Tras la vacancia judicial desde el pasado 19 de diciembre, a partir de hoy las altas Cortes reinician su actividad este año incluidas varias demandas clave en la Constitucional y el Consejo de Estado, así como sonados procesos penales contra aforados en la Suprema de Justicia, frente a los cuales el país espera definiciones.

Uno de los fallos en el Consejo de Estado que concita más interés tiene que ver con la implementación de la técnica del fracking en Colombia, la cual depende de qué suceda con una demanda de nulidad contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, en donde se fijan los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

En noviembre de 2018 el alto Tribunal atendiendo dicha demanda suspendió los efectos de estos actos administrativos mientras que emite un fallo de fondo.

El Gobierno y el sector minero esperan con ansias este fallo con la esperanza de poder implementar esta técnica que promete dinamizar la explotación de petróleo y gas; en tanto que organizaciones ambientalistas, que presentaron esta demanda por los eventuales impactos en el subsuelo y el agua, aspiran a que le cierren la puerta.

También el Consejo de Estado debe pronunciarse en las primeras de cambio este año ante las demandas de nulidad de la elección del fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y la entrante procuradora general, Margarita Cabello, quien se posesiona el próximo lunes.

Desde julio pasado la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda a la elección del Fiscal General interpuesta por un estudiante de Derecho, quien considera que el alto funcionario debe cumplir un periodo institucional no personal de cuatro años. Barbosa, como se sabe, fue elegido en febrero pasado tras la renuncia de su antecesor Néstor Humberto Martínez, quien cumpliría su periodo de cuatro años en julio pasado.

En lo que toca a la entrante Procuradora, el alto Tribunal ha admitido hasta el momento cuatro demandas contra el acto de elección del Senado, pues argumentan que estaría incursa en una inhabilidad desde que fue incluida en la terna por el Presidente de la República, debido a que en el año anterior se desempeñó como Ministra de Justicia.

También el Consejo de Estado se encuentra pendiente de pronunciarse acerca de una docena de demandas que acumuló contra los resultados de las elecciones al Congreso en 2018, y que de ser favorable a los accionantes podría modificar parte del actual Senado.

Corte Constitucional

Tras las vacaciones el alto Tribunal debe comenzar el estudio del proyecto de reforma al Código Electoral que acaba de aprobar el Congreso, que por tener carácter estatutario tiene control previo antes de que el presidente Duque lo sancione como ley.

Tras su aprobación uno de los aspectos que según algunos parlamentarios podría caerse en la Corte es que deja solo en la Registraduría la autenticación de los datos de los ciudadanos, lo que contrariaría la Ley 1581 del 2012 sobre protección de datos de las personas, en donde se permite que esta actividad también la desarrollen los privados.

La Corte debe también pronunciarse acerca de tres demandas contra la reforma constitucional aprobada el año pasado por el Congreso, que introduce la cadena perpetua a los abusadores y violadores de niños.

También tiene entre manos un asunto polémico como son cuatro demandas que piden la legalización del aborto, frente a lo cual el alto Tribunal debe resolver si cabe dar este paso o se atiene a lo que estableció en 2006 en una sentencia, en la que mantuvo la penalización de esta práctica, aunque introdujo tres causales en que se permitiría en casos extremos.

Corte Suprema

El pasado 12 de marzo la Corte Suprema abrió una indagación preliminar al expresidente Álvaro Uribe por los audios en que es mencionado en las conversaciones del ‘Ñeñe’ Hernández, en las cuales se hace alusión a la supuesta compra de votos en favor del entonces candidato Iván Duque en los comicios de 2018.

A pesar de que Uribe renunció el año pasado al Senado, el alto Tribunal mantuvo la competencia en este caso en el cual ha decretado varias pruebas y citó a declarar algunas personas cercanas a esa campaña, y se espera que en los próximos meses determine si hay mérito para abrir una investigación formal o por el contrario archiva el caso.

También en esta Corte sigue el juicio al exmagistrado Gustavo Malo por su presunta participación en el llamado ‘Cartel de la Toga’, el mayor escándalo de corrupción en la justicia del país en todos los tiempos.

De igual manera seguirá su curso la investigación al suspendido senador Eduardo Pulgar, a quien la Corte ordenó su captura el pasado 1º de diciembre en una investigación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.