No creemos que en estos momentos de incertidumbre en las elecciones del próximo 11 de marzo nos ocurra lo que le sucedió a la población que nos describe Saramago en El elogio de la lucidez, en la que triunfó el voto en blanco que terminaron relacionando con la “ceguera blanca” que había sufrido la comunidad años atrás. Todo ello a pesar de los vicios y las debilidades que afronta nuestro sistema democrático que, a decir verdad, no se ven únicamente en Colombia.

Se está viviendo una crisis de la democracia representativa en los países que adoptaron el régimen presidencial de gobierno, cuyas características principales son el principio democrático de la delegación y lo que se conoce como equilibrio de poderes. Lamentablemente en los países de América Latina el órgano legislativo se ha debilitado notoriamente y hoy lo que predomina es la rama ejecutiva del poder público.

Analistas especializados suelen sostener que el régimen presidencial solo funciona de manera adecuada en los Estados Unidos porque lo supieron combinar con el modelo federativo y el concepto de soberanía popular que incorporaron a la Constitución, que no es exactamente el mismo del que hablara Rousseau, el padre de la democracia moderna, y figuras de la Revolución francesa-como Sieyés y Mirabeau -identificaron con el de Nación.

Es por ello que el próximo 11 de marzo tenemos el deber de ejercer el derecho al sufragio para elegir en forma responsable el nuevo Congreso que jugará un papel decisivo en la reforma institucional que reclama la coyuntura que atraviesa Colombia. Resulta curioso registrar que a pesar de que hay mucho aspirante nuevo y joven en los distintos partidos políticos, a casi ninguno se le oye proponer nada sobre la necesidad de reformar la estructura político-administrativa de los departamentos y municipios   que ha cedido terreno a prácticas de corrupción en el ámbito regional.

Cuando se analizan las causas del fenómeno de la corrupción última se habla del incremento desproporcionado de los costos de las campañas al Congreso de la República, de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que ha ido de la mano de la descentralización fiscal y administrativa, cuyo sentido original se ha distorsionado. Es doloroso tener que admitir que la ampliación de los espacios democráticos del país hoy es fuente de corrupción porque le abrió espacio a la financiación privada con dineros de variado origen; unido a ello la ejecución de los recursos y proyectos de obra pública no tienen suficiente control por los órganos del nivel regional.

De acuerdo con esa realidad creo que tiene razón el columnista Jaime Castro cuando sostiene que “el capítulo más importante de cualquier reforma política debe ser el de la reforma política territorial que cambie las reglas de juego para accede al poder a nivel regional y local, para ejercerlo y para controlarlo”. Por otro lado, hay que introducirle ajustes a la administración de justicia y a otros órganos del Estado que luego comentaremos. También votaré por una de las consultas.