivo al cese el fuego. Esta falencia ha sido señalada, incluso, por miembros de la mesa gubernamental de negociación.

Otro factor de alerta es que las violaciones a los acuerdos de cese el fuego están llevando a que en algunas regiones se estén rearmando otros grupos delincuenciales con el fin de plantear un pulso violento de ‘control territorial’ tanto al Eln como a los grupos residuales de las Farc, sobre todo en lo relacionado con el dominio del negocio del narcotráfico, minería criminal, contrabando de combustibles y madera, así como el resto del espectro delictivo a nivel regional y local.

Esos enfrentamientos, a su vez, son la principal causa de la escalada de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, así como de masacres, desplazamientos forzados y otros casos de grave victimización de la población civil.