En los 90 días que transcurrieron desde que se radicó ante el Concejo de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), muchas cosas pasaron en el marco de la discusión de este documento, al que se le vencieron los tiempos para que fuera aprobado por Acuerdo.  

Entre los sucesos que se derivaron del estudio de este documento, para varios cabildantes se hizo clara la necesidad de reformar el reglamento de esta Corporación, pues la mayoría de los hechos que dilataron que se comenzara a debatir este plan de ordenamiento fueron impedimentos y recusaciones que el Concejo tiene la obligación de tramitar. No obstante, en la normativa del mismo no hay mayores especificaciones sobre cómo hacerlo.

A este respecto, dos salvedades se hacen pertinentes: la primera de ellas es que la modificación del artículo alusivo a cómo se deben tramitar los impedimentos y recusaciones es apenas uno de los tantos aspectos del reglamento que se buscarán cambiar, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en el marco del debate del Plan, pero hay otros.

Y la segunda y la más importante es que, aunque se hagan modificaciones más de carácter mecánico al reglamento, el problema de fondo subsistirá, por el sencillo hecho de que una recusación realizada por cualquier ciudadano en contra de un concejal, la corporación tendrá siempre la obligación de tramitarla.

“Esto no depende del reglamento interno sino de la ley. Si bien el reglamento tiene algunas falencias que, en efecto, deben ser revisadas, estas modificaciones no van a solucionar el tema principal, ¿qué es cuál? Que en el caso del POT se presentaron 186 recusaciones que paralizaron el proceso. Por ejemplo: una vez notificada una tutela, el Código Contencioso Administrativo (Cepaca) dice que se suspende el proceso, al igual que en una recusación o impedimento. Así que no es de reglamento. Esa parálisis proviene de la ley y en ese sentido vamos a modificarlo, pero realmente lo que paralizó el proceso del POT fue el Código y el proceso administrativo que ya te mencioné”, le explicó a EL NUEVO SIGLO el concejal de Colombia Justa y Libres Emel Rojas.

Específicamente sobre este respecto, el concejal del Polo Carlos Carrillo también fue claro al advertir que hay cosas que no puede cambiar el reglamento porque están en instancias como el Cepaca, “pero por ejemplo sí podríamos cambiar que se puedan dar en la misma fecha plenarias y comisiones”. A este respecto vale mencionar que hoy por hoy los impedimentos y recusaciones solo se tramitan en la plenaria.

“Eso es algo que debería ser posible; que si estamos en comisión del Plan por la mañana pero se presenta la necesidad de discutir una recusación o lo que sea, deberíamos poder citar de urgencia a la plenaria para ese mismo día. Es absurdo que no pueda haber ambas sesiones en el mismo día, como en el Congreso de la República”, indicó el concejal Carrillo.

Impedimentos y recusaciones

Ahora bien, ¿en dónde residió el problema que impidió que, en el transcurso de tres meses, arrancara la discusión y el debate del POT? Para responder a esta pregunta hay que remitirse al Artículo 118.

Denominado “Trámites de los impedimentos y recusaciones”, este apartado del reglamento del Concejo establece que en caso de que haya un impedimento, el concejal enviará dentro de los tres días calendario siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al presidente de la Corporación, quien lo someterá a consideración de la Plenaria, la cual decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 10 días calendarios siguientes a la fecha de su recibo.

Y de manera aún más relevante, el reglamento establece que “cuando cualquier persona presente una recusación”, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha de su formulación, y “la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida”.

Vale resaltar que “cualquier persona”, durante la tramitación del POT, se tradujo en decenas de ciudadanos como Evaristo J. Solano Murcia, Daniel Alfonso Reyes (que recusó a los concejales Martín Rivera y Carlos Fernando Galán), Germán Darío Canón Niño y Vanesa W. Sierra Guevara, por hacer mención de algunos.

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Los cambios que se pueden hacer

Dicho esto, la intención general, le aclaró la concejal del Centro Democrático Diana Diago a EL NUEVO SIGLO, es puntualizar cómo se deben tramitar los impedimentos y recusaciones.

“Primero que todo, estos deberían poderse discutir en las comisiones que se radican y hacer el trámite más expedito, puesto que estas mismas, hoy por hoy, solo pueden tramitarse en plenaria. No deberíamos tener que esperar tres días para darle trámite a las recusaciones. El reglamento señala que se debe agendar una sesión solo para impedimentos pero eso es inocuo: si se abarca el impedimento y se puede avanzar, pues se avanza”, indicó la concejal Diago, quien añadió que toda modificación al reglamento del cabildo es potestad de los concejales.

“El Concejo es la primera autoridad administrativa de la ciudad y se rige por sus propias normas. Nosotros estamos amparados bajo las normas generales como el Estatuto Orgánico de Bogotá, la Constitución Política y las normas concordantes, pero eso no quiere decir que no podamos hacer estas modificaciones. Esto se debería haber hecho hace un año. Si lo hubiéramos hecho el POT se habría podido discutir”, finalizó diciendo la concejal.

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Debates e intervenciones

Otro de los aspectos abiertos al cambio son los tiempos de intervención de bancadas y de priorización de debates. No obstante, de acuerdo con la concejal Diago, no es lo mismo cuando se es de una bancada pequeña como la de su partido, en donde son cinco los integrantes, a cuando la bancada es de 12. “No es equitativo y no está determinado. Eso se tiene que organizar”, indicó la concejal Diago.

A este respecto, el concejal Carillo dijo que los debates de control político están mal planteados “y el debate debe ser del concejal y no de la bancada. Cuando se hace un debate habla el citante y después habla toda la bancada que, en el caso de los bancadas grandes, hacen que no se pueda terminar el debate en una sola sesión”.

Añadió que “si a eso le sumas que 'Concejo como vamos' le dice a los concejales que intervengan porque sí, porque tienen que hacerlo y no porque tengan algo importante que decir, hace que se metan todas las intervenciones, el mensaje de denuncia se pierde en un mar de repeticiones y las repuestas de la administración muy rara vez se dan en el mismo debate. Debería haber un contrapunteo para escuchar ahí mismo la respuesta de la administración y tener la oportunidad de controvertirla”, indicó el concejal Carrillo.

Por último, el concejal del Polo también tiene una propuesta para introducir un apartado de discusión de proyectos especiales. “No es lo mismo discutir un proyecto de Acuerdo sobre las colillas de los cigarrillos, que discutir el Plan de Ordenamiento Territorial o el ingreso de la ciudad a la Región Metropolitana. Esto lo queremos proponer para buscar más equidad al interior del Concejo”, indicó Carrillo.