El togado es acusado de cambiar la orden de captura que pesaba sobre el senador Besaile, conforme al soborno pagado por el congresista.

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Que no renunciará, aseguró s el magistrado Gustavo Enrique Malo, a pesar de que sus compañeros de la Corte Suprema de Justicia así se lo pidieron formalmente.

Como lo informó oportunamente EL NUEVO SIGLO, los magistrados de la Corte le pidieron a Malo que se apartara de sus funciones mientras la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara procesa cuatro declaraciones compulsadas por el alto tribunal que podrían implicarlo en el tráfico de sentencias.

Tal como se publicó en este medio, el senador Musa Besaile, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), procesado por el delito de concierto para delinquir agravado debido a sus posibles nexos con grupos paramilitares, declaró que pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra, dinero que le había sido exigido por el abogado Luis Gustavo Moreno, quien luego fuera fiscal anticorrupción y hoy se encuentra privado de la libertad.

En ese momento, se habló de que Moreno manejaba el tinglado de corrupción en la Corte con los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos.

Sin embargo, el exmagistrado auxiliar José Reyes, quien había redactado la orden de captura, habría declarado que ese documento judicial fue modificado por el magistrado Malo. Esa es una de las cuatro declaraciones enviadas a la Comisión.

Según la revista Semana, la situación se centra en la declaración que rindió el exmagistrado auxiliar, José Reyes Rodríguez,quien fue interrogado la semana pasada en Guatemala. Según el Diario, Reyes hizo críticas a la época en la que trabajaba con Malo, quien llevaba la investigación por parapolítica contra Besaile.

Según el exmagistrado auxiliar, Gustavo Malo supo las intenciones que él tenía en abrir una investigación en contra de Besaile. Sin embargo, unos días antes de tomar la decisión y que quedara en firme, Reyes fue despedido y Malo le pidió la renuncia a todo el despacho.

La salida de Reyes frenó la investigación contra Besaile y el cargo fue asumido por el magistrado Javier Hurtado, quien al parecer, no tenía conocimiento de temas de parapolítica. 

Semana también afirmó que un magistrado auxiliar del despacho de Malo, Camilo Ruiz,  un cartagenero, quien al parecer se reunió con Besaile y Elías en 2014 en un restaurante del centro de Bogotá.

Junto con los ya mencionados, en este tráfico de sentencias estarían involucrados los abogados Camilo Tarquino y Leonardo Pinilla, así como el senador Hernán Andrade y el exgobernador Luis Alfredo Ramos, estos últimos del Partido Conservador.

Paralelamente, la Fiscalía se alista para imputarle el 30 de octubre cargos por extorsión agravada a Yara Milena Malo, hija del magistrado Malo. La mujer habría suplantado a otra persona para ingresar a la Fiscalía para recoger cuotas a funcionarios amenazados de ser traslados si no pagaban.

El proceso por el que Besaile les habría hecho el mencionado pago tiene diez años en la Corte y aún carece de decisiones de fondo.

En 2010, el paramilitar Carlos Andrés Padilla, alias Visaje, confirmó la versión dada en 2007 por el extraditado Salvatore Mancuso sobre los vínculos de Besaile con grupos armados ilegales.

Cuando Besaile militaba en el Partido Liberal fue fórmula a la Cámara del entonces senador Juan Manuel López Cabrales, condenado en 2008 por concierto para delinquir agravado, derivado de su comprobado vínculo con paramilitares del Bloque Norte, tras firmar el 23 de julio de 2001 en célebre Pacto de Ralito.

El magistrado Malo no solo llevaba el caso del senador Besaile. Actualmente lleva 20 de los 91 procesos por parapolítica que tiene la Corte. Uno de ellos es el del exsenador conservador Julio Manzur, quien ha dicho que se resistió a ser extorsionado por Moreno.

Malo también lleva procesos de los excongresistas Otto Bula, Piedad Córdoba, Eleonora Pineda, Rocío Arias, Miguel de la Espriella, Ramón Elejalde, César Pérez, Javier Cáceres, Miguel Pinedo y Ómar Yepes, así como de los legisladores Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, Humprey Roa, Samy Merheg y Alfredo Deluque.

