EL NUEVO SIGLO: Terminado ya el proceso de elección de fiscal general de la Nación, ¿qué lecciones le quedan a la Corte Suprema de Justicia de un proceso tan accidentado y blanco de presiones y asedios sin antecedentes?
GERSON CHAVERRA CASTRO: La lección no tanto fue para la Corte Suprema de Justicia, ya que siempre ha sido muy consciente y coherente con sus competencias y con la responsabilidad que tiene en el marco de las funciones electorales que le ha diseñado la Constitución Política.
La lección es para el país, y es que la Corte Suprema de Justicia es una institución democrática y centenaria, que en sus tiempos y a partir de los procesos reflexivos, de maduración y progresivos, sin afectación de la autonomía y la independencia judicial, siempre va a dar la respuesta efectiva en relación con las decisiones, bien sean en el ámbito judicial o bien sean frente a las funciones electorales, va a cumplirle al país, como en efecto en este caso cumplió.
De manera que son inadmisibles y se rechazan con toda verticalidad todo tipo de injerencias y presiones que pretendan presionar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte en este proceso, primero, considera que no hubo demora absolutamente, porque en el momento en que la Corte elige a la doctora Luz Adriana Camargo había pasado solo un mes desde cuando el doctor Francisco Barbosa dejó la Fiscalía General de la Nación.
Eso lo que está evidenciando es que en un plazo razonable adoptó la decisión correspondiente.
Segundo, la Corte está convencida de que la decisión adoptada frente a la renuncia que presentó la doctora Amelia Pérez, consistente en que eso no impedía continuar con el proceso de elección, es una decisión completamente ajustada a derecho.
ENS: Una de las principales preguntas que se hace el país es si está garantizada la autonomía e independencia de la Fiscalía a partir de la elección que hizo la Corte esta semana…
GChC: La Corte en ese aspecto está absolutamente tranquila. Está segura de que con la elección de la doctora Luz Adriana Camargo Garzón está garantizada la separación de poderes, la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación, porque durante todo este proceso adelantado la Corte pudo constatar que la fiscal elegida es una profesional del Derecho con criterio de autonomía e independencia.
Lo expuso durante el discurso en la audiencia pública que rindió ante el país y ante la Corte cuando ella expresó que sería una fiscal comprometida con la administración de justicia, con su independencia y con su imparcialidad.
Con razón de ello y sumado que ella tiene una gran trayectoria en el desempeño de la actividad judicial, es decir, tiene piel de juez, visión de juez y en virtud de ello, sabemos que tiene criterio de autonomía e independencia.
ENS: Después de lo que ocurrió con algunos de los pronunciamientos del Gobierno y del propio presidente, ¿cómo quedan hoy las relaciones institucionales entre el máximo tribunal jurisdiccional de Colombia y la Presidencia de la República?
GChC: Terminado este proceso donde el presidente de la República cumplió con su mandato constitucional de presentar la terna y la Corte cumplió con el deber constitucional de elegir de la terna presentada por el presidente de la República, puedo indicarles, como presidente de la Corte, que las relaciones con el Gobierno son cordiales, armónicas y de buen entendimiento.
Con ello, estamos cumpliendo con el mandato constitucional que establece que los poderes públicos son autónomos e independientes, pero deben colaborarse para el cumplimiento adecuado de los fines de Estado.
ENS: En un país que lamentablemente está tan polarizado en muchos aspectos, ¿cómo recibió la Corte el apoyo casi unánime del país ante el evento de asedio que sufrió en el marco de la elección de la fiscal?
GChC: Ese respaldo fue muy importante, no solo para la Corte, sino para toda la Rama Judicial del Poder Público, porque ello muestra que la institucionalidad colombiana y el pueblo colombiano reconocen a la Corte como baluarte de la democracia.
En la medida en que la sociedad rechazó manifestaciones, presión y asedio contra la Corte Suprema de Justicia, eso quiere decir que el aparato de justicia tiene un gran respaldo a nivel social.
Ese respaldo y esa legitimidad social son muy importantes en la medida en que se reconoce a la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y como bastión de la democracia colombiana.
¿Cambiar esquema de elección?
ENS: En el marco de todo este proceso hubo múltiples análisis y reflexiones. Una de ellas se refería a si era necesario cambiar el esquema para la elección del fiscal, optando por otro sistema en donde fueran las mismas altas cortes las que, por cooptación, eligieran sin intervención del Poder Ejecutivo o el Legislativo. ¿Cree que deba cambiarse el sistema?
GChC: En un Estado democrático como lo es Colombia siempre son bienvenidas ese tipo de deliberaciones sobre las competencias y arquitectura institucional.
