- Señales de alarma por atentados y amenazas
- Estado debe activar ya el “Plan Democracia”
A menos de nueve meses para las elecciones regionales y locales empiezan a prenderse las alertas por los atentados y amenazas a precandidatos y candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales.
El viernes anterior la Misión de Observación Electoral (MOE) denunció que desde octubre pasado se han registrado 30 hechos de violencia contra precandidatos, servidores públicos elegidos popularmente y funcionarios de los organismos de control. Cauca, Bogotá, Cesar, Valle del Cauca y Putumayo son las zonas más afectadas. Según el organismo privado, de la treintena de ataques seis fueron contra aspirantes a alcaldías. Incluso dos de ellos terminaron asesinados, el primero en Cerrito (Valle) y el segundo en San José Uré (Córdoba). También se alertó que las amenazas se han venido intensificando contra titulares de cargos de elección popular. Por ejemplo, hubo un caso contra dos diputados de Putumayo, en tanto que la semana pasada se denunció que un precandidato a la Alcaldía en Bogotá, varios dirigentes y congresistas de la Alianza Verde así como los ex candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia Humana, Ángela María Robledo y Gustavo Petro, y un senador del Polo fueron amenazados por las llamadas “Águilas Negras”, un grupo residual de las facciones paramilitares y narcotraficantes que, sin embargo, tanto los amenazados como las propias autoridades concuerdan en que ya no existe y, por lo tanto, algún sector desconocido estaría utilizando su nombre como fachada para intimidar a los voceros de izquierda y de la oposición.
A todo lo anterior se suma que el viernes pasado, en un hecho que no alcanzó a registrar en el ya de por sí alarmante informe de la MOE, ocurrió un atentado con explosivos contra el Alcalde de Saravena (Arauca), en momentos en que entregaba unas obras a la comunidad en zona rural. El Mandatario municipal estaba acompañado de un dirigente regional que, precisamente, está a punto de entrar a la Cámara en reemplazo de un parlamentario al que le acaban de anular la credencial. En este ataque se sospecha de la guerrilla del Eln, sobre todo porque los dos dirigentes pertenecen al Centro Democrático.
Como se ve, aspirantes y funcionarios de distintos partidos y orillas políticas se están viendo amenazados por fuerzas ilegales. Es urgente que no solo el Gobierno sino el Estado en su conjunto tome cartas sobre un asunto tan delicado. La campaña para los comicios regionales y locales apenas si está tomando ritmo y lo peor que le podría pasar al país es que en medio de los esfuerzos para tratar de frenar la escalada de ataques y asesinatos de los líderes sociales, ahora surja otro flanco de alarma, esta vez en torno a la inseguridad de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL.
El año pasado, como se recuerda, Colombia tuvo las elecciones a Congreso y Presidencia de la República más tranquilas de los últimas décadas. No se puede perder el terreno ganado y de allí la ingente necesidad de activar desde ya el llamado “Plan Democracia” para proteger a quienes aspiran a competir por el favor popular. Volver a las aciagas épocas de la violencia electoral no es una opción para un país que no solo firmó un acuerdo de paz con la facción subversiva más grande, sino que está implementando distintas estrategias para tratar de cimentar el posconflicto, que hoy está amenazado por el accionar creciente del Eln, las disidencias de las Farc, las bandas criminales emergentes, mafias de minería criminal y un rebrote del narcotráfico, incluso con la irrupción de carteles mexicanos.
Visto todo ello, lo primero sería activar ya la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de cara a estos preocupantes hechos alrededor de la actividad proselitista. De igual manera, el Gobierno y los partidos políticos, que esta semana tendrán sendas reuniones en la Casa de Nariño para evaluar la agenda legislativa y otras prioridades, deben acordar un plan de prevención y reacción para enfrentar cualquier contingencia en la naciente campaña. Asimismo, la Fiscalía, la Procuraduría y demás entes de control tendrían que priorizar las investigaciones para establecer rápidamente de dónde vienen los ataques a candidatos y dirigentes, y proceder a la inmediata judicialización de autores materiales e intelectuales. Toda acción que sea necesaria para evitar un rebrote de la violencia electoral tiene que concretarse desde ya, sin esperar a que las circunstancias se compliquen y retornemos a épocas que, se supone, Colombia ya dejó atrás.