Esa fue la principal conclusión del debate desarrollado en la Comisión Primera del Senado en el que se analizó la dura situación que vive el departamento

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Luego del asesinato de la candidata Karina García en el corregimiento de La Betulia, zona rural del municipio de Suárez (norte de Cauca), y luego de varios hechos de orden público que se han presentado en el departamento, los senadores de la Comisión Primera citaron a debate de control político a todas las autoridades relacionadas.

La conclusión general del debate es que el narcotráfico y la falta de diálogo con la comunidad se han convertido en un caldo de cultivo para el desarrollo del conflicto en esa zona del país.

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El debate comenzó con la intervención de los senadores citantes. Según Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), “hay zonas donde es imposible tener control y dominio del Estado. Esta es una de las heridas que más sangran en el conflicto colombiano. Todos los días hay hechos trágicos. Para agosto de 2017 un total de 37 indígenas han sido asesinados en el norte del Cauca, ha habido 55 amenazas. El 25 de agosto hubo un ataque contra 40 indígenas entre niños, mujeres y ancianos. Además, entre noviembre de 2016 y agosto de 2019 se han presentado 244 amenazas y 68 asesinatos”.

Según el senador Barreras, el Estado debe estar pendiente de los precursores químicos necesarios para la producción de cocaína “de 5439 estaciones de gasolina registradas en el país 1249 se ubican en las zonas donde hay mayor número de hectáreas cultivadas con coca, solo en el Cauca hay 88”.

Así mismo, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sostuvo que “de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, 70 se encuentran en grave riesgo y 39 están en situación de inminente exterminio. Por razones de carácter racial, político, organizativo o territorial estamos asistiendo en Colombia a 39 genocidios. Hay tres autos de la Corte Constitucional, uno de junio de este año que le dicen a este país que hay un estado de cosas inconstitucionales en el Cauca. No podemos asistir impasibles ante el extermino de estas personas”.

Sin embargo, el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, hizo la declaración más fuerte del debate: “Claro que Santos fue presidente y también Pastrana, y también Samper y Belisario y Bolívar y Santander, pero hoy hay un Gobierno, un Presidente y unos ministros. Respóndanle al país. A Karina la mataron porque retiraron la tropa de la Betulia”.

El congresista se mantuvo en su declaración, pues según dijo “está claro y demostrado que eso sucedió. Es cierto que la responsabilidad directa del hecho criminal es de quienes la ejecutaron, de los autores materiales, a quienes pedimos les caiga el peso de la ley, pero es claro que lo que he dicho es cierto. El Ejército debía estar allí”.

Superar el problema

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, rechazó la afirmación de Ortega: “Aquí nos dicen que la situación que se presenta es responsabilidad del Estado. El Senador es parte del Estado. Es tan servidor público como nosotros. Aquí no se trata de señalar la responsabilidad, sino de trabajar conjuntamente para superar esta problemática”.

Según dijo, “en Colombia no hay territorios vedados para la Fuerza Pública. No hay territorios vedados, pero el Gobierno es respetuoso con los pueblos indígenas y se busca la coordinación para perseguir a los bandidos. Lo que queremos es trabajar juntos contra los delincuentes que han llegado a atemorizar a la población. La Guardia ha tomado la decisión de perseguir a los delincuentes. Mire lo que pasó para bajar los transformadores con los cuales se seca la marihuana. Hay un acuerdo entre la Fiscalía y la Guardia para ir a bajar esos transformadores, pero los bandoleros se roban los carros y atentan contra la Guardia. Los bastones no son suficientes para enfrentar a estos criminales organizados cuyo único propósito es el narcotráfico y por eso se llevan de frente la vida de los indígenas. Aquí no nos enfrentamos a una posición ideológica. Aquí es la fuerza de la legalidad del Estado contra los bandoleros armados que son capaces de cometer crímenes atroces”.

Campos minados

A su turno, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que “no se movieron las tropas, ni de Bellavista ni de la Betulia. Las tropas no llegaron porque es muy difícil de cubrir el territorio. Ellos no estaban muy lejos, pero un acto terrorista se comete en cuestión de segundos y dejan a las tropas sin capacidad de reacción en un terreno supremamente difícil”.

Según dijo, el Ministerio recibió la alerta de la Defensoría del Pueblo, pero es un territorio en el que es difícil de ejecutar. “Suarez no es municipio fácil. Tiene 390 kilómetros cuadrados de extensión y solo 3,5 kilómetros en su cabecera municipal. Todo lo demás es rural y eso lo que teníamos que proteger. Y según esto teníamos que proteger 11.200 personas, el 66% de la población total. Y en Betulia hay 1.305 habitantes distribuidos en todas las veredas”.

Así mismo, sostuvo que “luego de la muerte de la candidata, que obviamente lamentamos, los delincuentes estaban allí esperando a las tropas. Había campos minados. Quiero recordar que el suboficial Hernández fue asesinado de un disparo que venía de una vivienda. El origen del conflicto en esta zona del país no es otro que el narcotráfico. Allí es donde tenemos el origen de todos los males. Lo que allí pasa está fundamentado en ese negocio criminal que busca un corredor de salida hasta el rio Naya que les permite llegar a la Costa Pacífica para enviar esa droga a Centro América. Hay 17.200 hectáreas sembradas de las cuales hemos erradicado 1.026. Lastimosamente hemos estado concentrados en Nariño y Putumayo”.

A su turno, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, pidió que se organice junto a las autoridades indígenas, el Gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil una carpa blanca “desde la que se coordinen todas las acciones inmediatas para que allí llegue el Estado. La carpa tendría una función: verificar los hechos, crear una ruta de respuesta inmediata y un mapa de actores”.