Si el país trabaja en alcanzar la formalización en el sector minero se allana el camino hacia la paz social. Así lo destaca el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante en un detallado análisis del sector.
Señala que “pasamos de ver la confrontación entre la minería a gran escala y la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE) como algo inevitable a trabajar en nuevos esquemas que permitieran puntos de encuentro entre los distintos actores involucrados. A través de la combinación de herramientas innovadoras unas, y renovadas otras, nos la jugamos por algo que años antes era impensable: ver a las grandes compañías trabajando de la mano con quienes, de una u otra manera, quieren seguir derivando su sustento del oficio extractivo en épocas de posconflicto”.
Indica que “este reenfoque resultaba indispensable, más aún cuando en la primera década de este siglo algunas acciones estatales contribuyeron a agudizar los conflictos regionales alrededor del oficio minero a causa de un pico histórico en titulación que, lastimosamente, incluyó también una exclusión sin precedentes de los mineros tradicionales”.
Se pregunta el Viceministro, “¿cuáles son estos novedosos instrumentos de los que nos hemos valido para lograr estos significativos avances? En términos generales se pueden clasificar en tres grupos: los de acceso a territorios para el ejercicio de la pequeña minería, los de impulso a la formalización y los de persecución frontal a las actividades delincuenciales”.
Aduce que “en el primer grupo, de acceso a territorios para el ejercicio de la pequeña minería, que garantiza que los pequeños mineros puedan trabajar al amparo de la legalidad, están los contratos de operación de pequeña minería, los subcontratos de formalización minera, las áreas de reserva especial de pequeña minería (AREs) como paso previo a la titulación minera, la cesión de áreas para la formalización mediante la cual un titular minero puede poner a disposición de pequeños mineros un área que no es de su interés, para que estos trabajen en ella con su acompañamiento; y la creación del Banco de Áreas de Formalización Minera, el cual posibilita la priorización de los pequeños mineros de una zona para el proceso de entrega de títulos que han sido caducados o a los que renunciaron sus poseedores”.
Sostiene Cante que “estos mecanismos han permitido suscribir 73 subcontratos de formalización, 32 contratos de operación, 1 Devolución de Área, la declaración de 76 Áreas de Reserva Especial para la pequeña minería, con lo cual se han beneficiado cerca de 5 mil mineros que ahora ejercen su actividad de manera formal, incluyendo la asistencia técnica a más de 14 mil barequeros para que incorporen prácticas de producción más limpia en la recuperación del oro y eliminen el uso del mercurio, logrando eliminar el consumo de 28,4 toneladas de este elemento químico”.
Explica que “en el segundo grupo, de impulso a la formalización, se incluyen las guías minero-ambientales, que hicieron posible la mejoría en prácticas extractivas aún antes de iniciar formalmente el licenciamiento de pequeñas unidades de producción minera en proceso de formalización”.
Manifiesta que “en el último grupo, de persecución frontal a las actividades delincuenciales, se cuentan la posibilidad de incautación y destrucción de maquinaria pesada usada en explotaciones ilícitas, que ha persuadido a múltiples mineros a entablar diálogos con el Estado en su búsqueda de diferenciar sus actividades de las de los grupos violentos; y la creación del Registro Único de Comercializadores –Rucom- que está permitiendo ponerle freno a la práctica de los grupos delincuenciales de usar los registros de los mineros de subsistencia, o de otras personas incautas, para legalizar grandes cantidades de oro que, evidentemente, no se pueden extraer mediante “barequeo”.
Sostiene el Viceministro de Minas que “claramente, estos tres grupos de instrumentos confluyen sobre un propósito común: pensar no solo en términos de legalización, sino ampliar el foco en términos de formalización. Las nuevas realidades y las soluciones que hemos venido implementando exitosamente nos demuestran que la coexistencia y la formalización de la MAPE son el mejor camino para combatir la explotación ilícita de minerales en nuestro país, que le cierre fuentes de financiamiento a los grupos violentos y contribuya al logro de la paz social en el territorio colombiano”.