- Corte Constitucional debe acelerar fallos
- Frenar peligrosa incertidumbre tributaria
En medio de un panorama internacional muy difícil la economía colombiana se mantiene a flote, con un horizonte de crecimiento alrededor del tres por ciento mientras que el promedio latinoamericano apenas superaría el medio punto porcentual. Inversionistas, calificadoras de riesgo, entes financieros multilaterales y analistas públicos y privados sostienen que la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas del juego en el país son el principal gancho para atraer capitales, como quedó comprobado en el primer semestre cuando la Inversión Extranjera Directa subió casi un 25 por ciento.
Sin embargo, precisamente, la seguridad jurídica y estabilidad en las reglas del juego están entrando en un escenario incierto a medida que se agotan los términos para que la Corte Constitucional falle la treintena de demandas a la reforma tributaria, más conocida como “Ley de Financiamiento”, aprobada por el Congreso en diciembre pasado tras un accidentado trámite. La iniciativa, como se recuerda, fue presentada por el gobierno Duque con la intención de amortiguar el impacto del hueco fiscal ‘heredado’ y como plataforma presupuestal para financiar su respectivo cuatrienio. Inicialmente buscaba un ajuste impositivo que le permitiera recaudar $14 billones, soportado principalmente en imponer un IVA del 18% a gran parte de los productos de la canasta familiar, pero ante la negativa general parlamentaria se vio obligado a hundir esta propuesta y en medio de un complicado trámite en las comisiones económicas conjuntas y las plenarias de Cámara y Senado, apenas logró la aprobación de una reforma para ingresar un poco menos de $8 billones al año. El faltante, se supone, debería ser cubierto con mayor ajuste al gasto público, venta de activos y flexibilización de la regla fiscal. Lo primero está en marcha, lo segundo continúa en el aire y lo tercero se consiguió.
Sin embargo, desde el mismo momento en que la Ley de Financiamiento fue aprobada, se anunció un alud de demandas. Al final hubo una treintena, pidiendo desde la inexequibilidad parcial hasta el hundimiento total de la reforma. De un lado se alega que hubo serios vicios en la formación de la ley, especialmente relacionadas con violaciones a los principios de consecutividad, publicidad, unidad de materia y otros. Pero también se sostiene que varios de los ajustes impositivos violan preceptos constitucionales como igualdad ante la ley o exclusiva iniciativa tributaria gubernamental. Uno de los principales cuestionamientos es la presunta violación del principio de publicidad por no haber publicado en papel la ponencia para el último debate en plenaria de Cámara. También se cuestionan el sí a artículos que no tenían aval gubernamental, la creación de sobretasas impositivas, castigos penales a evasión tributaria, la amnistía a activos no declarados, sobretasa a rentas bancarias…
Distribuidas en distintos magistrados, varias de las demandas fueron unificadas y tienen ponencia proyectada. Este miércoles, se supone, debe empezar a ser considerada una de las principales por el pleno de la Corte Constitucional. Como es apenas obvio hay gran incertidumbre respecto a lo que pueda pasar. Para no pocos analistas, si llega a caerse la norma completa o los artículos más sustanciales en materia de recaudo tributario, el Gobierno enfrentaría una crisis fiscal de amplias proporciones, que lo llevaría a paralizar muchas inversiones y gastos de funcionamiento, acelerar la venta de activos oficiales, flexibilizar aún más -y peligrosamente- la regla fiscal (viabilizando mayor endeudamiento) o incluso a tener que acudir a un estado de emergencia económica para crear o aumentar impuestos por vía decreto de excepción. En este escenario, el golpe al crecimiento económico y la inversión serían dramáticos, en tanto quedaría en vilo la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo.
En el flanco productivo también hay alarmas prendidas. Algunos sectores que se sienten afectados injustamente por la Ley de Financiamiento esperan que la Corte tumbe varios artículos clave o la norma completa. Muchas empresas y gremios están preocupados porque esta segunda alternativa dejaría sin piso los incentivos y rebajas tributarias que se aprobaron para darle un respiro a las compañías y facilitar su crecimiento, plusvalía y generación de empleo. A ello se suma que en la última semana de este mes vencen plazos y términos de algunos ajustes impositivos, incluyendo el de normalización de activos no declarados. También existe incertidumbre en torno a qué pasará si, en caso de ser declarados inexequibles algunos artículos o la totalidad de la reforma, cesarán los cobros, tendrá que devolverse lo ya recaudado o si el fallo será modulado, es decir que sus efectos solo se aplicarán a mediano plazo, mientras se tramita una nueva ley, evitando por esa vía un impacto fiscal grave.
Como se ve, es urgente que la Corte Constitucional dé claridad sobre la Ley de Financiamiento. Hay mucho en juego en distintos frentes. Mantener el clima de incertidumbre en medio de un escenario geoeconómico tan convulso es muy grave para el país, el Gobierno, las empresas y la ciudadanía en general.