El Estado colombiano dice necesitar cerca de 20 billones de pesos para financiar los gastos incurridos para enfrentar la pandemia. El desbalance se da por la inversión en salud pública y las ayudas exprés que tuvieron que decretar el año pasado. En las últimas semanas el gobierno ha hecho una corta explicación de una eventual reforma tributaria a través de los medios de comunicación, en los pocos minutos que permite una entrevista en radio y televisión anunciaron que la solución es meterle la mano en el bolsillo a las golpeadas familias y empresas.

El Estado debe entender que la situación económica actual de millones de empresas y familias se debe a las políticas que tomaron para enfrentar el covid-19, es por esto por lo que no debe introducir un nuevo clima de incertidumbre causado por la falta de reglas de juego claras en materia tributaria.

Es irresponsable y descarado pensar en aumentar la carga impositiva de las empresas y personas naturales sin antes hacer un recorte del gasto público de funcionamiento.

En primer lugar, las empresas privadas tuvieron que ajustarse el cinturón en materia de salarios y gastos para sobrevivir al 2020, dejaron de pagar primas extralegales, disminuyeron salarios, redujeron los gastos no operacionales, y buscaron ahorros en toda la operación; por otro lado, el Estado solo decretó un impuesto temporal a los altos funcionarios, pero siguió pagando los mismos beneficios extralegales, aumentó salarios, y repartió regalos a sus funcionarios a final de año.

En segundo lugar, cuando el país apenas iniciaba la reapertura, crearon la Consejería Vicepresidencial, un cuerpo burocrático extraño, sin funciones determinadas, y que al igual que el resto de las consejerías presidenciales repite funciones de los ministerios y otras entidades del Estado.

En tercer lugar, aumentaron los gastos de personal en 2021 en un 6% (2 billones de pesos), pasando de 33.4 billones en 2020 a 35.4 este año.  ¿Tendrá justificación?

Lastimosamente, sin importar las condiciones de la economía, el gasto público en Colombia ha aumentado casi que sostenidamente en todos los gobiernos. Sin embargo, quienes votamos por el presidente Duque, lo hicimos por su propuesta de un gobierno austero que frenara el crecimiento burocrático de su antecesor, hasta la fecha esa propuesta sigue incumplida, le queda un año y un poco menos de seis meses, ojalá lo haga para dejarle una estructura más eficiente a su sucesor.

Antes de pensar en una reforma tributaria, el Gobierno debe eliminar las consejerías presidenciales, y la mayoría de las agencias que repiten tareas de los ministerios; suprimir los departamentos que hacen tareas repetidas, como las unidades de estudios económicos del Ministerio de Hacienda y de la Dian; congelar el salario de los altos funcionarios del Estado por 4 años. Y por último no renunciar a la compra de ISA por Ecopetrol, que le permitiría recibir ingresos líquidos por 15 billones de pesos.

¿Con estos 15 billones no serán capaces de apretarse el cinturón en otros 5 y evitar más impuestos que le restan competitividad al país?