No es fácilmente comprensible que un gobierno se empeñe en contrariar el sentir mayoritario de la población en asuntos relativos a concepciones de la vida como es el matrimonio y la familia. En asuntos antropológicos de sentido común, lo propio de un político responsable es captar la voluntad mayoritaria del pueblo sobre el modo de estructurar unas instituciones que afectan a todos. El gobierno puede ir en contra de esta voluntad, pero entonces será un acto de despotismo ilustrado y no una actitud democrática.
Es más, si un gobierno se deja llevar por el despotismo ilustrado no es extraño que esas decisiones se cobren electoralmente como ocurrió en las recientes elecciones presidenciales de Costa Rica. Al final de su mandato el gobierno de Solís planteó a la CIDH si la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluía el reconocimiento del cambio legal de sexo de los transexuales y la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo. Y haciendo una interpretación “expansiva” de los derechos, la Corte respondió que sí, e incluso presentó lo que era una opinión consultiva como un fallo obligatorio para todos los países parte de la Convención, lo cual está siendo muy discutido.
Sin embargo, donde más resistencia ha encontrado es en la propia Costa Rica, sede de la misma Corte. El gobierno saliente se apresuró a expresar su satisfacción por el fallo que, a su juicio, colocaba a Costa Rica en la vanguardia de los derechos de los homosexuales y la resistencia a este cambio en el concepto de matrimonio se convirtió en el tema central de las elecciones.
Según las encuestas, dos tercios de la población rechazan el contenido del fallo de la CIDH. No es extraño entonces el triunfo en primera vuelta de Fabricio Alvarado con casi el 25% de los votos, un candidato que marcaba muy bajo en los sondeos y que ha hecho su campaña defendiendo el matrimonio de siempre. También otros candidatos manifestaron su oposición al matrimonio homosexual y a la introducción de la ideología de género en las escuelas. El único ajeno a esta tendencia fue el oficialista Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,6% de los votos, y que disputará la presidencia a Fabricio Alvarado en segunda vuelta.
Cuando se produce esta falta de sintonía entre el poder y la realidad algunos analistas lo atribuyen a un “conservadurismo religioso”, que llevaría a defender unos “valores cristianos” en materia de matrimonio y familia. Como si fuera algo extraño en un país como Costa Rica, donde el 70% de la población se declara católico y el 12% evangélico. En estos casos, su participación política, se busca deslegitimar como “activismo religioso”, militancia que en cambio parece perfectamente normal cuando otros -como el lobby LGTB- defienden su visión.
De cualquier manera, que este intento de imposición de la CIDH haya encontrado resistencia en las urnas es un buen signo de salud democrática en Costa Rica.