Cuando el lobby puede más | El Nuevo Siglo
Jueves, 16 de Enero de 2020

Es un desastre para Colombia la salida de Uber. Demuestra que, en más de seis años, el Estado colombiano, tanto en el gobierno Santos como en lo que va del gobierno Duque, no fue capaz de brindarles algún tipo de seguridad jurídica a ésta y otras empresas de tecnología que, aunque no son perfectas, les dan a los ciudadanos la opción de elegir cómo transportarse.

Uber les ha dado la oportunidad a más de 88.000 conductores, en las 12 principales ciudades del país, de generar ingresos extra o de ganarse la vida con turnos diarios detrás de un volante. Sin contar los empleos de alta calidad que genera relacionados con análisis de datos, marketing y desarrollo de la plataforma, entre otros.

Con la salida de Uber se va la inversión inicial de 50 millones de dólares que hizo  la compañía en Colombia, sumado a que dejará de invertir otros cerca de 40 millones de dólares que estaban destinados para la construcción del tercer centro de excelencia de Latinoamérica que abriría las puertas este año y generaría alrededor de 600 empleos adicionales.

Y es que es tristísimo pensar que perdimos no solo la inversión y los empleos de Uber, sino la capacidad de ser el hub del Área Andina, ya que desde acá se manejaba toda la operación de la región, lo cual era importantísimo. Acá lo que está en juego es la confianza de los inversionistas en Colombia y la consolidación del país como un centro de emprendimiento de alto impacto y tecnología. Aquí se perjudica no solo plataformas de transporte, la inseguridad jurídica nos aleja de soluciones e inversiones en diversas áreas. ¡Una absoluta falla del Gobierno Nacional!

Sin embargo, creo yo, los más afectados son los usuarios. Para muchos estas plataformas han sido una alternativa para poderse mover con seguridad y aunque, insisto, no son perfectas, su masificación se debe a que entienden lo que está pidiendo la gente que, al final, tiene derecho a escoger cómo se moviliza.

El Gobierno tiene los instrumentos desde el poder ejecutivo para reglamentar el tema, garantizar que estas plataformas paguen todos los impuestos y compitan en la cancha con las mismas condiciones de las empresas tradicionales, como debe ser ¡No ha querido hacerlo! Es un descaro el cuento de la Ministra de Transporte que dice que los congresistas no hemos querido, cuando en los últimos meses el Gobierno ha bloqueado la iniciativa parlamentaria para regular las plataformas. Es evidente que no hay voluntad política ni determinación y esto pasa cuando el lobby puede más que el buen sentido.

Que la polémica salida de Uber del país sea la oportunidad para tener, de una vez por todas, una discusión seria y alejada de los populismos sobra la reforma del régimen laboral. Por incómodo e impopular que puede ser para el Gobierno, es necesario poner el tema sobre la mesa y cuanto antes sea mucho mejor.

Infortunadamente de lo que sí tenemos certeza es que Colombia es un país preso del lobby. Si aquí se estuviera dando una alternativa para mejorar el transporte público, la discusión sería diferente, pero no. Se le está cerrando la puerta a los avances tecnológicos y a la competencia. Queda claro que esta medida es una cedida a los intereses de un gremio tradicional.