¿Qué ha pasado un año después del atentado a la Gral. Santander?

Foto archivo El Nuevo Siglo
Hay dos privados de libertad por la acción terrorista con carro-bomba que ejecutó el Eln. En pasados días también se activó investigación disciplinaria contra dos oficiales de Policía por supuestas fallas en seguridad de las instalaciones

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Este viernes se cumple un año del atentado con carro-bomba a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, a manos del Eln, que cobró la vida de 22 cadetes y del terrorista que introdujo el vehículo a la instalación.

Por estos hechos hay dos personas privadas de libertad, en tanto que en días pasados la Procuraduría abrió investigación contra dos oficiales de la institución para establecer si se presentaron omisiones en la seguridad de este centro de formación.

Por el atentado el Gobierno solicitó a Cuba la extradición de cuatro integrantes del Eln que están en La Habana, porque hacían parte del equipo negociador de esa guerrilla en las conversaciones de paz con la administración de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, la petición no ha tenido eco hasta ahora porque el Ejecutivo de la isla aduce que como país garante cumplirá los protocolos establecidos en caso del rompimiento de la mesa de diálogo.

De igual forma, producto de una ley aprobada por unanimidad en el Congreso por las diferentes fuerzas políticas, los 22 cadetes recibieron el reconocimiento de su ascenso póstumo al grado de Subteniente.

El atentado

El 17 de enero de 2019 un carro conducido por José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘El Mocho’, ingresó a la Escuela General Santander a media marcha sin que fuera detenido por la guardia apostada en el ingreso.

Tras circular por algunas calles internas de la instalación el automotor cargado con 80 kilogramos de pentolita estalló cerca a los dormitorios, cobrando la vida de 22 cadetes y dejando más de 80 heridos.

Se estableció que Rojas Rodríguez hacía parte del Eln desde hacía 25 años.

Por el atentado terrorista fueron capturadas dos personas: Ricardo Andrés Carvajal, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las Fuerzas Militares; y Wilson Arévalo, imputado por terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir.

Carvajal fue capturado en Bogotá horas después del atentado a partir de escuchas que hicieron las autoridades en las que se le oye decir en una conversación con un amigo: “Acá, que estoy arriba, Dorado, Los Laches Dorado. Pues no ve que pusimos la bomba en el General Santander y tocó venirnos a encaletarnos”.

La defensa de Carvajal insiste en que su defendido nada tiene que ver con estos hechos y que lo que dijo se trató supuestamente de una broma que le hacía al amigo con el que conversaba.

No obstante, el pasado 23 de diciembre el Juez 61 de Control de Garantías de Bogotá prorrogó por 120 días la medida de aseguramiento privativa de libertad contra Ricardo Andrés Carvajal, atendiendo la solicitud de la Fiscalía para evitar que el indiciado recuperara la libertad por vencimiento de términos, quien permanece recluido en la cárcel La Picota.

Por su parte Wilson Arévalo fue la persona que vendió la camioneta utilizada en el atentado. Según la Fiscalía, tuvo una activa participación en estos hechos pues asegura que lo trajo a Bogotá y estuvo en el taller en donde cargaron el automotor con los explosivos el mismo día del atentado.

La defensa dice que su cliente vendió el carro ignorando los propósitos que tenía con este el comprador. Incluso destaca que por ello el mismo día de los hechos se presentó ante la Fiscalía en el municipio de Saravena, Arauca.

Investigación disciplinaria

Cerca de cumplirse un año de este atentado se activa la primera investigación por las fallas que se habrían presentado en la seguridad de la Escuela General Santander y que habrían sido aprovechadas por Rojas para ingresar el vehículo.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director nacional de Escuelas de la Policía Nacional, mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y la directora de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliette Giomar Kure Parra.

Para el Ministerio Público se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al mayor general y a la brigadier general, “teniendo en cuenta que pese a las pruebas recopiladas en la indagación preliminar, no fue posible establecer si los oficiales ordenaron y adelantaron las acciones necesarias no solo para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela, sino del personal que allí labora, se capacita o se encontraba de visita”.

Como parte de la apertura de la investigación se ordenó la práctica de nuevas pruebas tendientes a establecer el trámite que se dio a la valoración integral de seguridad física que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía, los protocolos implementados para brindar seguridad al personal y a las instalaciones y las acciones puestas en marcha para detectar las fallas de seguridad y los correctivos adoptados.

El proceso con el Eln

Cinco días después del atentado el presidente Iván Duque hizo un “llamado respetuoso al Gobierno cubano” para que “proceda con las órdenes de extradición y pueda entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización terrorista para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho”.

De igual forma el Gobierno decidió levantar las órdenes de captura contra varios cabecillas del Eln, suspendidas por los diálogos que esta guerrilla sostuvo con la administración Santos.

En tanto que el 26 de enero de 2019, por solicitud de la Fiscalía, un juez libró órdenes de captura en contra de los miembros del Comando Central (COCE) del Eln por su responsabilidad en el atentado terrorista.

Además, en una misiva que dirigió el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en junio pasado al fiscal General (e), Fabio Espitia, pidió activar los mecanismos necesarios para la extradición desde Cuba de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana’ o ‘Ana María’; y Juan de Dios Lizarazo Astrosa, alias ‘David Piñata’.

El funcionario aseveró que contra estas personas “cursan órdenes de captura” por su responsabilidad en los “delitos relacionados con el acto criminal” perpetrado en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.

Sin embargo, como se dijo, el Gobierno cubano no ha atendido hasta el momento la solicitud de extradición de estos subversivos.

 

Ley de honores

La Ley 1998 de 2019, que establece el reconocimiento prestacional y pensional a los beneficiarios, fue radicada por el Gobierno en el Congreso, el pasado 20 de julio, para rendir homenaje a la memoria de los estudiantes víctimas del terrorismo.

La norma autoriza al Gobierno nacional para ascender de forma póstuma a los estudiantes fallecidos, y otorgarles el reconocimiento prestacional y pensional a los beneficiarios.

Así mismo, dispone la construcción de un monumento conmemorativo y establece el día 17 de enero de cada año como fecha oficial del Estudiante de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional de Colombia.