Lunes, Septiembre 06, 2010

Opinion

Una ley reciente los castiga

Autor: JUAN DANIEL JARAMILLO ORTIZ

CUANDO  la tragedia de Doncello les recuerda con pena al país y a la comunidad internacional el sacrificio continuo de la policía colombiana, la lectura de una ley -la 1405 de julio 28 de 2010- provoca un sentimiento similar: dolor.
Esta ley, expedida 10 días antes de terminar la administración Uribe, reforma, entre otras, normas del Decreto 1791 del 2000 por el cual se modifican normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional. 
Así, en el nivel de dirección, se agrega para la Policía el grado de Teniente General, que es el homólogo de los escalafones de Teniente General del Aire en la Fuerza Aérea, de Almirante de Escuadra en la Armada y de Teniente General del Ejército. En el nivel de suboficiales, a su turno, se crean en el Ejército los grados de Sargento Mayor de Comando y Sargento Mayor de Comando Conjunto.  En la Armada, los grados de Suboficial Jefe de Comando y Suboficial Jefe de Comando Conjunto. En la Fuerza Aérea, los grados de Técnico Jefe y de Comando y Técnico Jefe de Comando.
El nivel de suboficiales de la Policía Nacional -esto es la carne de cañón de los terroristas de las Farc- que son los cabos segundos y primeros, sargentos primeros y segundos, sargentos mayores y sargentos primeros se hacen a un lado en la Ley 1405  de 2010.  No existen en la Policía Nacional comandos conjuntos pero sí direcciones y la administración Uribe ha debido, en observancia de principios elementales de equidad y justicia, establecer para la institución policial los grados de Sargento Mayor de Comando, Sargento Mayor de Dirección, Comisario de Comando y Comisario de Dirección.
Las Fuerzas Militares están constituidas en nuestro país por tres componentes que son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La Policía, como sabemos, se encuentra adscrita al Ministerio de la Defensa pero no al Comando General de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en su tratamiento y gestión administrativa se ha procurado mantener un equilibrio escrupuloso entre las cuatro instituciones.
La Ley 1405 margina y discrimina a una fuerza que se ha convertido no sólo en elemento esencial en la defensa de las instituciones sino en su escudo único en poblaciones olvidadas del territorio. En Doncello, Toribío, El Difícil. Donde quiera el azote infame del terrorismo busca golpear y asesinar a la población civil.
El Estado debe mantener y estimular a mujeres y hombres con trayectoria y experiencia, curtidos por décadas en la salvaguarda de la institucionalidad. La Ley 1405 olvidó cruelmente a los suboficiales de nuestra Policía.  La nueva ley tiene desde luego un impacto presupuestal porque vienen incrementos en salario básico, primas y prestaciones sociales. Se asumió el esfuerzo económico en postrimerías del anterior gobierno pero todo indica que a última hora se resolvió recurrir a ahorros ruinosos y la carga se les trasladó a los suboficiales de la Policía.
A quienes, como en Doncello, vienen defendiendo con su vida a Colombia de los aletazos de esa bestia herida de muerte que es la guerrilla de las Farc. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y desde luego el presidente Santos entienden que la Ley 1405 debe ser adicionada o reformada. No caben excusas.
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Las fuerzas del poder

