Está en la palestra pública una idea que merece toda la atención y el análisis académico de rigor, pues plantea una posible solución a un problema planteado desde la Constitución de 1991, que introdujo un sistema de justicia con varios órganos de cierre, la Corte Suprema para la Justicia ordinaria,  la Corte Constitucional para el control de asequibilidad,  el Consejo de Estado para la jurisdicción Contencioso Administrativa, y  el Consejo Superior de la Judicatura, con dos salas,  la Disciplinaria y la Administrativa para el gobierno de la rama.  A esto se le suma la posibilidad de todas de conocer de acciones de tutela y la Corte Constitucional de revisarlas. 

Desde la entrada en vigencia, este sistema de estancos judiciales ha dado lugar a permanentes conflictos por competencias, los famosos “choques de trenes”.  La JEP es ahora otro más,  desarticulado del sistema de justicia.  Son cinco cabezas en las que se encuentra dividida la función jurisdiccional del Estado.  Ya lo hemos dicho: en un sistema democrático, con sus tres ramas del poder público; si la jurisdiccional se encuentra divida en cinco partes, el control de pesos y contrapesos deja de ser real y eficiente.  Esto, aunado  a la contaminación  que para el sistema significa  la cantidad de funciones electorales atribuidas por la misma constitución, impone necesariamente su revisión.

Por  ello, desde hace algún tiempo,  en Comisiones de Expertos  para revisar la Justicia, se han planteado  como una de las posibilidades para  mejorar nuestro sistema, la de aglutinar tanta función dispersa y hacer la de la Rama un sistema coherente,  que permita las especialidades por supuesto  y  las autonomías, pero que disponga de los mecanismos necesarios para definir sus choques y conflictos y no dar  una sensación de incertidumbre a la ciudadanía que merme y ponga en vilo,  la confianza  que esta debe tener  frente a la administración de justicia.     Parte de esa pérdida confianza que hoy que tiene el sistema frente al ciudadano se debe precisamente a ese diseño equivocado.

A buena hora, la propuesta la ha activado uno de los candidatos a la primera Magistratura del Estado. Los  ataques que la idea ha recibido son distorsionantes y ligeros.  Se ha dicho que se quiere acabar la Corte Constitucional o que en el fondo es un ataque a la tutela.  Ni lo uno ni lo otro.  Definitivamente no conocen estos apresurados críticos, el sistema judicial por dentro y sus problemas.   Conformar  un Tribunal Supremo, del que formen parte  las  Cortes actuales, sin que por ello pierdan su especialidad y autonomía,  con unas funciones  concretas, que le de fuerza y coherencia al sistema de justicia, es algo que le falto hacer a nuestra constitución,  que existe en muchas partes del mundo,   que perfectamente poder llevarse a acabo, que no implica acabar la Corte Constitucional ni restarle  funciones y mucho menos darle un golpe a la tutela, por el contrario, la robustece y clarifica.

Así que, en nuestra opinión, bienvenida la idea de unificar Cortes, hay que discutirla; puede solucionar muchos de los problemas de la justicia y mejorar la estructura democrática colombiana.