Aún más se sigue retrasando la aprobación de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta vez fue por falta de quórum en la sesión de ayer de las comisiones primeras conjuntas y por radicación de más proposiciones sobre esta iniciativa.

Los congresistas fueron citados el lunes, al día siguiente de las elecciones presidenciales, para continuar el debate.

En opinión de la representante por Bogotá, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, “quieren sabotear la discusión de la JEP para después de las elecciones volver el proyecto trizas”.

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Carlos Correa, del Partido Social de Unidad Nacional (LA U), explicó que “simplemente se presentaron más proposiciones, cuando ya una subcomisión había estudiado más de 70”.

Entre tanto el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseveró que “la subcomisión trajo el informe. Desafortunadamente nos quedamos sin quórum. Ésta es una semana compleja por las elecciones presidenciales. Esperamos darle trámite a este proyecto el lunes”.

Manifestó el Ministro que la iniciativa es importante y se espera que antes del 20 de junio se apruebe. “Aún se está a tiempo”, anotó.

Sin embargo, para el representante por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, “el informe es ambiguo, porque no se aceptó nada de la oposición. Y hacemos un llamado: que nuestras posiciones son porque necesitamos crear unos consensos mínimos para que la Jurisdicción Especial funcione”.

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Informe de la subcomisión

La subcomisión estuvo integrada por congresistas de los partidos Liberal (Horacio Serpa y Guillermo García), Conservador (Juan Diego Gómez, Hernán Andrade y Juan Samy Merheg), La U (Roy Barreras, Mauricio Lizcano y Roosevelt Rodríguez), Polo Democrático (Iván Cepeda), Cambio Radical (Carlos Fernando Motoa y Germán Varón), Opción Ciudadana (Doris Vega y Antonio Correa), Alianza Verde (Claudia López y Antonio Navarro), Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS (Luis Evelis Andrade) y Voces de Paz (Jairo Estrada).

Los congresistas acogieron varias proposiciones y negaron otras, principalmente las que contrariaban la Ley Estatutaria de la JEP y el acto legislativo 01 de 2017.

Victimas

Entre las proposiciones acogidas por la subcomisión está la incorporación de garantías de no repetición, la introducción de los derechos de las víctimas en las audiencias públicas y el respaldo a las funciones de la Procuraduría en la promoción de la participación de las víctimas.

La subcomisión al considerar procedente el ajuste, recomendó ajustar la redacción de modo tal que no se entienda que se trata de una nueva audiencia.

De la misma manera se propuso incorporar que la investigación de los crímenes de competencia de la JEP deberán apuntar a los siguientes objetivos: “Identificar a las víctimas y las condiciones especiales que les ocasionen afectaciones diferenciadas. Determinar los móviles del plan criminal y en especial aquellos que comporten razones de discriminación por etnia, raza, género, orientación sexual, identidad de género, convicciones religiosas, ideología política, etc.”.

En este punto se aceptó una proposición de la representante por Bogotá, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que añade a los objetivos anteriormente señalados el “establecer las rutas del narcotráfico y actividades ilícitas; bienes de los perpetradores y las organizaciones criminales”.

Protección de datos

De la misma manera se propone la protección de nombres y demás datos sensibles, en los casos que involucren menores de edad y delitos de violencia sexual.

Las medidas cautelares también tendrán como propósito: La protección de las víctimas y el real restablecimiento de sus derechos.

Igualmente se establece un término de 90 días para que presente su ponencia la sección de primera instancia en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y además, se establece un término de 60 días para que la Unidad de Investigación y Acusación radique su escrito de acusación en la Secretaría judicial de la JEP.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas establecerá las medidas para garantizar la participación de las víctimas cuando deseen pronunciarse sobre las medidas restaurativas. Las víctimas o el Ministerio Público pueden solicitarle a la JEP que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la libertad condicionada.