Para los colombianos se volvió tradicional que cada gobierno llega con ganas de hacer reformas al sistema tributario en busca de mayores recursos.

Por eso para analistas, académicos y trabajadores no resultó extraño que el Gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto anunciara la realización de una nueva reforma tributaria, aunque esta misma iniciativa es respaldada por los empresarios y tiene en sentido opuesto a los trabajadores.

Tanto desde los centros de estudios económicos como desde el mismo sector empresarial se habla ya de la necesidad de realizar cambios a la política impositiva para hacerla más expedita y que más colombianos paguen impuestos.

En su discurso luego de haber sido elegido como Presidente de la República, Iván Duque Márquez dio pinceladas de lo que debe ser la economía durante su gestión arguyendo que simplificará el sistema tributario.

Este proyecto tendría menores excepciones tributarias, impulso a la factura electrónica, exención de renta, reducción de impuestos y lucha contra la evasión. Para efecto dijo, antes de finalizar el año será presentado al Congreso.

País de reformas

Al mirar el panorama impositivo en el país, se tiene que entre 1990 y 2017 se realizaron en Colombia 16 cambios al estatuto tributario, todos en busca de mayores recursos para el funcionamiento del Estado y financiación de proyectos de Desarrollo.

La evolución muestra que el IVA en 1990 era del 10% y hoy luego de la más reciente reforma, la de 2016 llegó al 19%.

Por Gobierno, César Gaviria realizó cuatro reformas tributarias, luego Ernesto Samper logró la aprobación de dos; en la administración de Andrés Pastrana se realizaron tres, al igual que en los ochos años de los dos periodos de Álvaro Uribe y en los ocho años de Juan Manuel Santos, se hicieron cuatro reformas.

La más reciente de ellas y la que está vigente es la Ley 1819 de 2016, en que para su elaboración el Gobierno echó mano de una Comisión de Expertos en el tema para fijar los ejes en los que se tenía que realizar dicha modificación.

En un análisis para ANIF del exministro Guillermo Perry, señala que hubo algunos avances en la Ley, aunque claramente insuficientes, con respecto a los objetivos de simplificación y equidad horizontal estatutaria, pero muy pocos con respecto a la progresividad nominal del sistema tributario.

De otra parte, la Comisión propuso una serie de normas específicas para facilitar el control a la evasión y una gran reforma a la administración tributaria, que consideró indispensable para lograr este propósito. Reducir la evasión resulta esencial para mejorar la equidad horizontal y la progresividad efectivas (y no solo estatutarias) del régimen tributario.

El gobierno y el Congreso acogieron varias de estas normas (como las relacionadas con un mayor control tributario a los gastos en efectivo –limitando su deducción tributaria-, las reformas al régimen de las ESAL y un reforzamiento del sistema de renta presuntiva) y añadieron varias otras (incluyendo nuevas sanciones penales). Pero no han contemplado hasta ahora la reforma administrativa propuesta. Habrá que ver qué tanto logra avanzar la DIAN en el control de la evasión con las nuevas normas, pero señaló Perry “soy escéptico sobre los estimativos ambiciosos que prevé implícitamente el gobierno en su plan macroeconómico de mediano plazo, en ausencia de la reforma administrativa propuesta por la Comisión”.

Según el exministro el aumento de recaudo neto que ocasionaría la Reforma sería del 2,7% del PIB en total, del cual tan solo un 1% del PIB correspondería al aumento de las tarifas del IVA: 1,5% sustituyendo ingresos destinados a desaparecer y 1,2% adicional al nivel de recaudo de 2016, sin contar con los efectos de reducción de la evasión.

ANIF ha calculado que las ganancias en recaudo neto tan solo estarían incrementando la presión tributaria del Gobierno Central hacia niveles cercanos al 14,3% del PIB durante 2017-2020.

Así, esa presión tributaria definitivamente se queda corta frente a la meta del 17% del PIB que hoy se observa en promedio en América Latina. Adicionalmente, se tienen dos agravantes la inoperancia de la Regla Fiscal para propósitos de estabilizar la deuda pública, ya que esta mira son factores anticíclicos relacionados con petróleo y crecimiento potencial; y presiones de gasto crecientes en los frentes de seguridad social (salud-pensiones) y los potenciales disparos de vigencias futuras, derivados de las garantías de tráfico de las obras de infraestructura 4G.

 

Lo que viene

El presidente electo, Iván Duque Márquez, recibió del Consejo Gremial Nacional una propuesta de lo que podría ser una reforma tributaria para los próximos años.

Los empresarios basan su proposición en que en Colombia el 83% del recaudo por concepto de impuestos directos proviene de las empresas, en comparación con 64% en América Latina y 28% en los países de la OCDE. Tan sólo el 9,5% del total de ocupados declara renta y más del 80% de la población activa en el sector formal está exenta de dicho tributo. El ingreso a partir del cual se debe tributar es elevado: como proporción del PIB per cápita, dicho umbral es 2 veces el de América Latina y 12 veces el de la OCDE.

