Off the record

Foto archivo

¿Otra reforma?

Uno de los parlamentarios que fue ponente del último proyecto de reforma al Código de Policía y Convivencia Ciudadana considera que el Congreso debe abocar un ajuste legislativo de esa norma estatutaria, ya que pese a no tener mucho tiempo de vigencia ha sido “fuertemente cercenado” en la Corte Constitucional en tanto que otros artículos no han tenido mayor aplicación en la práctica porque “no atienden a la realidad” de los colombianos. Según el congresista, cuyo nombre se omite por la informalidad de su declaración, en la Corte todavía hay pendientes varias demandas contra artículos importantes del Código, por lo que sería necesario esperar este año a que se produzcan esos fallos y entonces sí revisar qué tanto sobrevivió de la norma y cuáles son las reformas que deben abocarse para volver a recuperar su integralidad y eficacia.

 

Debate por impuestos

 

La advertencia de la Contraloría en torno a lo que está pasando con la sobretasa a la gasolina -vía “impuesto al carbono”- y el impuesto por el uso de las bolsas plásticas será objeto de un debate de control político en el Congreso. Según conoció ayer EL NUEVO SIGLO, varios parlamentarios consideran que el gobierno Santos le hizo ‘conejo’ al Parlamento porque cuando se aprobaron los dos impuestos “verdes” se aseguró que todo lo recaudado iría para inversión ambiental. Sin embargo, la Contraloría denunció el miércoles pasado que, al menos en lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina, solo un 30% se destina a acciones dirigidas a cuidar el medio ambiente, en tanto que el 70% restante va para financiar el Fondo Colombia en Paz, que se encarga de la implementación del acuerdo con las Farc.

 

Alerta por demandas

 

El asesinato creciente de los llamados “líderes sociales” se constituye, además en una evidencia de la debilidad del Estado para proteger la vida de los activistas, en un riesgo fiscal de amplio espectro. Se sabe que distintas autoridades ya han prendido las alarmas por el costo de las demandas contra la Nación que cursan en la jurisdicción contenciosa administrativa alegando que la falta de diligencia estatal para otorgar medidas de seguridad a las víctimas constituye una omisión grave y los familiares de los asesinados tienen derechos a costosas reparaciones monetarias. Por el momento no se tiene un estimado de cuál podría ser el monto de pretensiones en ese acumulado de demandas, pero se pedirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que haga un estudio al respecto y el Gobierno defina una estrategia para hacer frente a este riesgo jurídico y económico.

 

Cambio sin cambio

 

Una alta fuente de Cambio Radical le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que esa colectividad seguirá en la franja de los partidos independientes y que no ha existido ni existe contacto alguno con el gobierno Duque para cambiar ese estatus político. Agregó que ello no es obstáculo para que la colectividad y la Casa de Nariño, como lo hicieron en el segundo semestre del año pasado, se reúnan y traten de allanar acuerdos sobre la agenda parlamentaria. Sin embargo, recalcó que Cambio Radical sí va a demandar varios apartes de la Ley de Financiamiento que son claramente inconstitucionales, como lo advirtió reiteradamente en las plenarias de Senado y Cámara pero sin que el Gobierno hiciera caso de los argumentos sólidos expuestos por los respectivos voceros de la colectividad. Por último indicó que el proyecto de reforma política tiene que ser “enderezado” o terminará hundiéndose como el de la justicia.