Turno para la alta política | El Nuevo Siglo
Lunes, 4 de Febrero de 2019
  • El reto de cumbres de Duque con partidos
  • Agenda país versus agenda gubernamental

 

 

 

A dos días de cumplir seis meses en el poder, el gobierno del presidente Iván Duque vuelve a convocar a todos los partidos políticos a la Casa de Nariño. La primera vez que lo hizo fue a finales de agosto, después de la votación de la consulta popular anticorrupción que tras sumar más de 11,6 millones de respaldos en las urnas, estuvo a solo 400 mil sufragios de lograr el umbral de participación. Ante semejante mandato ciudadano, el Jefe de Estado decidió llamar a los promotores y demás colectividades para allanar un acuerdo que permitiera convertir en actos legislativos y leyes el contenido de cada una de los siete preguntas allí consignadas. Ese pacto se logró y si bien es cierto que en el primer tramo de la legislatura el paquete de proyectos derivados de la consulta tuvo un accidentado debate, aún sigue en trámite la mayoría de las iniciativas, salvo un par que se hundieron.

Ahora Duque, en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso para discutir el proyecto de ley que establece el Plan Nacional de Desarrollo, vuelve a convocar a todas las bancadas con el objetivo de analizar la agenda parlamentaria de este año y definir las prioridades. Para ello no solo mantendrá reuniones con los partidos que hacen parte de la coalición gubernamental sino también con las colectividades de la franja de los independientes y de la oposición.

Se trata de un ejercicio que requiere tres elementos fundamentales para que sea productivo. En primer lugar, que el Ejecutivo, los partidos que lo apoyan así como el resto de formaciones políticas con representación en el Congreso apuesten por priorizar la agenda del país en lugar de enfrascarse en una discusión desgastante de la agenda gubernamental, que en un ambiente de polarización como el que vivimos tiene partidarios y detractores en el Legislativo. En segundo término, al ser este 2019 otro año electoral, pues en menos de nueve meses se escogerá en las urnas a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, urge definir las preeminencias legislativas. Sería ingenuo desconocer, de un lado, que parte del tiempo de senadores y Representantes se destinará a la campaña y, de otro, que en ese quisquilloso escenario proselitista existe un alto riesgo de politización de los alcances de cada proyecto. Por último pero no menos importante, es evidente que el modelo de gobierno de Duque, que se basa en la “cero mermelada” y nada de transaccionismo político con el Parlamento, aún no aterriza en forma, e incluso sus críticos sostienen que no hay tal cambio, pues un artículo en el proyecto de reforma política deja en cabeza de los parlamentarios la posibilidad de dirigir  la destinación del 20 por ciento del presupuesto anual de inversión, lo que significaría sugerir a qué proyectos y programas podrían ir más de 8 billones de pesos. El tipo de consensos políticos que se logre con las bancadas en estos tres días será determinante para saber hasta qué punto esa insana connivencia presupuestal y burocrática entre Ejecutivo y Legislativo ya quedó atrás o si simplemente se ‘rebautizó’.

Aparte de la trascendental discusión del Plan de Desarrollo, que marca la hoja de ruta gubernamental en su cuatrienio, en el Congreso están a medio camino proyectos tan importantes como la segunda vuelta de la reforma política y varias iniciativas clave del paquete de proyectos anticorrupción. También está pendiente definir si se apostará por un nuevo intento de reforma a la justicia, que se hundió por enésima vez a finales del año pasado. No menos trascendental será seguir la discusión del proyecto que establece la no conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político, iniciativa que impacta cualquier proceso de paz a futuro en Colombia, especialmente con el Eln.  A ello se suma que algunos partidos anunciaron que insistirán, unos, en la reforma a la Jurisdicción Especial de Paz y, otros, en aprobar las 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto. Se sabe, también, que el Gobierno impulsará aún más el proyecto de modernización del sector TIC, que tanta polémica causó en diciembre. La reforma a las CAR, la nueva ley de vivienda, la creación del Ministerio de Deportes así como la regulación o prohibición del fracking, también figuran en la agenda de iniciativas que generarán pulsos parlamentarios de amplio calado y deben ser evacuadas en apenas tres meses.

Visto todo lo anterior, es claro que Duque y todas las bancadas tienen la oportunidad, a partir de las cumbres en la Casa de Nariño, de apostar por la alta política. De allanar acuerdos por encima de la polarización y la coyuntura electoral. De convertir la agenda del Congreso en la del país, y no en la meramente gubernamental. ¿Podrán?