La meta que tiene el Gobierno en materia de sustitución de cultivos ilícitos al finalizar el mandato este 7 de agosto es que al menos 75.000 familias estén formalmente vinculadas a este programa, comprometiendo unas 50.000 hectáreas de coca.

Así lo indicó a EL NUEVO SIGLO la cabeza de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz Uribe.

Explicó que “el 29 de mayo se cumple un año de la creación del programa. Durante este año ha llegado a las zonas más difíciles en términos de donde se encuentran los cultivos ilícitos y se libraba la guerra, y de mano del acuerdo de paz hemos logrado entrar a territorios en donde cientos de familias han manifestado su interés en que sus territorios se transformen, de que haya sustitución voluntaria”.

Añadió que 69.000 familias que tienen influencia sobre algo más del 60% de la coca que hay en el país “ya individualmente se han identificado y han tenido relación individual con el programa expresando su decisión de formar parte de este proceso que implica para los que tienen cultivos retirarlos y abandonar toda relación con los cultivos ilícitos. De ésas, 40.000 familias ya están empezando a recibir recursos del programa de sustitución y Naciones Unidas ha verificado 36.000 hectáreas que estas familias están retirando o han retirado, y de éstas ya han certificado 12.000 como retiradas”.

Díaz indicó que “es un programa que está inscrito en el proceso de paz, es parte del desarrollo del acuerdo de paz, es un programa que tiene según el plan marco de implementación del acuerdo de paz una vigencia de por lo menos 5 años. La institución que se creó del programa, el PNIS, tiene 10 años de existencia, pero aspiramos antes que termine la actual administración llegar al mayor número de familias. Esperamos estar llegando a unas 72.000 – 75.000 familias con desarrollos importantes en Tumaco, en el Putumayo, en Caquetá, en Guaviare, en Arauca, en Antioquia, en el Nudo de Paramillo, en Córdoba y en el Valle, y desarrollos importantes en el Catatumbo y en el Cauca, donde tenemos un menor desarrollo”.

En tanto que “en términos de cultivos, el proceso de matas de coca refiladas para sustituir, esperamos estar llegando a las 50.000 hectáreas al terminar el gobierno. No es una tarea fácil pero vamos. Habíamos inicialmente hablado de llegar a 50.000 en junio, pero creo que vamos a llegar ahí en agosto”, dijo.

El funcionario explicó también que “adicionalmente avanzamos en los proyectos productivos con cacao, con café, en una alianza con Corpoica, con Fedecacao, con la Federación de Cafeteros, y ya cerca de 32.000 familias de éstas están empezando a recibir” recursos del programa.

Escollos

Díaz Uribe indicó que no ha sido fácil desarrollar este programa porque la sustitución va en contra de los intereses de quienes derivan rentas ilegales. “Se estima que por una hectárea retirada voluntariamente o forzosamente las redes criminales dejan de recibir del orden de 23 millones de pesos al año, comprenderán que mucho de lo que ha venido ocurriendo en términos de amenazas, incluso de asesinatos de líderes de sustitución, tiene que ver conque estas redes se resisten a que estos territorios se desarrollen”. 

El funcionario salió al paso a las afirmaciones que es alta la tasa de resiembra de coca luego de la intervención. “Para el tema de sustitución eso no es cierto por cuanto no hay resiembra  sino siembra de otros productos. En los casos de erradicación forzosa suele ocurrir la resiembra y según el general Mendoza ésta podría ser del orden del 20% en los procesos de  erradicación forzosa. En los programas de sustitución voluntaria no tenemos un registro todavía sobre el tema, puede haberla pero es inferior”.