TRES exigentes condiciones previas que con su respectiva verificación deben llevar en los próximos meses a un “acuerdo histórico” que permita resolver el conflicto en Cataluña impuso el expresidente de la Generalitat, eurodiputado de Junts y huido de la justicia desde 2017, Carles Puigdemont a los socialistas españoles para respaldar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Dejando en claro, una vez más, “hay evidencia acumulada de que no hay camino alternativo a la independencia para garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña como nación", Puigdemont expuso tanto sus ‘requisitos’ para resolver el “dilema de compleja resolución” que enfrenta tras las pasadas elecciones generales y evitar el regreso a las urnas.

Como se sabe, el Partido Popular que fue el más votado el pasado 23 de julio, logrando 137 diputados en la Asamblea Nacional, mientras que el gobernante Psoe, alcanzó 121. El umbral requerido para investir a un jefe de gobierno es de 176 votos, lo que los conservadores populares no logran, aun sumando al otro partido de esa tendencia, Vox (33 escaños), por su enérgica defensa a la soberanía e integridad territorial que significaría pactar con los partidos independentistas.

En cambio, los socialistas liderados por Sánchez, buscan a toda costa permanecer en el poder para lo que han hecho o buscan pactos con Sumar (izquierda con 31 curules), el nacionalista Bildu (6), la Esguerra Republicana de Cataluña (7), el Partido Nacional Vasco (5) y el independentista Junts (7).

Charlados, como se dice popularmente con varios de ellos, la gran incógnita es la de este último partido, porque el apoyo o abstención de su reducido grupo de congresistas en la votación de investidura es clave.

De allí que un reoxigenado Puigdemont pusiera ayer los puntos sobre las ´íes’ al gobernante Sánchez para viabilizarle otro mandato ya que, como reseñamos anteriormente, el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, resignará su opción de poder por el respeto a la Constitución y la integridad territorial de España.

Desde Bruselas, el jefe natural de Junts argumentó que el Gobierno debe reconocer la "legitimidad" del independentismo, una amnistía a los encausados por el 'procés' y garantías de cumplimiento de los acuerdos como condiciones previas para empezar a negociar su apoyo a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Además, agregó, todo ello sin renunciar a la unilateralidad y además, poniendo en marcha un mecanismo de mediación.

Dijo que estas condiciones, que cree que ahora no se dan, deben preceder a una negociación para llegar a un "acuerdo histórico" con el objetivo de resolver el conflicto en Cataluña que, a su juicio, se remonta a 1714.

Si no se aceptan esos requisitos -sostuvo- "no tendría ningún sentido" embarcarse en una negociación de investidura del candidato del Psoe y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Aun así, Puigdemont advirtió que "solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato del 1-O", y añadió que no existen impedimentos constitucionales para celebrarlo. En este punto, ha citado el artículo 92 de la Constitución española.

"España, como decía, tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad", insistió.

“Un pacto histórico”

En cuanto al reconocimiento de la legitimidad del independentismo, Puigdemont sostuvo que no se puede negociar con quien en una directiva de inteligencia fija a los independentistas como "segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista", ante lo que exigió respetar su movimiento político.

La segunda reclamación es el "abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo", que cree que debe materializarse en una ley de amnistía que cubra el 9-N de 2014, el 1-O y los disturbios durante las manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS).

Esta amnistía -indicó- "debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner punto y final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios", rechazando así la posibilidad de que ese perdón afecte a los policías encausados por las actuciones del 1-O, algo que pidió estudiar el negociador de Sumar, Jaume Asens.

"También es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado", agregó el eurodiputado, quien el lunes se reunión con la No.3 del socialismo, Yolanda Díaz, para evaluar el apoyo al Sánchez.

La tercera condición de Puigdemont es crear un "mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías de cumplimiento y seguimiento de los acuerdos", algo que según él, no ofrecen ni Psoe ni PP.

Este mecanismo es imprescindible para iniciar una negociación –agregó. porque la experiencia les "impide tener confianza en la palabra" de estos dos partidos.

En ese sentido, manifestó que el "cumplimiento de compromisos por avanzado es una manera de verificar" que los acuerdos se cumplen, como ocurrió con el pacto para que el catalán sea oficial de la UE, pero que no puede aplicarse a procesos de tramitación larga.

Su cuarta condición fue "fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos fundamentales" y las libertades, insistiendo que ninguna de estas reclamaciones es contraria a la Constitución ni a los Tratados europeos.

Y, más allá de esas reclamaciones, Puigdemont recordó un “gran paquete de cuestiones materiales pendientes", tanto en lo económico como en lo social que, dijo, serán de más fácil resolución si se reconoce “el derecho de Cataluña a la autodeterminación”.

Insistió en que es la “falta de voluntad política” lo que ha impedido la celebración de un referéndum de independencia “amparado en el artículo 92 de la Constitución” y que si finalmente abre una negociación con los socialistas, "viabilidad y éxito" dependerán de los avances que se pacten en estos cruciales temas, que se lograrán con un “pacto histórico”.

Con el sartén de definición gubernamental por el mando, el expresidente de la Generalitat recordó que la única salida a esta compleja situación política es “pactar”, aunque admitió que ello tiene dos problemas: que el acuerdo es un recurso "inhabitual" en España y que el mismo precisa del apoyo de Junts, formación a la que según él “han arrinconado, menospreciado y atacado” tanto los socialistas como los conservadores.

Optimismo gubernamental

El gobierno español continúa convencido de que logrará un acuerdo con Junts para la investidura tras el pronunciamiento de Puigdemont, aunque consideró que las exigencias de amnistía y referéndum se encuentran en planos distintos.

Voceros oficiales aseguraron que las palabras pronunciadas el lunes por Sánchez de que el acuerdo con esa formación política "se puede, se debe y se va a hacer" siguen teniendo vigencia con esas condiciones sobre la mesa.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que estudiarán “todos los alcances” de las peticiones de Puigdemont, “con un objetivo concreto y claro, garantizar la convivencia en nuestra sociedad”, mientras que la portavoz de La Moncloa y ministra de política territorial en funciones, Isabel Rodríguez, manifestó que bien si la posición de Puigdemont y el gobierno están en las “antípodas” dialogarán respetando “el marco constitucional”.

Así las cosas, la creciente inquietud de los españoles es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para seguir en el poder?