• Preocupante mutismo de Cancillería colombiana
• La presencia de carteles manitos en nuestro país

Si bien es cierto que el principal foco de la estrategia internacional del gobierno del presidente Iván Duque está dirigido a los esfuerzos para acelerar la caída del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, las autoridades colombianas deben mantenerse alertas frente a otras circunstancias continentales que tienen grandes implicaciones para la agenda y prioridades de nuestra nación.

Por ejemplo, causa extrañeza que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y otras instancias oficiales colombianas no hayan prendido las alarmas, o al menos exteriorizado su preocupación, frente a los anuncios recientes del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre cambios en el énfasis de la lucha contra el narcotráfico en ese país. 

"No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra (contra el narcotráfico). Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz… No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública (...). Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios… ",  indicó el mandatario de izquierda, que asumió apenas en diciembre pasado. Ese cambio de estrategia significaría, al menos en la parte operativa, acabar con la utilización de las Fuerzas Militares en la lucha diaria contra los poderosos y cruentos carteles del narcotráfico mexicanos, sin que esté claro todavía si será la Policía o la proyectada Guardia Nacional (cuya creación va a medio camino de aprobación en el Parlamento) las que aboquen esta tarea.

Desde el gobierno de Felipe Calderón y luego en el de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Militares están combatiendo a los carteles, luego de que organizaciones como las de “Sinaloa”, “Nueva Generación”, “Los Zetas”, “Jalisco” y otras pusieran al Estado contra la pared a punta de asesinatos, masacres, corrupción local, violencia política y control de extensas zonas en ese país. Fueron los militares los que frenaron esa cooptación y asestaron golpes certeros a los narcos, incluyendo la captura de capos como el ‘Chapo Guzmán’.

Aunque el gobierno mexicano es absolutamente soberano para determinar su estrategia antidroga, es claro que cualquier cambio en esta impacta directamente a Colombia. Desde el año pasado la Fiscalía General de la Nación advirtió de la creciente presencia de los carteles mexicanos en Colombia, ya no sólo como ‘clientes’ del Eln, disidencias de las Farc, bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’ y organizaciones narcotraficantes de mediana escala, sino como socios o rivales de esas facciones en narcocultivos, laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico local e internacional de alcaloides, sobre todo a través de Centroamérica y con destino a Estados Unidos.

No en pocas ocasiones los operativos de incautación de drogas, desmantelamiento de narco-redes y detección de lavado de activos ha sido posible gracias a la colaboración estrecha entre autoridades colombianas, mexicanas y estadounidenses.

¿Cómo se afectará esa colaboración trasnacional con la gaseosa postura asumida por López Obrador en materia antidroga? ¿La salida de los militares del combate diario a los carteles llevará al resurgimiento de algunos que estaban muy golpeados? ¿Hasta qué punto propuestas tan polémicas del gobierno manito, como aquella de dar una amnistía general a muchos criminales, podría desincentivar el esfuerzo de sus autoridades en la persecución a capos y sus redes de tráfico, muchas de ellas con nexos claros en Colombia?

Esas y muchas preguntas surgen frente a los anuncios de López Obrador. Para algunos analistas mexicanos el nuevo gobierno, más allá de sus posturas discursivas izquierdistas, no puede relajar en el día a día el combate a los narcos porque, de un lado, el ‘remedio sería peor que la enfermedad’ y, de otro, le daría más razones al gobierno Trump para construir su muro fronterizo.

Es evidente que la lucha contra el narcotráfico sólo da resultados positivos en la medida en que se aborda como el un delito trasnacional que es. Los esfuerzos aislados de un país no son suficientes para golpear eficazmente toda la cadena de producción, tráfico y comercialización. El gobierno Duque, que acaba de lanzar su estrategia para seguir enfrentando el auge narcotraficante que heredó, con más de 200 mil hectáreas de narcocultivos y un potencial exportador por encima de las 900 toneladas anuales de cocaína, debe solicitar respetuosamente a México información sobre cuáles serían las consecuencias externas del cambio de su énfasis interno en su lucha antidrogas y cómo afectaría la colaboración internacional en materia. Es un asunto tan importante como urgente.

Como se dijo, la estrategia internacional colombiana no se puede enfocar única exclusivamente en cómo acabar el infierno de la dictadura venezolana, mientras en otras latitudes continentales pareciera estarse incubando un revés drástico al prioritario combate al narcotráfico en nuestro país. La Cancillería tiene la palabra.