Mientras en Colombia la tarifa nominal del impuesto a la renta de las empresas asciende a 34% en 2017 y 40% si se incluye la sobretasa, en el promedio de América Latina se ubica en 28% y en la OECD en 24%.

Al comparar la totalidad de la carga impositiva que deben asumir las empresas en los países de la Alianza del Pacífico, se encuentra que en Colombia impera, de lejos, la más elevada tributación efectiva. La tarifa efectiva promedio se ubica entre 51% y 57% (en función del tamaño de la firma), mientras que en México oscila entre 41 y 45%, en Perú entre 38 y 35% y en Chile entre 27 y 33%.

Entre las propuestas que hacen los empresarios se encuentran: ampliar el universo de personas naturales obligado a tributar.

Es necesario gravar progresivamente a quienes reciban más de 2,5 Salarios Mínimos (actualmente se tributa a partir de 4,1 Salarios).

Adicionalmente, se debería evaluar nuevamente la posibilidad de gravar las pensiones altas, por encima de 6 Salarios Mínimos, y que hoy benefician a cerca de 53 mil personas.

 

 

Exenciones

Se pretende eliminar exenciones y demás tratamientos preferenciales en el impuesto de renta. Solo se deben mantener exenciones para actividades con externalidades positivas, a saber inversiones en investigación y desarrollo, actividades relacionadas con la protección al medio ambiente y el emprendimiento y proyectos con probados méritos sociales y cualidades redistributivas; por ejemplo el mecanismo de Obras por Impuestos y ZOMAC.

Para los empresarios hay que eliminar el Gravamen a los Movimientos Financieros o 4X1000 y permitir su plena deducibilidad mientras este continué vigente.

Establecer que el IVA en bienes de capital sea totalmente descontable del impuesto a las ventas en vez de ser deducible sobre el impuesto a la renta.

Reglamentar la retención sobre utilidades introducida en la reforma tributaria del 2016. Debido a que no ha sido reglamentado por el Ministerio de Hacienda, el sistema de auto-retención incluido en la reforma coexiste con las retenciones tradicionales de renta, siendo necesario que opere un solo sistema de retención en la fuente.

En materia de impuestos territoriales los empresarios proponen eliminar lo que consideran impuestos obsoletos como el de degüello de ganado, pesos y medidas, alumbrado público, telefonía (fija y móvil) y avisos y tableros.

Igualmente sugieren eliminar las estampillas y prohibir la creación de nuevas para reemplazarlas por un impuesto al registro de acuerdo con lo que requiera cada ente territorial.

Se propone una actualización catastral, crear e implementar el catastro multipropósito, instaurar un mecanismo expedito para que los contribuyentes puedan hacer reclamos sobre el valor catastral de los predios, y posibilitar que los municipios facturen el impuesto en vez de exigir una declaración individual.

 

Recaudos 2018

Las cifras de la DIAN señalan que a junio el recaudo de impuestos se ubicó en $74,4 billones, más de la mitad de la meta fijada para el cierre del año en $135,27 billones.

La ejecución del Plan Anual de Cobro así como del Plan Anual de Choque Contra la Evasión y el Contrabando, junto con la realización de las jornadas mensuales "Al Día con la DIAN le Cumplo al País", permitieron recaudar $4,4 billones en el primer semestre del año, que demandaron más de 150 mil acciones de cobro y control, entre las que se destacan visitas a morosos, citaciones a oficinas de cobranzas, llamadas del Centro Nacional de Cobro, visitas de control de fiscalización, así como las auditorías propias de los programas de fiscalización.

El comportamiento del recaudo se explica principalmente por la reducción de los dos puntos en la sobretasa del impuesto de renta establecida por la Ley 1819 de 2016, con el fin de aliviar el flujo de caja de las empresas.

En este mismo sentido, operó la deducción del 100% del IVA pagado en la adquisición o importación de bienes de capital a la tarifa general.

Así mismo, se dejó de recibir el recaudo del impuesto a la riqueza de las personas jurídicas por $1,7 billones, que finalizó en el año 2017 según lo dispuesto en la Ley 1739 del año 2014, y el recaudo proveniente del impuesto complementario de normalización tributaria por $1,5 billones.

Los ingresos por concepto del impuesto de renta y complementarios llegaron a $14,3 billones, incrementándose 13,8% en relación con el mismo período de 2017, comportamiento que se explica principalmente por el pago de las cuotas de los Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas.

Se resalta el reconocimiento, por primera vez, de la inversión en Obras por Impuestos por valor de $200 mil millones, medida introducida en la Ley 1819 de 2016 y que busca financiar, con el mismo dinero que deberían pagar por impuesto de renta, la inversión y desarrollo de obras necesarias en las zonas más afectadas por el conflicto.