* Desafíos de delincuencia común y organizada

* Clave aplicación de nuevas leyes y reformas

Si bien es cierto que al actual Gobierno le restan apenas siete meses en el poder, resulta claro que le corresponde fijar las metas multisectoriales para todo el 2022. En ejercicio de esa labor anunció días atrás las proyecciones en materia de seguridad y orden público.

Se trata de metas, sin duda, muy ambiciosas, empezando por una reducción del 10% en materia de homicidios, un campo en el que el actual Ejecutivo destaca que entre los años 2018 y 2021 se logró la menor tasa en cuatro décadas. A ello se suma la eliminación por completo del secuestro así como un avance superlativo en la judicialización y captura de vándalos, terroristas e integrantes de organizaciones criminales de todo tipo. Tras los últimos graves hechos en materia de desorden público, en Arauca y Cali especialmente, es claro que se requiere ajustar la estrategia de combate al Eln, los grupos residuales de las Farc y las bandas criminales de alto espectro, como el ‘Clan del Golfo’, ‘Caparros’ y otras.

A ello se suma la meta de erradicación de no menos de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos y un aumento en las incautaciones de alcaloides, tras marcar un récord en 2021 en este último aspecto, con el decomiso de 659 toneladas de cocaína y 5.714 narcolaboratorios destruidos. Aquí será clave la continuidad de la lucha contra el microtráfico, a través del plan para acabar con las ‘ollas’ y cadenas de expendio de estupefacientes, sobre todo de aquellas que medran en los parques y entornos educativos, en busca de ‘esclavizar’ a niños y adolescentes.

En cuanto a delitos de alto impacto, se apuesta por una cruzada mayor contra el hurto, sin duda una de las conductas ilegales que más afecta a los colombianos. En este rubro se plantea, además, un monitoreo semanal sobre las tasas y modalidades, con el fin de ir ajustando periódicamente las estrategias de las autoridades locales.

Es claro que en todas estas metas una pieza clave será lo ordenado por la nueva Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que no solo agrava las penas por delitos como el hurto con violencia y el vandalismo, sino que además establece medidas para evitar que los criminales reincidentes regresen rápidamente a las calles para seguir victimizando a la ciudadanía.

Resulta evidente que esta nueva herramienta legal será funcional en la medida en que exista una mayor coordinación entre las autoridades nacionales con los gobernadores y los alcaldes para su respectiva aplicación de forma diligente. Por igual se requerirá de la participación activa de los fiscales y jueces, en cuyas manos está la aplicación final de los aumentos de penas y las restricciones a la excarcelación. Por igual debe tenerse en cuenta que el Inpec y el resto del sistema de prisiones, ya sean de orden nacional, departamental o municipal, deben prepararse para un aumento de la población reclusa como consecuencia de la nueva normatividad de seguridad ciudadana.

De forma paralela a la entrada en vigencia de esta Ley de Seguridad Ciudadana deben empezar a aplicarse las reformas al régimen de carrera y código disciplinario de la Policía, destinadas a mejorar no solo la situación laboral de los uniformados sino a incrementar los mecanismos de vigilancia sobre su accionar, con el fin de garantizar su correcto procedimiento en defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos.

Otro de los grandes retos este año, sin duda alguna, será el relativo al operativo de seguridad de la campaña electoral, no solo para evitar que grupos de delincuencia común y organizada traten de boicotear el ejercicio tranquilo y transparente del proceso democrático, sino de infiltrar la cita a las urnas a través de prácticas como el trasteo o compra de votos, la financiación ilegal de la actividad proselitista o el fraude…

Como se ve, son muchas y muy ambiciosas las metas que el Gobierno se puso para este año en materia de seguridad y orden público. Más allá del eterno debate entre estadísticas de las autoridades y percepción ciudadana, así como del hecho de que, según las autoridades, acabamos de vivir el “diciembre menos violento en 19 años”, es claro que esta es una de las mayores problemáticas para la ciudadanía. De hecho, en medio de la campaña presidencial es uno de los rubros con mayor cantidad de propuestas de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño. El arranque, tras la matanza de 27 personas en Arauca y el atentado contra la Policía el viernes pasado en Cali, no ha sido fácil, pero hay que confiar en la capacidad de la Fuerza Pública y las autoridades para hacer frente al desafío criminal de todo tipo.