- Estudiantes, víctimas de pulso Fecode-Gobierno
- La educación oficial nada que levanta cabeza
El anuncio del sindicato de profesores del sector público en torno a convocar a un nuevo paro nacional los días 9 y 10 de mayo próximos, resulta preocupante. Ya prácticamente no hay trimestre en el que los educadores oficiales no citen o lleven a cabo alguna jornada de protesta, lo que ha conllevado que la calidad de la instrucción académica que se imparte en escuelas y colegios del Estado continúe muy lejos de los estándares y resultados de las instituciones de carácter privado.
Según Fecode este nuevo llamado al paro se debe al incumplimiento por parte el Gobierno de los acuerdos firmados el año pasado. Incumplimientos que tendrían que ver con la persistencia de las irregularidades en la prestación de servicio de salud a los maestros, tanto en el ámbito asistencial como en la dificultad para escoger las entidades aseguradoras del personal del Magisterio. A ello suman otras quejas por deficiencia en infraestructura, transporte, dotación y falta de docentes, así como por las graves irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar (PAE). El pliego de cargos continúa con la oposición del sindicato a la implementación de la jornada única, el congelamiento del escalafón docente, cambios en la evaluación del desempeño y hasta la demora en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que se tramita en el Congreso. Por último, se señala que el Gobierno estaría abandonando sus responsabilidades con el sector educativo “ante la pronta terminación del período presidencial”.
En la otra orilla está el Ministerio de Educación, según la cual el citado paro es injustificable. Sostiene que el Gobierno sí está cumpliendo el pacto suscrito el año pasado, tras la jornada de protesta de los docentes que dejó por 37 días sin clase a más de 8 millones de niños. También recalca que de los 24 puntos del acuerdo, nueve ya se cumplieron, otros tantos están próximos a serlo y los restantes seis siguen en proceso debido a que son más complejos de implementar, incluyendo hasta una reforma de tipo legal a cargo del Congreso, como es el caso del SGP contenido en la ley 715 de 2001. Entre los avances más importantes se destaca lo relativo al cronograma de nivelación salarial y las bonificaciones acordadas hasta el 2020. También, según el Ejecutivo, ya está en marcha el nuevo modelo de atención en salud, que es objeto de constante monitoreo para asegurar su buen funcionamiento.
Lo que más sorprende de este nuevo rifirrafe entre el Gobierno y Fecode es el cruce de señalamientos en torno a funcionabilidad de los canales de comunicación entre las partes. Mientras que de uno y otro lado se afirma que hay disponibilidad al diálogo y la concertación, se señala igualmente a la contraparte de no tener voluntad constructiva para superar las problemáticas. Paradójicamente la “comisión de seguimiento” parece no tener mayor utilidad ni es el escenario en que se debieran estar resolviendo todas estas controversias.
Esta nuevo riesgo de paro se anuncia en medio de la recta final de la campaña presidencial, en la que uno de los aspectos más debatidos por los aspirantes a la Casa de Nariño es, precisamente, el relativo a las reformas que requiere la educación en Colombia para mejorar de manera sustancial sus índices de cobertura y calidad a corto, mediano y largo plazos. Los diagnósticos y propuestas de cada uno de los candidatos son muy ambiciosos y con distintos énfasis. Sin embargo algunos de ellos se basan en formulaciones muy teóricas que dejan de lado las realidades de un sector que pese a estar hoy encabezando los rubros de mayor asignación presupuestal , aun arrastra un lastre muy pesado de deficiencias que tiene como principales víctimas a millones de estudiantes de primaria, secundaria y educación superior. Sería interesante conocer las posturas de quienes compiten por la Jefatura de Estado frente al anunciado paro de Fecode y la descalificación del mismo por parte del Gobierno.
Por el momento, lo más importante es que en las próximas tres semanas el sindicato y el Ministerio se sienten a dialogar de nuevo para encontrar una solución, así sea parcial, que evite el paro. No se puede permitir una nueva parálisis que afecte la ya de por sí golpeada calidad educativa de ocho millones de niños y jóvenes en Colombia.