EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las bases del proyecto de ley que busca tomar medidas para garantizar la protesta pacífica?
VÍCTOR MANUEL ORTIZ: En primera medida, el proyecto de ley busca garantizar que las personas salgan a marchar de manera pacífica, que lo hagan de manera tranquila, sin ninguna precaución de que actos vandálicos vayan a dañar esa marcha pacífica y lo que en sí se castiga es a esas personas que valiéndose de esas marchas atenten contra los bienes públicos y privados o dañen, lesionen la integridad física de la fuerza pública.
No podemos permitir que de esa manera las marchas se vuelvan violentas, que en últimas se ve afectado el Estado con los daños patrimoniales y se afecta igualmente al sector privado.
ENS: ¿Cuál es la problemática que se presenta actualmente frente a este tema?
VMO: Muchos colombianos queremos salir a marchar, a protestar, pero no lo hacemos porque sabemos que las marchas a veces se vuelven incontrolables y algunas personas se valen de eso para hacer actos terroristas o vandálicos.
Las estadísticas son bastante preocupantes. Si miramos los daños que se han causado al Distrito y especialmente al transporte masivo en Bogotá, el año pasado va alrededor de $3.400 millones, si lo miramos solamente con una universidad, la Distrital, el año pasado se le causaron alrededor de $1.000 millones en daños. Esos $1.000 millones si los cuantificamos en matriculas gratis, cerca de 20 estudiantes en un año pueden estudiar fácilmente.
Igualmente, la estadística del año pasado es que van alrededor de 20 agentes de policía lesionados, lo que le ha causado a la entidad $430 millones en recuperar la salud y eso sin contar los días de incapacidad de la fuerza pública.
ENS: ¿Cuáles serían las multas para quienes en medio de las manifestaciones dañen los bienes públicos o privados?
VMO: Las personas que se encapuchen para atentar contra los bienes públicos o privados y para atentar contra la Fuerza Pública, tendrán penas de ocho años, que actualmente son de cuatro, entonces aumentarían. Esa persona que también se prepare para las marchas realizando papas bomba, bombas molotov y otros artefactos, aumentaría la pena privativa de la libertad y la multa.
Hay otro artículo que indica que la persona que incentive, patrocine, que lleve a cabo esas marchas violentas, será castigado con pena privativa de libertad.
ENS: ¿Cuáles son los estándares en materia de protección del derecho a la protesta pacífica?
VMO: En todos los Estados del mundo, el Estado y las autoridades deben garantizar las marchas pacíficas. La misma Corte Constitucional en varias sentencias ha establecido que es una obligación del Estado garantizar esas marchas, darles esa oportunidad a las personas de que se manifiesten, que protesten.
Las marchas pacíficas las podemos garantizar con el escuadrón antidisturbios, el cual busca recuperar el orden público por ciertos sitios específicos. Igualmente, se estipula que nadie vaya a alterar las marchas, y esa es otra medida para garantizar que se haga como las mismas norma internacionales y los Estados lo tienen que hacer, que es de manera pacífica.
ENS: ¿Cómo se haría la reglamentación de la medida?
VMO: Son tres artículos en los que se adiciona es el Código Penal colombiano, en lo referente al bien jurídico tutelado que es el orden público y el restablecimiento del orden público y constitucional. Son tres tipos penales específicos para castigar a estas personas y no necesita reglamentación, sino son tipologías autónomas que entrarían a regir una vez sea aprobado el proyecto de ley.