El debate en un país democrático está abierto, pero lo que sí debe quedar claro es que nunca el debate puede hacerse a partir de considerar que la Corte Suprema de Justicia, a partir de la función que le dio la Constitución de 1991, en el sentido de elegir fiscal general de terna que presente el señor presidente de la República, no haya cumplido con su deber constitucional.
Serán otros factores los que generen el debate, pero nunca será motivo o razón para generar este debate el incumplimiento de la Corte Suprema de Justicia en su función de elegir fiscal general de la Nación, pues históricamente siempre se ha cumplido con ese deber en los tiempos que la Corte ha requerido para adelantar un proceso reflexivo y responsable que es el que implica elegir un fiscal de Estado.
Por ello, en el marco de esta competencia, deben garantizarse siempre las condiciones para que la Corte, en sus tiempos, actúe en libertad y bajo independencia y autonomía.
ENS: Otro de los debates de la semana se refiere a qué tan blindada está la elección tras la renuncia a última hora de una de las ternadas. ¿No hay temor de que una eventual demanda termine por echar abajo todo el proceso?
GChC: La postura de la Corte quedó expuesta en nuestra sesión de sala plena extraordinaria del martes. Frente a la renuncia de la doctora Amelia Pérez, la Corte respeta el punto de vista de ella. El tema de la renuncia corresponde a una decisión personal, a su fuero interno.
Lo que la Corte analiza son las consecuencias de esa renuncia. Frente a ese hecho, llegó la Corte a la conclusión que la renuncia de la doctora Amelia no generaba invalidación de la terna presentada, no le quitaba validez y solidez jurídica.
Primero, porque es una renuncia que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia y nosotros no tenemos competencia para emitir un pronunciamiento sobre la renuncia de una terna porque quien la conforma es el presidente de la República.
Segundo, ya en el estado actual en que se encontraba el proceso de elección, donde la terna había sido sometida a votación en cuatro sesiones extraordinarias, esa presentación de la renuncia en este momento no desintegraba la terna. Por tanto, la Corte considera que, para efectos de la competencia de la corporación, la presentación de esa renuncia es inane, en cuanto que puede la Corte continuar con su proceso y de esa terna elegir. A tal punto que en la deliberación se puso de presente que, incluso, si se votara por la doctora Amelia y ella terminara elegida, la decisión que ella debería adoptar en ese momento era no aceptar el cargo. Es más, tanta validez y viabilidad jurídica tenía la terna, no obstante esa renuncia, que fueron sometidos a consideración y a votación los tres nombres, y en el marco de esa votación la doctora Amelia Pérez obtuvo votos.
Política criminal
ENS: En la academia y en muchas otras instancias se dijo que lamentablemente el proceso de elección terminó en un debate político y casi que politizado, pero que la política criminal del Estado, cuyo instrumentadora principal es la Fiscalía General, quedó como en un segundo plano. ¿Usted qué cree?
GChC: No solo en el marco de la entrevista pública que rindieron las candidatas ellas pusieron de presente cuáles serían sus líneas de acción en punto de la política criminal del Estado y cómo hacer una Fiscalía más eficiente, más robusta y que garantice el acceso con mayor rapidez de las víctimas de los delitos; una Fiscalía que reduzca los términos de demora de los procesos penales, y las candidatas presentaron propuestas relacionados con ese tema.
También presentaron propuestas relacionadas con cómo disminuir la gran impunidad que en materia criminal es evidente. Eso fueron aspectos tenidos en cuenta por la Corte para la elección, porque el diseño de la política criminal del Estado, en el marco de la arquitectura colombiana, se elabora a partir de aportes, tanto de la Fiscalía General de la Nación, como del Gobierno nacional, Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura.
Como se recordará, nosotros como Corte Suprema de Justicia, concretamente la Sala de Casación Penal, hacemos parte del Consejo Nacional de Política Criminal donde, bajo la dirección del Ministerio de Justicia, siempre se hacen análisis relacionados con proyectos de ley que tocan con la política criminal del Estado.
Para nosotros fue muy importante ese diseño presentado por las candidatas, relacionados como un rediseño de una política criminal que realmente responda de manera efectiva a la demanda de justicia en materia penal en Colombia.
Fracaso de Plan Decenal
ENS: En la semana en que la Corte concreta la elección de la fiscal general de la Nación, también se conoce un informe de la Contraloría General en donde advierte que el Plan Decenal de Justicia formulado en 2017 fracasó y que eso se evidencia en el aumento de la morosidad y congestión judiciales. ¿Cómo recibe este informe?
GChC: No conozco en concreto los fundamentos del informe. Lo que puedo indicar es que el Consejo Superior de la Judicatura ha venido haciendo avances importantes para reducir los niveles de congestión judicial.
