Estado no domina el territorio | El Nuevo Siglo
Viernes, 12 de Febrero de 2021
Redacción Política

La génesis del reciclaje de la violencia

* Eje de la seguridad y el orden público

 

El asesinato de líderes locales así como de desmovilizados de las Farc continúa siendo una de las problemáticas más complicadas de enfrentar por parte del Estado colombiano. Si bien en los últimos años se han implementado distintas estrategias para la protección de quienes ejercen algún tipo de activismo y vocería de causas sociales, comunitarias, ambientales, de derechos humanos, reparación de víctimas y otras temáticas en el ámbito veredal, municipal o regional, lo cierto es que la violencia contra este liderazgo no disminuye. Igual ocurre con los excombatientes, pese a los esquemas de protección y alerta temprana implementados desde el Gobierno para unos y otros.

Como se dijo, es un tema bastante difícil de manejar y cuya repercusión a nivel nacional e internacional es cada vez mayor. De hecho, en lo corrido del año se han reiterado las alertas al respecto en cuatro escenarios distintos. Durante la presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU del informe periódico de la Misión de Verificación sobre el acuerdo de paz en Colombia, se llamó la atención sobre la racha de crímenes de líderes locales y desmovilizados. Después fue la nueva Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la que advirtió sobre la importancia de que las instituciones del Estado estén coordinadas para investigar y juzgar eficazmente todos estos asesinatos. Esta semana fue la organización no gubernamental Human Rights Watch la que cuestionó la que calificó de "lenta" respuesta del gobierno Duque frente al creciente número de homicidios de activistas y desmovilizados. Y a ello se suma que el jueves pasado Estados Unidos, por intermedio de un vocero del Departamento de Estado, reiteró su "preocupación por la continua violencia" contra defensores de los derechos humanos en Colombia, un tema que dijo ya se planteó al gobierno Duque debido al rol crucial que estos juegan en la construcción de una paz duradera.

Cada vez que se ponen sobre la mesa este tipo de denuncias y alertas, el Gobierno admite su gravedad pero al mismo tiempo expone los resultados de los distintos programas activados para la protección de los líderes sociales y los desmovilizados. Cifras en mano, busca demostrar a cuántas personas se le han brindado esquemas de seguridad de distinta índole, el número de escoltas y vehículos blindados a su servicio, así como los resultados cada vez más positivos de la Fuerza Pública y la Fiscalía en materia de capturas y condenas a autores materiales e intelectuales de estos crímenes. De igual manera, se explica que detrás de la mayoría de esos asesinatos hay un común denominador: el accionar de grupos delincuenciales tipo mafioso por el dominio de los corredores geográficos del narcotráfico, la minería criminal, la tala de árboles, el contrabando de combustibles, la extorsión y otra serie de delitos derivados.

Sin embargo, el problema de fondo no es el tipo de victimario como tal, sino lo que permite el accionar de los mismos. Y ese elemento no es otro que la impotencia del Estado para dominar, institucionalmente, todo el territorio nacional. Esa es la génesis no solo de la dificultad para frenar los homicidios de líderes y activistas locales y excombatientes, sino de otros fenómenos como el crecimiento exponencial de las disidencias-reincidencias de las Farc, el desdoblamiento del Eln, el reciclaje de carteles del narcotráfico y la permanencia de bandas criminales de alto espectro como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Caparros’… Son todos estos actores violentos los que están detrás de la escalada de homicidios de líderes, desmovilizados, masacres, desplazamientos forzados, reclutamientos de menores y crisis puntuales de inseguridad y orden público como la que tiene contra la pared a Buenaventura en estos momentos.

Es indudable que tras la desmovilización de una parte de las Farc en 2016, el Estado falló en recuperar de manera contundente el dominio institucional del territorio. Tampoco supo imponer eficazmente la supremacía de la autoridad legítima y menos pudo implantar de forma natural y permanente el ejercicio sereno de la ley y la justicia como regulador de todas las actividades políticas, económicas y sociales en zonas en donde por años y décadas primó la barbarie guerrillera.

Es en esas tres circunstancias en donde radica el motivo principal de la crisis de orden público y convivencia ciudadana que hoy se registra en muchas zonas rurales y urbanas. Mientras no se recupere el dominio institucional y permanente del territorio y el principio de autoridad legítima allí, será muy difícil detener los asesinatos, masacres y victimización de la población civil inerme así como el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Esa es la dura realidad.