* Ola de masacres y asesinatos este año
* Urge un ajuste a la política de seguridad
Una vez más se encuentran prendidas las alarmas por la escalada de asesinatos que se ha presentado en estas primeras semanas de 2021. Los reportes de las autoridades militares y policiales así como de varias organizaciones no gubernamentales contabilizan no menos de seis masacres en tanto que se acerca a la decena el número de personas que han perdido la vida por ejercer algún tipo de liderazgo en sus comunidades.
Resulta evidente que en muchos de estos crímenes el trasfondo continúa siendo el mismo: la lucha de los factores criminales por el dominio de los corredores y las actividades del narcotráfico. Una sangría que empezó a repuntar desde hace varios años, sobre todo en las zonas en que efectivamente se desmovilizaron frentes de las Farc pero en las que el Estado no fue lo suficientemente diligente para imponer el control del orden público y la supremacía de la institucionalidad.
Se trata de una situación bastante complicada toda vez que, según han reiterado los entes de control e investigación, los grupos victimarios son múltiples y los móviles de los asesinatos y masacres igual. Disidencias de las Farc, guerrilleros de Eln, bandas criminales de alto espectro como ‘El cártel del Golfo’ o ‘Los Caparros’, o incluso sicarios de los cárteles de la droga y de la propia delincuencia común están detrás de la mayoría de los asesinatos.
Si bien 2020 cerró con una baja histórica en homicidios en general, no se puede desconocer que aumentaron las masacres y los asesinatos de personas que desarrollan labores de activismo local en materia ambiental, campesina, comunal, de derechos humanos, de defensa de las víctimas de la violencia o de denuncia valiente de aquellos factores delincuenciales a nivel rural y urbano en centenares de municipios.
No menos alarmante resultan las nuevas amenazas contra algunos de los pobladores que retornaron tiempo atrás al corregimiento de El Salado, en Bolívar, escenario hace dos décadas de una de las masacres paramilitares más cruentas y bárbaras. Si bien es cierto que el Gobierno, la Fuerza Pública, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras entidades de carácter público así como organizaciones civiles se han movilizado para apoyar a esta población, se requiere con urgencia que las autoridades logren identificar a quienes están detrás de esos hostigamientos y los lleven prontamente ante la justicia. Que se perpetre un solo ataque a esa comunidad sería una derrota muy vergonzosa a la legitimidad institucional.
Sí, es innegable que en la investigación de los asesinatos colectivos y de activistas locales la Fiscalía ha logrado avanzar de forma sustancial en los últimos años. Las estadísticas señalan el creciente porcentaje de crímenes en donde se esclareció ya el móvil así como los autores materiales e intelectuales, no pocos de ellos capturados y condenados.
Sin embargo, visto lo que está ocurriendo en el arranque de este 2021, es necesario redoblar los esfuerzos para la protección de la ciudadanía así como de aquellas personas que ejercen algún tipo de vocería en sus entornos cercanos. Desde el año pasado hemos insistido en la urgencia de ajustar la política de seguridad ciudadana y orden público para frenar esta escalada violenta. No se puede, en modo alguno, regresar a aquellas infaustas épocas en que el común denominador diario eran las masacres y las dantescas escenas de las víctimas y sus inconsolables familiares. No hay que llamarse a engaños: la situación se está complicando en forma grave en muchos municipios en donde el combate por el control del narcotráfico y sus actividades derivadas es cada día más intenso, generando además fenómenos críticos como desplazamientos y reclutamiento forzado de menores por parte de facciones ilegales. Por ejemplo, en Nariño, uno de los departamentos más afectados por las masacres, junto a Cauca y Antioquia, hay una gran preocupación por la suerte corrida por once personas que se habrían trasladado de Tumaco al municipio de Mosquera en busca de trabajo. No se sabe qué pasó con ellas, salvo que dos cadáveres encontrados esta semana pertenecerían a integrantes del grupo y el resto continúan desaparecidos.
Es imperativo, entonces, que se haga una revisión puntual y detallada de las circunstancias críticas que se están presentando en al menos una veintena de municipios en donde se ha concentrado una parte importante de las masacres y los asesinatos de activistas locales en el último año. Se requiere allí de estrategias de protección y un sistema de alertas tempranas más efectivo. Si no hay una respuesta contundente del Estado a este desafío criminal, el país podría volver a esas épocas, como ya se referenció, en que las muertes colectivas eran tan numerosas y recurrentes que, incluso, empezaron a perder eco en los medios de comunicación y la propia opinión pública, sumiendo al país en una de sus etapas más violentas y oscuras.