- El porqué del plan de recompensas
- Redefinir el universo de las víctimas
HEMOS sostenido que la democracia y la viabilidad nacional no son factibles si no se recupera el principio de autoridad. Como se sabe, el proceso de paz con las Farc quedó en buena parte inconcluso porque los organismos legítimos no coparon las zonas desalojadas por esa guerrilla. De tal modo, la idea central, que consistía precisamente en imponer la soberanía en aquellos sitios donde no había sido posible, quedó trunca. Y en la combinación de cultivos ilícitos, minería criminal y tantos otros factores delincuenciales, que tomaron un auge inusitado al mismo tiempo de las conversaciones en La Habana, se desenvolvió, y viene haciéndolo, el fermento atroz en el que se está asesinando a los líderes comunitarios.
No hay allí, desde luego, un factor sistemático que pueda endilgársele en modo alguno al Estado. En esta ocasión, los patrones obedecen a situaciones diferentes, entre ellos las pugnas asesinas entre quienes pretenden consolidar los corredores estratégicos del comercio ilegal de drogas. Ello está más que demostrado. Y es allí donde se da el principal caldo de cultivo para el Eln, las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos.
Lo grave, ante ello, es que el Estado peque por omisión. Y por eso esta semana fue una noticia de gran envergadura que el mismo presidente Duque se ocupara directamente del tema, utilizando para ello el sistema de recompensas, a fin de capturar a los homicidas que han campeado libremente, desde hace varios años, por las regiones, sembrando una estela de sangre que ha desdibujado gravemente los anhelos de paz de todos los colombianos.
Con la iniciativa de recompensas se intenta que la ciudadanía, prioritariamente en los lugares más afectados, comparta sus informaciones con la Fuerza Pública y se libere del miedo que se tiene a los criminales.
Así pues no solamente se ofrecen recompensas por las cabezas del Eln, de los disidentes de las Farc, de las bandas criminales emergentes tipo ‘Clan del Golfo’ y de los carteles mexicanos, sino que igualmente se busca llegar a otros autores más directos de los crímenes contra los líderes comunitarios. En modo alguno se busca aquí sustituir la obligación ciudadana de colaborar con el Estado en la lucha contra la delincuencia. En realidad se trata de plantear un incentivo monetario para poder dar lo más pronto posible con estos actores ilegales. Es más, no en pocas ocasiones las altas sumas que se ofrecen por la información que conduzca a su captura o neutralización, lleva a que al interior de esas organizaciones criminales se produzcan traiciones y delaciones que permiten la caída de sus líderes y poner al descubierto sus operaciones delictivas.
Las recompensas, entonces, son una herramienta más dentro del esquema de protección integral de los líderes comunitarios, que es un deber del Estado. Un esquema en donde los propios activistas tienen que poner de su parte para alertar a las autoridades a tiempo sobre cualquier amenaza o riesgo potencial. Un esquema, también, en donde la Fiscalía y demás instancias investigativas deben ser muy diligentes para descubrir en qué casos los ataques tuvieron su origen en el rol de liderazgo y cuándo se deben a situaciones particulares, de índole personal o incluso fueron casos de delincuencia común y víctimas aleatorias.
No es, sin embargo, una tarea fácil. Hemos dicho en estas páginas que bajo esa definición difusa y genérica de “líderes sociales” se cobija a una gran cantidad de actividades que, por su propia amplitud y diferenciación, dificulta focalizar los programas de prevención y seguridad sobre los mismos. Hoy se consideran bajo esa misma denominación a quienes son defensores de derechos humanos, integrantes de juntas de acción comunal, activistas en causas de restitución de tierras, impulsores de iniciativas ambientales, sindicalistas, promotores de sustitución de cultivos ilícitos, impulsores de campañas para reparar víctimas del conflicto, veedores ciudadanos y anticorrupción, portaestandartes de procesos de reivindicación campesina, indígena o afrodescendiente, cabezas de procesos productivos de desmovilizados, denunciantes de atropellos de grupos ilegales y agentes aislados del Estado… Urge, en consecuencia, redefinir el universo de estas víctimas potenciales, no para excluir algunas y priorizar otras, sino para poder individualizar mejor sus niveles de riesgo específicos, otorgarle con más claridad las medidas de seguridad del caso y, de paso, vislumbrar los posibles victimarios para poder actuar precautelativamente contra ellos.
El Estado en su conjunto se moviliza para salvaguardar a los líderes comunitarios. Ha destinado recursos humanos, técnicos y financieros suficientes e implementado una estrategia interinstitucional a través del Plan de Acción Oportuna (PAO). El desangre, sin embargo, no se ha podido detener. El ofrecimiento de recompensas es un paso más para frenar la escalada violenta y habrá que dar otros según evolucione la delicada situación. Lo importante es no bajar la guardia ni caer en la resignación. Cada vida que se salve será un triunfo ante los violentos. Y cada captura de autores materiales e intelectuales de los crímenes, un escalón más para acabar esta tragedia.