El pasado 18 de enero las fuerzas militares guatemaltecas evidenciaron, una vez más, una de sus grandes críticas: la represión contra la sociedad civil, luego de disolver una caravana de migrantes que se dirigía hacia Estados Unidos (EU) con la esperanza de ver la luz tras la posesión de Joe Biden.

No obstante, son muchos los interrogantes que pueden surgir tras estos acontecimientos, como ¿qué está pasando en el mundo que se han acelerado los flujos migratorios?, ¿por qué los ciudadanos centroamericanos buscan desesperadamente huir hacia México y Estados Unidos?, ¿por qué las acciones humanitarias de ACNUR o los pronunciamientos de ONG mundiales, como Amnistía Internacional, no han logrado ser eficaces frente a esta problemática social?

Aunque, algunas respuestas pueden ser obvias u otras muy difíciles de responder, hay un punto clave en el asunto: los migrantes que cada vez alzan más sus voces, han levantado una bandera que se debate entre la asistencia humanitaria y la necesidad de crear nuevas formas de gobernanza desde lo local, lo regional y lo global.

No es un secreto que las migraciones desde el fin de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se han convertido en un reto para los países con mayor atractivo, quienes, además, se ven obligados a formular políticas públicas migratorias, con el fin de atender y controlar este fenómeno que cada vez más desborda y desafía las fronteras territoriales.

Un ejemplo, es la Unión Europea, que ha tenido que afrontar fuertes críticas por las acciones de fuerza que se desarrollan en fronteras como la comprendida entre España y Marruecos, por donde transitan anualmente millones de migrantes libios y sirios, quienes se ven expuestos a violentas acciones de contención que han sido objeto de interés de políticos y artistas que han intentado plasmar la realidad de los migrantes.

Lo anterior, permite vislumbrar la complejidad a la hora de intentar comprender la dinámica de los flujos migratorios. Por un lado, está el carácter humanitario que hay detrás de esta problemática, en donde parecieran perder cada vez más su condición de humanos al cruzar fronteras (en muchas ocasiones de forma ilegal) en busca de mejores oportunidades, y durante el camino afrontar un sinfín de agravios físicos y verbales, más allá de sus características de género o edad.

Por el otro, las fisuras de los sistemas políticos de donde emigran estas personas, que, según estudios de organismos internacionales como la CEPAL, evidencian al interior de dichos países altos índices de desigualdad, desempleo, violencia y represión, entre otros.

Este es el caso de la caravana de migrantes centroamericanos que intentaba llegar a México y EU para huir de un contexto histórico determinado por los muy bajos niveles de desarrollo y la supervivencia de bandas criminales como los Maras que, aunque nacieron en la década de los 80 y 90 en California para defender los derechos de los migrantes salvadoreños, se han ido expandiendo hacia el resto de países centroamericanos como Honduras y Guatemala, donde realizan actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas y personas.

Es por ello, que esta movilización (que incluye ciudadanos centroamericanos de todas las nacionalidades) es la representación de una región que se debate para sobrevivir entre la pobreza y la desigualdad; la violencia y la criminalidad. Una región que poco se ha tenido en cuenta en el hemisferio y que conforma los países olvidados desde una mirada integracionista en América. Pues bien, históricamente, Norte América ha desarrollado unos lazos de cooperación fuerte con Latinoamérica, pese a las turbulencias integracionistas del siglo XXI, pero ha dejado de lado una región tanto estratégica como relevante para la seguridad hemisférica: Centroamérica y el Caribe.

Así es, este parte de América representa un punto neurálgico para el mundo occidental (desde una perspectiva multidimensional), debido a la importancia interoceánica de Panamá que comunica a este continente con Europa, Asia y África; como por su contexto sociopolítico, puesto que detrás de la fragilidad que caracteriza a los gobiernos centroamericanos, se ha construido un puente para el desarrollo de delitos transnacionales que atraviesan esta región por donde se llevan a cabo actividades de tráfico ilegal de personas, armas, recursos naturales y de estupefacientes, entre otros, a través de los nexos entre diferentes grupos ilegales que operan en cada país como los mencionados Maras, en El Salvador, Honduras y Guatemala; el Cartel de Sinaloa, en México; o el ELN, en Colombia, entre otros; muchos de ellos, son el legado de los conflictos internos y de guerrillas que marcaron la construcción de Estado en Centro y Sur América.

Frente a los múltiples interrogantes planteados al inicio del análisis, y más específicamente frente al quid del asunto para la comprensión de las migraciones entre lo humanitario y las nuevas formas de gobernanza, se hace necesario profundizar en este último aspecto, con el fin de hacer una aproximación a la solución del problema: se necesita replantear la gobernanza desde lo local, para así generar unos lazos de cooperación efectivos y eficientes entre la región, como lo propone el Acuerdo de Asilo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, el cual motivó a la caravana, que lo entendió como una puerta de esperanza.

De acuerdo con lo anterior, la caravana de migrantes centroamericanos es solo un síntoma de los contextos de pobreza, desigualdad y violencia que enmarcan a sus países, y que fueron evidenciadas por los ciudadanos a través de manifestaciones sociales desarrolladas en 2019, específicamente en Guatemala contra la reforma de salud, y que, como otros movimientos civiles en otros lugares del mundo, durante el mismo año fueron reprimidos con violencia.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, se ha venido profundizando con los efectos económicos y sociales que sigue dejando la pandemia global a raíz del brote del covid–19 en el mundo, y los efectos de los huracanes Eta e Iota que golpearon a Honduras en el pasado mes de noviembre.

Desde esta mirada, la región centroamericana está manifestando las consecuencias de un contexto histórico en donde la criminalidad, la pobreza y la falta de desarrollo económico desafían cada vez más la legitimidad de sus gobiernos y la dimensión de seguridad hemisférica. Es decir, que la solución va más allá de la disolución de la caravana a la fuerza y exige a los gobiernos centroamericanos a replantear sus formas de gobernanza con el fin de garantizar los derechos de sus ciudadanos en cuanto al acceso a servicios públicos y generación de oportunidades que promuevan el desarrollo.

Por último, más allá de las expectativas generadas por la posesión del presidente Joe Biden en EU, la caravana deja entrever la desesperación de una región “olvidada” donde la criminalidad se ha convertido en la “salida” para algunos ciudadanos que con el fin, de garantizar la supervivencia de ellos y sus familias, deciden unirse a las pandillas, acrecentando los problemas de seguridad local y regional y aumentando la necesidad de generar mayores programas de asistencia humanitaria, pero sobre todo estrategias más efectivas y menos paliativas frente al problema de fondo.

*Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá

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