Autor: JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA

PONER  los elementos sobre la mesa es un buen comienzo para entender cómo encajan las piezas de una actividad productiva, su funcionamiento y las relaciones e intereses de los actores que intervienen en dicha actividad.
Se trata, a la final, de entender su estructura para optimizar los recursos de una economía. Me atrevería a decir que la nueva administración gubernamental, por el talante que ya la caracteriza, abordaría de esta manera el análisis de la producción, transformación y comercialización de la leche en Colombia.
En Colombia existen cerca de 500 mil predios en donde se produce carne y leche. El 46% de estos predios (231.000) contiene menos de 10 bovinos; y el 22% (109.000 predios) entre 11 y 25 animales. Estos dos grupos constituyen una importante economía campesina de pequeños ganaderos dedicados a lo que se denomina el doble propósito (lo cual no significa que otros grupos no tengan la misma orientación de la producción), es decir, a la producción de carne y leche generalmente con animales comerciales (no de raza). Y lo hacen así porque la leche les sirve de sustento e ingreso diario y la carne como un producto de renovación de su capital. Su producción puede estar en promedio en 3 litros de leche al día por vaca, cuyo precio está por fuera del mínimo establecido por el Gobierno, oscilando entre 400 y 600 pesos por litro.
Cerrando el grupo de pequeños ganaderos está el segmento de los que tienen entre 26 y 50 animales (el 13.3% de los predios). Este segmento puede alcanzar a tener 15 vacas en producción/día, con capacidad de ordeño superior a 60 litros, lo cual le genera ingresos de $ 1.400.000/mes, que no dejan libre un salario mínimo.
Esa es la condición económica de 406.000 ganaderos y de sus familias. Tienen limitaciones para absorber tecnologías y sus costos gran peso. Conforman el 81% de los productores, sin capacidad de negociación y deben enfrentar dos fuertes compradores: el acopiador-procesador y el acopiador informal o crudero. Desde luego que existen productores de leche con ganaderías especializadas, quienes han realizado inversiones en infraestructura, en bienes de capital en donde se incluye la vaca de raza, y en tanques de enfriamiento, con importantes volúmenes de producción. Aquí ya se les reconoce la calidad de la leche y por tanto, pagos con bonificaciones y dentro de las normas legales, aunque los compradores han afinado los instrumentos para evadirlas.
Todos estos ganaderos producen al año alrededor de 6.440 millones de litros de leche (2009). Una cantidad suficiente para abastecer, teóricamente, a la población colombiana con un buen nivel de consumo por persona de 139 litros al año, cuando el requerimiento señalado por la FAO se ubica en 170 litros.
En el eslabón siguiente encontramos al segmento acopiador formal -que en general procesa la leche- y al acopiador informal. El procesador industrial adquiere menos de la mitad de la producción nacional (aproximadamente 3.000 millones de litros al año) que utiliza para producir las diferentes clases de leche y los derivados lácteos (yogures, quesos, etc.). Si bien el número de empresas transformadoras es importante, su estructura opera como un oligopolio, pues las 5 más grandes empresas procesadoras concentran poco más del 55% del acopio formal, y las 25 más importantes, el 79%. Este elevado nivel de concentración en el acopio de leche fresca les otorga alto poder de negociación.
Desde el punto de vista productivo, disponen de una capacidad instalada de acopio de 15.5 millones de litros/día, que utilizan al 51%, y de capacidad de procesamiento de 13.3 millones de lts/día que utilizan al 60%. El segmento informal, por su parte, comercializa el 43% de la producción (2.827 millones de litros, 2009), lo cual lo relega a jugar un papel de amortiguador de la oferta de leche y, por tanto, de sus precios.
Paralelamente inciden en la oferta de leche, las importaciones de leche en polvo que, una vez reconvertidas, aumentan la oferta de leche líquida, y los lactosueros, sobre los cuales comentaré más adelante.
Hasta aquí, estos elementos conforman una estructura productiva de la cadena, que se caracteriza por dos aspectos. De una parte, mucha leche y poca industrialización, y de otra, por la existencia de muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales). Esto configura unas fuerzas de poder en la cadena láctea, que indefectiblemente obran en contra del productor de leche. Gajes de la asimetría con la que se recibe la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio.

