Cuestionan uso de impuestos al carbono y bolsas plásticas

Foto archivo AFP.

Estudiar la posibilidad de destinar al sector ambiental los recursos que se recauden por concepto del impuesto al carbono y a la venta de bolsas plásticas, pidió la Contraloría General al Gobierno y al Congreso de la República.

Tras revelar un estudio según el cual “existe un alto grado de incertidumbre sobre la eficiencia y efectividad de los incentivos tributarios para el medio ambiente”, el organismo de control fiscal consideró que el seguimiento que se les está haciendo a estos dos gravámenes no es el adecuado.

La CGR recordó que el impuesto al carbono, también conocido como impuesto verde, está dirigido a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero producidas por el consumo de combustibles fósiles, y que para el consumidor final se refleja como un valor adicional en el precio de los combustibles.

Así mismo, el impuesto al consumo de bolsas plásticas se genera por cada una que es entregada a los consumidores y tiene por objeto desincentivar el uso de este tipo de empaques.

Por ello, la Contraloría se mostró de acuerdo con las recomendaciones que ha formulado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros estudios internacionales que sugieren la necesidad de revisar estos impuestos “a fin de eliminarlos o ajustarlos de acuerdo con los fines para los que fueron creados”.

El estudio económico señala que actualmente de los dineros recaudados por el impuesto al carbono, con la  Ley 1930 de 2018 (Ley de Páramos), están dirigidos al Fondo Colombia en Paz: únicamente 30% para temas medioambientales, y 70% para la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Por ese rubro, la Dian recaudó a noviembre de 2018 un total de $294 mil millones.

Y en cuanto al impuesto a las bolsas plásticas, la Contraloría sugiere vincular a otros agentes económicos que hoy no son responsables del tributo, pues este recae únicamente en los consumidores a través de los responsables del IVA pertenecientes al régimen común, como supermercados, grandes superficies o almacenes de cadena.

A junio del año pasado, la Dian había recaudado por ese concepto $14.510 millones, aunque esa entidad le dijo a la Contraloría que “no puede determinar con certeza el valor específico de dicho recaudo”.

 

No hay control.

En su estudio, el organismo de control fiscal advierte que “el Estado no cuenta con adecuados sistemas de control y verificación que permitan valorar si los beneficios tributarios otorgados corresponden con los resultados ambientales esperados”.

En ese sentido, pone un ejemplo: si una persona o una empresa declara una inversión para la mejora en la calidad del aire, no se verifica si la misma está funcionando, si costó el valor declarado y, lo más importante, si se logró el beneficio ambiental.

La CGR también analizó el impacto de otros subsidios ambientales como el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA).

Y la conclusión fue la misma: “Aunque el CIF es un instrumento sobre el que el Estado puede ejercer un mayor grado de seguimiento, monitoreo y control, su efectividad para contribuir a reducir el impacto sobre la deforestación de los bosques naturales y el potencial para capturar los gases efecto invernadero aún son muy bajos.