Tras casi dos semanas de haber sido elegido, hoy se posesiona como fiscal general Francisco Barbosa Delgado.

El 30 de enero, después de cinco votaciones, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia lo eligió dentro de una terna en la que se encontraban Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado; y Clara María González, secretaria Jurídica de Presidencia.

Barbosa reemplaza en el cargo a Néstor Humberto Martínez Neira, mismo renunció al cargo el 15 de mayo de 2019, luego que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negara la extradición de ‘Jesús Santrich’. Al frente del organismo investigador del Estado permaneció hasta hoy como encargado el exdirector de la Unidad Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón, pues junto a Martínez Neira también renunció la entonces vicefiscal general María Paulina Riveros.

EL NUEVO SIGLO consultó a expertos sobre qué reformas a la política criminal debería impulsar el nuevo jefe del ente investigador.

Cinco medidas

Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general, expuso cinco medidas en se sentido. “En primer lugar, impulsar reforma para descongestionar la Fiscalía y las cortes. Mientras no se descongestione la Fiscalía los resultados van a ser negativos por el cúmulo de trabajo. En segundo lugar, hay que preparar a la gente de la Fiscalía para efectos de una correcta aplicación del sistema penal acusatorio. En un sistema aceptable, pero desafortunadamente se viene equivocando de manera profunda en la aplicación”, dijo.

Como tercera medida, Bernal expresó que “se tienen que organizar las unidades investigativas colocándole auxiliares a los fiscales que están haciendo investigación”. En cuarto punto, señaló que debe modificaciones a la estructura de planta para que no haya un número superior de funcionarios administrativos a los que investigan. Y finalmente la quinta afirmó que, “como lo ha dicho el fiscal nuevo se debe fortalecer la fiscalía en provincia para evitar todos esos viajes de fiscales que es un gasto exagerado para hacer las audiencias y envían gente de Bogotá”.

Indicó que solo uno de estas reformas necesitaría ser tramitada por el Congreso, la de descongestión, que sería de rango constitucional. “Para descongestionar la Fiscalía sí es necesaria una reforma constitucional. Para reorganizarla, en la división de funciones, que no haya un número superior de funcionarios administrativos a los que investiga no se requiere ninguna reforma. El fortalecimiento de las provincias tampoco requiere de reforma”, sostuvo.

El exfuncionario afirmó, además, “que hay que pensar seriamente en un fiscal que se dedique exclusivamente a la Fiscalía y no a unos temas de carácter nacional que le corresponden al presidente y a sus ministros”.

¿Dónde hay fallas?

Jorge Aníbal Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, señaló que es clave “profundizar más en las investigaciones con respecto a los delitos que ponen en peligro a la vida y la integridad de las personas, que es en lo que se está fallando. Se vive una inseguridad grande. Eso habría que ponerle un poco más de cuidado, en todos delitos que impliquen violencia”.

El jurista manifestó que se debe analizar “dónde están fallando las cosas, qué se debe reprimir con mayor eficacia, cuáles son los delitos que más están golpeando a la comunidad”

Afirmó, además, que en el marco de una “necesaria” reforma a la administración de justicia “hay que introducirle cambios a la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Eso es urgente, es necesario. En ese punto podría la Fiscalía jugar un papel protagónico”.

No improvisar

Alfredo Beltrán Sierra, también exmagistrado de la Corte Suprema, afirmó que la política criminal del Estado “no puede ser objeto de improvisación ni puede ser cambiante con los funcionarios que van turnándose en el ejercicio de los cargos. Por esto está previsto que exista un Consejo Nacional de Política Criminal. Lo que ocurre es que ese Consejo realmente no ha trazado la política criminal del Estado sino que cuando ocurre algún hecho delictuoso de trascendencia entonces vienen propuestas para combatir esos hechos o para imponer las penas”.

Para el también exmagistrado de la Corte Constitucional, cada vez que ocurre “un asunto de esa magnitud entonces viene un proyecto de ley que aumente la pena para casos futuros. En cambio, una política criminal tendría que desarrollarse con fundamentos generales, impersonales y que fueran de larga duración. Ejemplo, cuál es la política de prevención del delito, el estudio de los factores que conforman la etiología de los delitos en Colombia. Cómo podría la sociedad contribuir a qué se disminuya la criminalidad y cómo podría luego cuando se presente el caso adelantar políticas de investigación y de juzgamiento que permitan en tiempos ágiles la decisión del Estado para resolver la situación de quien haya sido imputado, pero eso está distante”.

Manifestó que se podría “aprovechar que hay un nuevo Fiscal General para hacer hincapié en que se trace una política criminal con la participación de quienes conforman el Consejo Nacional de Política criminal y haciendo de esa política no un asunto de gobierno, ni del funcionario que ocupe un cargo sino un asunto de Estado”.

Trabajo multidisciplinario

El expresidente de la Corte Suprema, Pablo Cáceres, afirmó que más que reformar lo que se debe hacer es elaborar una política criminal porque considera que no existe.

“No hay política criminal. Son simplemente acciones policivas. Hay que elaborar una política criminal y practicarla. La política criminal no es solo de la Fiscalía, la política criminal se hace con el Gobierno”, expresó.

Dijo que “se necesita que exista un espacio institucional. Hay un Consejo de Política Criminal que no se ve que haya producido algo”.

“Hay que estudiar las causas, los fenómenos sociales, qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que da lugar a esas formas criminales que tenemos”, subrayó.

Señaló, además que la política criminal se tiene que hacer con criminólogos. “La criminología da todos los instrumentos. Esto no es cuestión que el presidente le diga a la doctora Margarita que haga una política criminal. Eso se tiene que hacer criminólogos. Obvio tienen que estar abogados para que opinen y también economistas”, expuso.