Varias dudas respecto al presente y futuro de las zonas de capacitación, manifestó la senadora María del Rosario Guerra, territorios definidos para que los desmovilizados de la guerrilla de las Farc avancen en su proceso de reincorporación a la sociedad.

Según lo señaló la congresista, las Farc y el Gobierno establecieron en un comienzo diecinueve zonas veredales y siete puntos transitorios de normalización cuyo fin era lograr el cese al fuego y el proceso de dejación armas. Guerra de la Espriella sostuvo que el Ejecutivo hizo inversiones importantes en este proceso para atender 8.185 guerrilleros de los cuales 3.418 se inscribieron en el Ministerio de Educación para terminar su educación básica.

Guerra explicó que hoy en día estas zonas veredales son zonas de capacitación en donde el Gobierno invirtió cerca de $107.000 millones y el Ejército dispuso 28 batallones para acompañar la convivencia en las zonas aledañas. La Senadora del Centro Democrático resaltó que desconocen qué va a pasar con estas zonas veredales transitorias, “a quienes están beneficiando hoy esas inversiones y qué tipo de acompañamiento se está brindando por parte del Gobierno para el manejo de los recursos económicos que se entregan”.

Precisamente, se refirió sobre el acompañamiento al manejo de los recursos. Dijo la Senadora que “verifiqué en la página web del SENA y por tres meses la misma capacitación como técnico agropecuario cuesta $750 mil por el mismo periodo (…) la pregunta es ¿qué fue de extraordinario para que costara esa diferencia de más de ocho veces el precio? En la mejor universidad un semestre no vale más de siete u ocho millones y aquí tres meses de cada ex guerrillero, cuesta $12 millones".

La inquietud de la senadora Guerra de la Espriella se presenta en un momento en que está en tela de juicio la forma como se ejecutan los dineros previstos para el posconflicto, buena parte de los cuales tienen como fuente de origen el Fondo Colombia en Paz, el cual cuenta también con cooperación internacional.

El fiscal General, Néstor Martínez, dijo en días pasados en una carta que remitió al presidente Juan Manuel Santos  sobre las denuncias que se han hecho acerca coimas que estarían exigiendo a contratistas para quedarse con contratos a cargo del Fondo Colombia en Paz.

No obstante, el presidente Santos señaló esta semana tras participar en la reunión de la Comisión Nacional de Moralización que “es cierto que ha habido dificultades. Ha habido retrasos y problemas de ejecución (…) pero estamos avanzando y para mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos, adoptamos en días pasados una serie de medidas para restructurar el Fondo Colombia en Paz”.

Añadió que “estamos haciendo una revisión minuciosa de los compromisos, de los avances y también de los retrasos de cada entidad', y se adoptarán “los correctivos necesarios en cada caso para mejorar la eficiencia y los resultados en todos los frentes”.

Recordó Santos que desde el comienzo se pidió a los entes de control un acompañamiento especial para los recursos del posconflicto y en noviembre del año pasado se formalizó una estrategia para la transparencia del proceso.

Recalcó que  “lo que sí no vamos a tolerar –y que eso quede muy claro también–, es que avivatos o inescrupulosos traten de desviar los recursos de la paz. Ahí seremos implacables”.