   

Es la prevención, estúpido

Autor: MARÍA ANDREA NIETO ROMERO

ES  difícil no escandalizarse con las noticias que la semana anterior salieron a flote por cuenta de los delitos cometidos por menores de edad. Desde simples robos, hasta violaciones y asesinatos. Lo obvio es defender la tesis de aumentar los años en la cárcel que deben pagar estos jóvenes, para que respondan como adultos por crímenes graves.
Y en parte tienen razón. Un criminal independientemente de la edad, debe pagar en proporción con el daño que causó. Eso, además, debería aplicarse a los delitos perpetrados por adultos.
Sin embargo, el problema es mucho más de fondo. ¿Qué tiene o qué no tiene un adolescente para atacar, violar y asesinar a una bebé de 2 años? ¿No debería ser ese el debate  principal? La realidad es que hay una olla podrida cocinándose desde hace años y que hoy se presenta con noticias espeluznantes sobre el grado de criminalidad de un sector importante de la juventud colombiana.
Juventud que en gran parte se encuentra en estratos 0, 1 y 2 y que está expuesta a sinnúmero de peligros por ausencia y abandono de sus padres. Es irritante que les pregunten sobre el tema a los mismos tres políticos y abogados, que defienden en su gran mayoría la idea del aumento de penas, pero que se quedan cortos en asunto tan importante como la prevención.
Prevención significa entre otras cosas comprender la genealogía del conflicto individual y colectivo, y aceptar que en Colombia uno de cada dos niños que nacen, no son deseados y que por lo tanto los problemas comienzan desde la gestación. Cuando un niño de 13 años (o la edad que sea) asesina a alguien implica que él mismo está muerto por dentro y su manifestación de odio y dolor, la hace a través del sacrificio de otro, en venganza de su propio mal. Eso implica que durante 13 años ha sido maltratado, abandonado, burlado, golpeado, seguramente violado y en consecuencia no hay nada en él positivo. No lo defiendo, pero lo entiendo. Los que legislan y los que informan se quedan en la superficie, sin darse cuenta de que el problema es más de fondo y que la solución, es decir, la prevención, toma tiempo y demanda recursos físicos y económicos, que los políticos no están dispuestos a sacrificar a favor de los niños y sus familias, sin entender que los niños malheridos luego se transforman en adultos despiadados y que en términos fiscales son mucho más costosos que aquellos seres que logran crianzas más equilibradas y por ende se convierten en personas productivas para la sociedad. Por todo esto la solución no está en los años de cárcel, sino en la prevención.

   

La humanización de los animales

Autor: CARLOS ALFONSO VELÁSQUEZ

A  raíz de los debates alrededor de la sentencia de la Corte Constitucional sobre las corridas de toros y otros eventos, vale la pena reflexionar un poco en la tendencia observable en no pocas personas a humanizar los animales.
Una de las últimas noticias al respecto fue, según Reuters, una encuesta realizada en febrero de este año a 24.000 personas de 23 países en la que se constató la preferencia de una mascota a una pareja así: para los menores de 35 años, cerca de un 25% optaba por su mascota en vez de por su pareja, en comparación con el 18% de los de entre 35 y 54 años, y el 14% de los de más de 55 años.
Poco antes el periódico británico Telegraph informaba sobre la vuelta de una antigua práctica pagana: la de los propietarios de mascotas enterrados con sus animales. El artículo citaba a Penny Lally, a cargo de un lugar de enterramientos declarando que había enterrado a más de 300 propietarios junto a sus animales desde que comenzó a permitir los enterramientos comunes en el 2003, y que tenía más de 120 reservas. En otro artículo el Chicago Tribune citaba a Michael Schaffer, autor del libro One Nation Under Dog, afirmando haber observado cómo los mensajes en los epitafios de las mascotas han evolucionado reflejando cuánta gente ha hecho de sus mascotas “miembros de hecho y de derecho de sus familias”.
Y no son sólo sentimientos. Cada vez hay más gente dispuesta a gastar ingentes sumas de dinero en sus mascotas. El mismo periódico informó que el gasto en esa industria crecería el 4,9% en el 2010, hasta llegar a USD$ 47.740 millones. El presidente de una asociación de la industria de mascotas comentaba que “debido a la humanización de las mascotas, la diferencia de calidad entre los seres humanos y sus compañeros mascotas está desapareciendo rápidamente en todas las categorías, desde la alimentación y la ropa hasta los cuidados y servicios médicos”.
No cuento con datos de la industria de mascotas en Colombia pero sí he observado indicios de la misma tendencia antes descrita. Es más, algunos defensores de animales, sin mayor reflexión, proponen conceder a éstos el estatus de persona. Lo que conduciría a que si los animales se vuelven personas, las personas humanas se vuelven animales. Restringir la categoría de persona a los humanos es una base esencial para fomentar un mayor respeto por la vida humana. Si no, por ejemplo, la justificación del aborto negando el reconocimiento de personas a los bebés no nacidos, tiene el camino despejado.
Una de las tendencias más notorias de la sociedad contemporánea es cómo el perder de vista a Dios ha llevado a una mentalidad que también pierde de vista la dignidad de la persona humana. Hay así una conexión entre la falta de respeto por la vida humana, vista cada vez más a través de una perspectiva utilitaria, y la humanización de los animales.

