Fundamentada en una supuesta violación al derecho al debido proceso la defensa del expresidente Uribe presentó una tutela contra la decisión del juez Cuarto Penal de Bogotá, que en noviembre del año pasado determinó que el exmandatario ya fue imputado en la Corte Suprema en la investigación que se sigue en su contra por el delito de presunto soborno de testigos y fraude procesal.

Como se recordará, la Corte Suprema le abrió al exmandatario una investigación porque supuestamente tuvo que ver con ofrecimientos que su abogado Diego Cadena habría hecho a testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda, y señalaran que este les habría prometido beneficios si vinculaba a Uribe y a su hermano Santiago con grupos paramilitares.

No obstante el año pasado tras la renuncia de Uribe al Senado la Corte Suprema perdió la competencia del caso y pasó a la Fiscalía.

El juez Cuarto Penal tuvo que decidir sobre la libertad de Uribe, que había sido cobijado con medida de aseguramiento por la Corte, y aunque determinó que no había razones para que estuviera detenido, el operador judicial consideró que la indagatoria que alcanzó a adelantar la Corte podía ser considerada como una imputación.

El abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe, dijo que el juez "desbordó su competencia" para decidir sobre asuntos que, según él, solo podían ser definidos por la Fiscalía General. También, por definir asuntos que no hacían parte del objeto de la audiencia, pues para la defensa en esa diligencia únicamente el juez se debió haber pronunciado sobre la libertad del expresidente.