Es alta la posibilidad de que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas sobre el acuerdo de paz con las Farc pueda hacer un monitoreo a la forma en que se cumplan las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
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El sábado pasado el país se sorprendió cuando el presidente Iván Duque anunció que le había enviado una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, en la que le solicitó ampliar el mandato de la Misión de Verificación del organismo en Colombia para que haga un seguimiento y verifique la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional.
Duque aseguró que en la misiva, elaborada con el alto consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, “le pedimos al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas que extienda el mandato de la Misión de Verificación que tiene en Colombia, para que se haga un seguimiento minucioso y se verifique la aplicación de sanciones por parte de la justicia transicional y que verifique el cumplimiento efectivo de las mismas”.
Tras explicar que “esa comunicación está orientada a que se cumplan los principios de verdad, justicia y reparación y no repetición”, Duque agregó que “ese es un paso que queremos dar para garantizar efectividad en las sanciones y que esto también sea conocido por el Consejo de Seguridad de la misma organización”.
¿Qué tan posible es que la ONU acepte esta solicitud que, sin duda alguna, significará una veeduría externa de alto impacto sobre la capacidad de la JEP para hacer cumplir las sanciones que imponga a exguerrilleros, exintegrantes de la Fuerza Pública y civiles sometidos voluntariamente a esa jurisdicción por la comisión de delitos de guerra y lesa humanidad?
EL NUEVO SIGLO tuvo acceso, en forma exclusiva, al texto de la misiva enviada, el pasado 13 de enero, por el presidente Duque a la cúpula de la ONU. Allí queda claro que no se trata de una solicitud de marca menor y que el nuevo rol que se le propone a la Misión tiene amplias implicaciones. No hay que olvidar que el Gobierno y distintos sectores del país han insistido en que la JEP es muy lenta en la imposición de sanciones individuales y colectivas, dando lugar a un clima de impunidad muy grave.
En la misiva queda claro que fue la propia Misión la que en septiembre del año pasado propuso que se le facultara para hacer esa verificación sobre el cumplimiento de las sanciones de la JEP. También se afirma que el partido Farc estaría de acuerdo con esa ampliación del mandato a esta instancia de vigilancia de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016.
El Gobierno está a la espera de que en los próximos días tanto el Consejo de Seguridad como la Secretaría General del ente multilateral respondan la solicitud. Es de esperar que lo hagan de manera positiva toda vez que, como lo dice la propia carta de Duque, fue esa instancia la que propuso avanzar en esa dirección de verificación sobre las sanciones impuestas por la JEP.
De acuerdo con el Jefe de Estado, una vez se conozca la respuesta oficial, esta será analizada por el consejero Archila, el alto comisionado de Paz Miguel Ceballos y Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la Misión de Verificación. Este lunes, al cierre de esta edición, no se conocía reacción de la JEP ni el partido Farc.
El siguiente es el texto de la misiva de Duque a la cúpula de la ONU:
A su Excelencia
TAREK LADEB
Presidente del Consejo de Seguridad
Organización de las Naciones Unidas
Nueva York
A su Excelencia
ANTONIO GUTERRES
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Nueva York
Sus Excelencias:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con ocasión de hacer referencia a la adición del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, aprobado por la Resolución 2366 (2017) del 10 de julio de 2017.
Dicho mandato se centra actualmente en la verificación de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo firmado por el Estado Colombiano con el antiguo Grupo Armado Organizado FARC, relacionados con la reincorporación social, económica, política y con las medidas de seguridad personal y colectiva, y de protección para las comunidades y organizaciones sociales.
Por ello, y en concordancia con el párrafo 3 de la Resolución 2545 (2020) del 25 de septiembre de 2020 que señala que el Consejo de Seguridad "Recuerda que en el Acuerdo Final se prevé que la Misión de Verificación tenga el papel de verificar el cumplimiento de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, y expresa su disposición a considerar de manera oportuna la posibilidad de añadir esta tarea al mandato de la Misión de Verificación", el Gobierno Nacional, una vez realizadas las correspondientes consultas con las instituciones pertinentes, solicita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una adición del mandato de la Misión de Verificación en Colombia con el fin de que ésta pueda apoyar al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz en las tareas de verificación de las sanciones denominadas propias que esta profiera.
Esta verificación de cumplimiento tendría como objeto establecer (i) si los sancionados cumplen la sanción y (ii) que se brinden por parte de las autoridades nacionales y locales las condiciones necesarias para la implementación de lo dispuesto por la JEP en las sanciones impuestas, en armonía e integralidad con la implementación de los demás componentes del Acuerdo y las normas que lo desarrollan.
Para lo de su competencia, la Misión de Verificación compartiría con la JEP la información correspondiente, que deberá versar sobre las sanciones individuales y la evolución general de su implementación, precisando lo correspondiente a las condiciones de justicia, verdad, reparación y no repetición. La información remitida por la Misión de Verificación a la JEP deberá precisar el avance o no en el cumplimiento de los diferentes componentes de las sanciones impuestas, sin que incluya la emisión de valoraciones sobre las decisiones de la jurisdicción en términos jurídicos o de su correspondencia con parámetros internacionales. Dicha información también podrá ser compartida con otras autoridades para lo de su competencia.
La Misión ejercería un rol de apoyo completamente independiente a la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz, cuando este así lo requiera articulada con las entidades nacionales y locales que puedan asistirla en el monitoreo y verificación correspondiente, de conformidad con la ley. Para ello, la coordinación estará a cargo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y de esta, junto con el Ministerio de Defensa Nacional para los casos de miembros de la Fuerza Pública, que de acuerdo a las normas correspondientes, en particular la Ley 1957 de 2019, serán monitoreados por una dependencia de dicho Ministerio, encargado de apoyar al Tribunal para la Paz, cuando este así lo requiera.
El apoyo decidido de las Naciones Unidas a Colombia será primordial para que en los territorios continúe la implementación según lo pactado entre las partes y culmine de manera exitosa.
Las funciones adicionales que adelantaría la Misión Política Especial en virtud de la ampliación del mandato solicitada en esta comunicación se adelantarían desde el día en que la Jurisdicción Especial para la Paz profiera la primera sanción propia. En la medida que sea preciso y en concordancia con la extensión de las sanciones, este mandato podrá ser prorrogado. Cabe señalar que FARC ha expresado su acuerdo al Representante Especial del Secretario General, Carlos Ruiz Massieu, en relación con los términos descritos en la presente nota.
En nombre de mi país, aprovecho esta oportunidad para reiterar a los miembros del Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas, un especial agradecimiento por el continuo apoyo al proceso de estabilización y consolidación de la paz que lidera el Gobierno Nacional.
Sea la oportunidad de reiterar a su Excelencia la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.
Iván Duque Márquez
Presidente de la República