   

El problema de la tierra

Autor: ALBERTO ABELLO

NO  pretendo abarcar un problema tan complejo como el agrario en un artículo, sería absurdo. La propiedad de la tierra ha sido motivo en casi todas las sociedades de grandes debates y luchas. El problema en Colombia no fue de falta de tierra, la tierra sobraba en grandes zonas durante la Colonia, en el siglo XIX y principios del XX, aún tenemos enormes territorios sin explotar o mal explotados, cubiertos por espesas selvas. Las dificultades se presentan por el aspecto tropical, los cambios climáticos, problemas del agua y de tecnología. Las grandes distancias para movilizar productos e insumos en un país tan extenso y cuyo desarrollo se concentra cerca de tres cordilleras, lo que deja más de medio país por fuera. En esas zonas de la periferia se han instalado la violencia y los cultivos clandestinos, que han provocado una serie de problemas ambientales novedosos y graves.
Tenemos regiones de ancestral organización minifundista de la tierra como Nariño donde la violencia por cuenta de las Farc azota el Departamento, se dan tierras pacificadas en donde prevalece el cultivo de la palma africana en las que lógicamente prosperan  grandes haciendas e ingenios para esa operación que requiere tecnología y mano de obra calificada. En las zonas de la palma se presentaron hechos de violencia de antaño como en San Alberto que se  han logrado controlar parcialmente. Existen contrastes como los ingenios azucareros del Valle del Cauca  en los cuales el trato a los trabajadores semeja la explotación infrahumana de la Edad Media, donde sobreviven mal pagos, enfermos, hambrientos y hacinados peor que los esclavos. Por fortuna, semejante injusticia no prospera entre los cultivadores tradicionales de caña del Valle  ajenos a esos abusos y pioneros en ofrecer la mejor calidad de vida en sus empresas.
El gremio de los cafeteros se destaca en el tiempo por estar en manos de pequeños y medianos productores, a la inversa del Brasil donde la producción cafetera cuenta con gigantescos latifundios. Despotricar de los cafeteros como grandes latifundistas sin escrúpulos es demagogia barata; es un sector de la producción que se comprometió con el país por mejorar la situación económica y social de los pequeños caficultores, lo que se combinaba en su tiempo con el apoyo crediticio de la Caja Agraria. Los cafeteros han sido un modelo gremial exitoso de prestigio internacional.
El Partido Conservador debe ser el primero en interesarse en solucionar el problema agrario en el país, en apoyar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus empeños por aplicar una sabía política de tierras. Nadie mejor que el ministro Juan Camilo Restrepo para orientar esos grandes cambios, por su conocimiento, prudencia y talento. Tenemos una bancada de  congresistas unida, experimentada, preparada y con vocación de servicio. Esa bancada conservadora debe actuar con patriotismo y apoyar las reformas, medir su impacto y cuando sea necesario advertir de los peligros y efectos negativos. No podemos caer es en la insensatez de renunciar a la agroindustria ni las grandes empresas agrarias, como quieren  demagogos y  elementos descriteriados.

   

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