Desde el inicio de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN -primera guerrilla en sembrar minas en los campos colombianos-, la sociedad ha guardado cierto escepticismo sobre el éxito de las mismas, por distintas razones. Una de estas es el hecho de que en el pasado hubo múltiples intentos por buscar una salida negociada al conflicto y todas fracasaron por las posturas radicales de la agrupación guerrillera.
Por otra parte, a pesar del anuncio del pasado 4 de septiembre de 2017, cuando el Gobierno señaló la existencia de un cese bilateral al fuego con esta guerrilla, según el mecanismo de monitoreo de la ONU hubo 36 violaciones al cese al fuego, como la masacre en Magüí Payán (13 personas asesinadas y 138 desplazadas), el secuestro y asesinato del gobernador indígena Isarama o las acciones de expansión territorial de al menos tres frentes del ELN en las selvas de Chocó, dedicadas a atacar a la población civil -especialmente resguardos indígenas- que habita en las zonas que antes “ocupaban” las Farc.
Esta reaparición de la violencia por parte del ELN, cuando su accionar en el escenario nacional era casi nulo, se dio con ocasión de los acercamientos para una salida negociada al conflicto, razón por la cual, esa guerrilla en un afán por demostrar no sólo su “poder y relevancia” en el contexto nacional, sino que éste grupo armado no es menos importante que la guerrilla de Timochenko, desató una ola indiscriminada de violencia dirigida contra la población civil, el medio ambiente y la infraestructura nacional (89 atentados a oleoductos en los dos últimos años). Hechos violentos que se sumaron a los actos criminales cometidos en el pasado, como el incendio de Machuca (Antioquia) - 46 casas se quemaron y 84 personas perdieron la vida-, los asesinatos de Jorge Cristo Sahium y Monseñor Jesús Jaramillo, el secuestro masivo en “La María” y los atentados en enero de 2017 en Bogotá, hechos delictivos que sumados a otros actos criminales dieron lugar a la imputación de 15.896 delitos contra el comando central de esta guerrilla.
La actitud tomada por el ELN, no es otra, que la muestra de los efectos derivados de la forma en que el Gobierno negoció con las Farc, en la medida que, a pesar de los múltiples actos de violencia perpetrados por la guerrilla de Timochenko durante las conversaciones en La Habana, Juan Manuel Santos continuó con las negociaciones haciendo caso omiso a esta grave situación, creando en el imaginario colectivo de cualquier agrupación criminal que pretenda sentarse a dialogar con el Gobierno colombiano, la idea de sentirse en la libertad de seguir delinquiendo en Colombia impunemente, mientras expone sus deseos de paz.
Es por eso que, a pesar del llamado de la comunidad internacional para reanudar las negociaciones con el ELN, las mismas no se pueden reanudar hasta tanto no exista un deseo legítimo y voluntad de paz. Los colombianos debemos comprender que la paz no va a llegar, porque Farc y ELN dejan las armas, la paz llegará, cuando la justicia, la salud, la educación y el trabajo, sea accesible a todos los colombianos.
@SamuelHoyosM