En un informe que presentó la Defensoría del Pueblo sobre conductas vulneratorias a líderes sociales y defensores de derechos humanos, indicó que la Delegada para el tema ha emitido desde 2017 y hasta la fecha, un total de 201 Alertas Tempranas.
En 187 de éstas, se ha identificado y advertido a las personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales como una de las poblaciones afectadas. Cuatro de estas Alertas Tempranas se han emitido con carácter nacional.
Agregó el organismo que los departamentos con mayor número de Alertas Tempranas que identifican riesgos para esta población son Antioquia (25), Chocó (23), Cauca (16), Valle del Cauca (14), Nariño (13), Norte de Santander (12), Bolívar (11) y Meta (9).
Agregó la Defensoría del Pueblo que “la violencia, contra las personas defensoras de derechos humanos, tiene expresiones particulares a nivel territorial, cuyos rasgos están marcados por la recomposición de dominios armados que se encontraban bajo la influencia de las Farc – EP; la persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales e ilegales y afectan los derechos de la población civil, las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz y la Política Pública de Prevención”.
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Añadió que el total de casos de homicidios registrados por la Defensoría del Pueblo en el 2020, ocurrieron en 103 municipios del país. El 50% de estos se concentran en 4 departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño y Chocó.
Es importante destacar que, de conformidad con lo identificado en las Alertas Tempranas, estos territorios en donde se concentran los homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos coinciden con los departamentos en los cuales se han emitido un mayor número de advertencias debido a la existencia de escenarios de riesgo asociados a la lucha por el control territorial entre Grupos Armados Organizados y la presencia de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
La información contenida en este reporte sobre las conductas vulneratorias registradas por la Defensoría del Pueblo ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus competencias.