Esos avances importantes pasan por la creación de nuevos despachos judiciales por cuanto se ha advertido que la demanda de justicia es muy superior a la capacidad humana de jueces y empleados.
En ese punto me parece que hay un aporte importante del Consejo Superior de la Judicatura en punto a lograr la reducción de la gran congestión. Además, hay otros aspectos que son estructurales y generan esa gran congestión y es que el mal funcionamiento de los organismos del Estado genera una gran conflictividad, ya que la sociedad les ha trasladado a los jueces la carga de poner a funcionar al Estado ante sus fallas y ante sus deficiencias. Eso también genera una gran congestión judicial.
Además, tenemos que generar una revolución a nivel, y eso requiere una reforma legislativa en la que la Corte Suprema de Justicia está comprometida participando en la comisión coordinada por el ministro de Justicia.
Necesitamos una revolución, una reformas a nivel de los códigos de procedimiento Penal, códigos de procedimientos Civil y Código Laboral, tendiente a tener sistemas procesales más rápidos, más ágiles, donde se potencialicen los mecanismos alternativos de solución de conflicto, llámese conciliación, llámese mediación; o en materia penal, potencializar el principio de oportunidad, las negociaciones, los allanamientos, para que con ello, a través de esas alternativas que permiten una terminación abreviada anticipada de los procesos, se pueda también reducir en gran medida la gran congestión judicial.
O sea que esto es una articulación que nos compete a varias instancias y que pasa por la adopción de varias medidas; por ello, sin conocer el informe de la Contraloría sobre el fracaso del Plan Decenal de Justicia, debo decirle que ha habido esfuerzos importantes por parte del Consejo Superior de la Judicatura en aras de solucionar esos problemas estructurales.
¿Reforma a la justicia?
ENS: ¿En el marco de los análisis que se han hecho en la comisión para reforma a la justicia, que lidera el Gobierno, se ha hablado de algún aspecto para cambiar la elección de fiscal, de las facultades electorales de las altas cortes o del mismo sistema de gobierno o estructura de gobierno de la Rama Judicial?
GChC: Ese tema todavía no ha sido puesto en cuestión y en debate de manera concreta y puntual a nivel de la comisión de reforma a la justicia.
Hasta ahora se han creado unas subcomisiones que se han dividido, una subcomisión para temas que requieren reforma constitucional, para reformas legales en el tema criminal y de procedimiento penal, subcomisiones para temas relacionados con el esquema procesal laboral y el esquema procesal civil, subcomisiones para el tema de justicia incluyente, etcétera.
Esas comisiones empezaron a trabajar este martes sobre esos temas, pero sobre el particular y en concreto que ya haya existido un debate, aún no se ha dado al interior de la comisión.
ENS: Para el ciudadano de a pie, ¿qué mensaje le manda la Corte a esa persona que no entiende de temas políticos ni de grandes cuestiones de poderes, pero que sí dice: ‘yo lo que quiero es una fiscal o una Fiscalía que me resuelva mi problema’?
GCHC: Un mensaje de esperanza y de confianza, de creer en las instituciones judiciales y de creer en el aparato de justicia. Estamos comprometidos tanto la Corte Suprema como la Fiscalía General de la Nación, ahora en cabeza de la doctora Adriana Camargo, en mejorar el acceso a la administración de justicia.
Que en las veredas, que en los municipios apartados cuenten con jueces y fiscales con los cuales el ciudadano pueda acudir a ellos a formular la correspondiente denuncia o su demanda de justicia, y que él sienta que esa demanda de justicia es atendida pronto. Y que también en el trámite de los procesos como víctima o como demandante va a tener una respuesta oportuna frente a su demanda de justicia.
<FOTOLEAD 1>EL PRESIDENTE de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra, advirtió que el alto tribunal no se demoró y terminó escogiendo fiscal apenas un mes después de la terminación del periodo de Barbosa. / Foto ENS
<FOTOLEAD 2>EL PLENO de la Corte, según Chaverra, analizó la renuncia de la ternada López, avanzó el proceso e incluso en la votación de la última ronda tuvo apoyos. / Foto Corte Suprema
<FOTOLEAD 3>EL PRESIDENTE de la Corte y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. / Foto Corte Suprema
<DESTACADO>“Camargo tiene una gran trayectoria en el desempeño de la actividad judicial, es decir, tiene piel de juez, visión de juez y en virtud de ello, sabemos que tiene criterio de autonomía e independencia”
<DESTACADO>“La deliberación puso de presente que, incluso, si se votara por la doctora Amelia y ella terminara elegida, la decisión que ella debería adoptar en ese momento era no aceptar el cargo”