Por partida triple
Al hacer un recuento de lo “peor de 2021”, el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, se fue lanza en ristre contra los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero; de Bogotá, Claudia López; y de Cali, Jorge Iván Ospina, que están ubicados en orillas políticas distintas al uribismo. Sobre la situación en la capital antioqueña, Valencia señaló “la inexperiencia administrativa de Quintero, quien con un discursito disfrazado de ‘cambio’ ha dejado a Medellín sumida en el miedo. Error tras error, mentiras, presiones, malas decisiones y oportunismo. Eso fue su año”. Luego se refirió a la mandataria de la capital del país, señalando la improvisación en la alcaldía de Bogotá. “Pintar puentes por qué si, cuando hay problemas titánicos como la inseguridad, una malla vial fatal y descuidada, y vándalos sin Dios ni ley. ¡Ah! Y ni hablar del POT por decreto”. Finalmente sobre Ospina, el senador uribista alertó en cuanto a la “violencia crítica vivida en Cali y su gobernante de turno que no ha hecho nada por detener el caos. En cambio, legitimó a la primera línea, que destrozó a la ciudad e incluso le dio trabajo sus integrantes”.

En la mira  

Es muy posible que varios alcaldes arranquen este 2022 con el riesgo de una pesquisa disciplinaria por parte de la Procuraduría. Esto porque el pasado 24 de diciembre el Ministerio Público alertó a los mandatarios municipales y distritales sobre el deber legal que les asistía de cumplir con las transferencias de subsidios a los operadores de acueducto, alcantarillado y aseo en sus territorios. Incluso se les advirtió que debían quedar al día para el cierre de la vigencia 2021 y que el miércoles pasado vencía el plazo máximo para que las autoridades territoriales remitieran el paz y salvo suscrito por los prestadores. La Procuraduría fue enfática en que “… los municipios y distritos que aún tienen deudas de vigencias vencidas con los prestadores deben tomar los correctivos inmediatos que apunten a solucionar la problemática existente”, teniendo en cuenta que “ningún ente territorial puede adeudar subsidios de vigencias vencidas”. Se espera que ahora el ente disciplinario haga el respectivo barrido para saber qué alcaldes cumplieron y cuáles tendrán que enfrentar investigaciones.

Para el próximo (I)

Uno de los principales temas del último tramo de la legislatura para el gobierno Duque será la suerte del proyecto de ley para que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú. Como se sabe, la iniciativa, que se hundió en el primer semestre del año pasado, pese a tener mensaje de urgencia, volvió a ser presentada a comienzos de noviembre por la Casa de Nariño, esta vez sin mensaje de urgencia, lo que generó polémica con sectores de la oposición. El proyecto no alcanzó a ser debatido en primer debate e incluso no se le nombraron ponentes en la comisión segunda del Senado.

Para el próximo (II)

“… Si me pregunta le puedo decir que es muy posible que en los escasos tres meses de trabajo que le restan a este Congreso (entre mediados de marzo y la tercera semana de junio) no se alcance de tramitar este proyecto, que tiene muchas posiciones encontradas… Lo más seguro es que ese sea uno de los temas que desde ya se sabe que quedarán para el próximo Congreso y el próximo Gobierno, porque en los actuales no tiene viabilidad alguna”, le dijo un congresista a un periodista de EL NUEVO SIGLO.