Llegó la hora para que los 31 miembros del Estado Mayor de las extintas Farc se presenten personalmente ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a responder por los actos que cometieron en el conflicto armado, en esta primera oportunidad por el Caso 001, basado en el informe de la Fiscalía denominado ‘Retención ilegal de personas’.

Este jueves iniciará la ronda de versiones libres Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Farc. No obstante, concentra el máximo interés el hecho que ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ fueron citados para acudir los días 14 y 18 de marzo próximo, pues de estas personas desde hace seis meses se desconoce su paradero y de no comparecer podría significar el inicio de un incidente de verificación de cumplimiento que podría derivar en su exclusión de esta instancia.

De hecho, en el caso de ‘El Paisa’, el pasado 25 de enero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (de la JEP) confirmó la práctica de pruebas que había ordenado el pasado 6 de diciembre dentro del incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad.

‘El Paisa’ es el único de los 31 ex comandantes de las Farc que se abstuvo de entregar el informe individual sobre sus actividades de reincorporación y otras obligaciones relevantes para el caso que solicitó la JEP en septiembre pasado. Ello explica por qué a pesar que ‘Márquez’ y ‘El Paisa’ no han informado de su paradero, solo al primero esta jurisdicción le inició un incidente de verificación del cumplimiento.

Vale recordar que la JEP es fruto del Acuerdo de Paz para juzgar bajo la sombrilla de la justicia transicional los delitos graves cometidos en el conflicto armado. En el caso de los desmovilizados de las Farc les beneficia estar en esta Jurisdicción porque las condenas que podrían recibir estarían entre los cinco años y con algunas restricciones de libertad, pero no en centro carcelario, a cambio de verdad y reparación a las víctimas.

Estar fuera de la JEP significaría a los ex comandantes de Farc que sus procesos pasen a la justicia ordinaria, donde les esperan penas superiores a los 40 años de prisión y la clara posibilidad de extradición en caso de ser reclamados por un país.

De otra parte, el Ejército Nacional entregó ayer a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP información relacionada con los miembros del Estado Mayor y Secretariado de las Farc dentro del Caso No. 001 ‘Retención Ilegal de personas’ por parte de la extinta organización.

Carta a Naciones Unidas

Por su parte, el Partido Farc dirigió ayer una misiva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde además de agradecer por su labor de vigilar a través de una misión en Colombia la implementación del acuerdo, insiste en la necesidad de que sea activado el punto 3.4.2 del Acuerdo, que tiene que ver con poner en marcha el Pacto Político Nacional contra la violencia, para lo cual, “desde las regiones, invitaremos a los partidos y movimientos políticos, a los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, entre otros a construir paz, a rechazar la violencia y a suscribir documentos de compromiso en tal sentido”.

Frente a esta carta el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que lo que se debe hacer es que el Partido Farc lleve sus inquietudes ante el Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del Acuerdo de Paz).

“No comparto la interpretación del Partido Farc, en carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pretende reducir a actos simbólicos el pacto de no uso de las armas en política”, dijo Archila.

De igual forma el Consejero negó la afirmación de Farc de que el Gobierno se haya levantado de la Csivi. “Es una apreciación equivocada, imagino que no es malintencionada”, indicó Archila.

Asimismo explicó que “de la manera más atenta y delicada les sugerimos que suspendiéramos esa sesión para poder tener tiempo de estudiar la carta que ellos le estaban dirigiendo al Consejo de Seguridad de la ONU”.