Con Malo se estaría repitiendo lo sucedido con el jurista  Jorge Pretelt, quien se negó a apartarse de su cargo como magistrado como lo solicitaron sus compañeros de la Corte Constitucional en marzo de 2015, una vez que la Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación formal en su contra por el delito de concusión, pues supuestamente pidió $500 millones al abogado de la firma Fidupetrol para ayudarle en una tutela que se tramitaba en esta alta Corte.

 

Fue mencionado

El representante investigador Edward Rodríguez (Partido Centro Democrático) indicó el martes pasado que la Comisión de Acusación de la Cámara decidió vincular al jurista Malo al proceso que se adelanta en esta célula legislativa por los supuestos actos de corrupción en que se habrían visto envueltos algunos magistrados.

La Corte Suprema entregó a la Comisión de Acusación cuatro declaraciones que comprometerían al magistrado Malo con estos hechos de corrupción, entre estas las declaraciones del exmagistrado auxiliar José Reyes, quien proyectó la orden de captura en contra de Besaile, que luego fue modificada por Malo.

El pasado 18 de agosto por estos hechos la Comisión de Acusación abrió investigación preliminar a  los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte,  con base en la compulsa de copias que le hizo este alto Tribunal.

El megaescándalo de supuesta corrupción en la Corte Suprema estalló el pasado 17 de agosto, cuando el fiscal Néstor Martínez anunció que compulsó copias a la Corte con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para torcer y archivar procesos.

La presunta olla podrida se destapó por grabaciones ocultas que hizo la DEA a conversaciones que sostuvieron en Estados Unidos hace algunos meses el entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y su socio el abogado Leonardo Pinilla, con el prófugo exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quienes le habrían pedido $500 millones para frenar las investigaciones al exmandatario regional.

En algunas de esas conversaciones Moreno y Pinilla se ufanaban de los contactos que decían tener en la alta justicia así como de supuestos resultados que habrían alcanzado con fallos en la Corte Suprema.

A partir de allí se abrió investigación en la Corte Suprema a los senadores Hernán Andrade y Álvaro Ashton así como  al exsenador conservador Luis Alfredo Ramos. En tanto que Besaile es indagado.

En la Comisión de Acusación de la Cámara se abrió investigación a los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, y ahora a Malo. Y en la Fiscalía también se investiga a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla.

En las conversaciones que la DEA interceptó al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y al abogado Leonardo Pinilla se mencionan algunos nombres de otros magistrados y políticos, así como el detalle del accionar del exdirector Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno.

En una de las conversaciones interceptadas el abogado Pinilla le dice a Lyons “ese man era el que mandaba en esa sala, tenía garra con Gustavo Malo, entonces estaban Patricia Salazar, estaba ahí al lado de Malo, Leonidas tenía a Heyder que después se le volteó, Barceló era parte, María del Rosario era parte, Salazar era de este lado, Castro no era ni para acá ni para allá”.

De otra parte se conoció que el pasado 7 de septiembre, el exgobernador Lyons Muskus dijo a una comisión de fiscales en Miami que se reunió en Bogotá y en diferentes ocasiones con el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino.

Lyons, quien decidió colaborar con la Fiscalía en procura de alcanzar un principio de oportunidad que le reportaría beneficios penales,  aseguró a los fiscales que Tarquino le pidió más de 10.000 millones de pesos a cambio de ayudarle con los procesos judiciales que se adelantaban en su contra.

 

Citan a Besaile

La Comisión de Acusación citó para el día de hoy al senador Musa Besaile para que declare en calidad de testigo en los procesos que se llevan contra los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

El Parlamentario de La U, como se dijo anteriormente, aseguró a la Corte Suprema que pagó $2 mil millones al abogado Luis Gustavo Moreno, implicando de paso al exmagistrado Bustos. “Él (Moreno) me abordó en nombre del que decía que era su padre. Él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento”, señaló Besaile.

 

Habla Ashton

El pasado martes, la Corte abrió investigación formal por estos hechos a los senadores Hernán Andrade, Álvaro Ashton y el exsenador Luis Ramos.

Ayer el Parlamentario Ashton dijo que el 23 de agosto “presenté una carta a la honorable Corte para solicitar que se investigara la veracidad de la información y que yo estaba a disposición de ellos. Esa debe ser la razón necesaria, y suficiente para que la Corte abra indagación preliminar a todos los mencionados”.

Añadió que “siempre he estado apegado a la ley, nunca he actuado con función dolosa en ninguna actividad”.

 

 

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