Inhabilidad electoral para Contralor y Procurador plantea el Fiscal

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EL NUEVO SIGLO habló con un exprocurador, un exfiscal y un excontralor sobre el tema, todos estuvieron de acuerdo

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El nuevo fiscal Francisco Barbosa propuso que detrás de los entes de control no puede haber una doble agenda, cuyo fin último sea la Presidencia de la República.

Por eso planteó que los actuales contralor y procurador lo acompañen en la presentación de un proyecto que impulse una inhabilidad temporal que no permita el uso del cargo para hacer campaña política.

“Cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico, por esa razón invito al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el Fiscal general, de impulsar la inhabilidad temporal que se quiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones”, dijo Barbosa.

Así mismo, el nuevo jefe del ente acusador, se comprometió a que “las decisiones en la Fiscalía se tomarán con acatamiento de la Constitución y la ley. La Fiscalía debe pasar la página de una entidad fracturada, por una justicia confiable y justa. Soy el fiscal de todos los colombianos y de nuestros territorios”.

El presidente Iván Duque no habló de un apoyo a la propuesta, pero enfatizó que la Fiscalía se debe apartar de la justicia espectáculo, de las filtraciones de información y de las inclinaciones políticas o ideológicas.

“Queremos una Fiscalía que deje, para siempre atrás, las tentaciones de la justicia espectáculo y se concentre en la justicia efectiva; queremos una Fiscalía que muestre su efectividad en sus decisiones y no en las filtraciones; queremos una Fiscalía garantista en lo procesal, y garantista en que ninguna de sus decisiones tiene inclinaciones políticas o ideológicas”, sostuvo.

Así mismo, recalcó que el ente acusador debe estar “en los territorios y no en los escritorios; queremos una Fiscalía cada vez más contundente para desvertebrar estructuras criminales; una Fiscalía que acompañe, en esa colaboración armónica, el trabajo de la Fuerza Pública, para esclarecer y para que se adelante justicia ejemplarizante”.

Al cierre de esta edición Carrillo ni Córdoba se habían referido a la propuesta, pero un exprocurador, un excontralor y un exfiscal le dijeron a EL NUEVO SIGLO que están de acuerdo.

 

“Se usan como plataforma”

 

El exprocurador Jaime Bernal Cuellar manifestó que “tengo una posición de hace más de 15 años para que quien ocupe cargos en los entes de control, fiscal, procurador y contralor debe salir pensionado y debe tener una inhabilidad de aspirar a cargos públicos de elección popular especialmente en la Presidencia de la República. Eso es lo que ha hecho que estos cargos se estén utilizando como plataforma para aspirar a otros cargos y en consecuencia están distorsionando la función que les corresponde de investigar y acusar para proteger la aspiración más adelante”.

Según Cuellar, “lo mismo debe ocurrir con los magistrados de las Cortes. El magistrado debe salir pensionado y solo aspirar a la cátedra o al ejercicio pero no a otros cargos públicos debe ser la finalización de la carrera. Esta es una forma de retomar la confianza en la justicia en Colombia.

Cuéllar sostuvo que “lo peor que puede observar la ciudadanía es ver a los altos funcionarios, como el procurador, el fiscal o el contralor, haciendo política desde sus puestos. Lo que hay que mirar es qué se gana con esa inhabilidad para la justicia, y se gana mucho, pues se puede recuperar la confianza y quien sea nombrado se dedique exclusivamente a la función propia del cargo y no lo use para hacer pasos hacia una futura campaña política. Mientras que no se haga esa reforma ni se cambie el sistema de elección de estos altos funcionarios va a haber contaminación de la política en la justicia”.

Para el excontralor Antonio Hernández Gamarra este tema se ha discutido desde hace mucho tiempo: “Estoy de acuerdo, porque cuando uno ejerce esos cargos de control debe estar impedido por lo menos por cinco años para lanzarse a cualquier cargo de elección popular. Eso es para que uno nunca de a entender que uno ejerce el cargo por algún tipo de función política o beneficio político”.

Así mismo, indicó que “la función de control es distinta a cualquier otro cargo que se ejerce en otra entidad del Estado. Cuando uno se lanza, lo hace no como parte de un proceso político. Es un cargo de responsabilidad especial de vigilancia de la conducta de las personas y uno no puede hacerlo cuando tiene aspiraciones políticas, porque puede perder la objetividad y, a veces, tomar decisiones dependiendo del criterio político, lo que no puede ocurrir”.

También el exfiscal encargado Guillermo Mendoza recordó que “es una propuesta que ha estado sobre la mesa desde ya hace mucho tiempo. Y las personas que toman decisión es razonable que lo hagan. Pero me parece sano que haya esa inhabilidad. Debe haberla por lo menos uno o dos años. Hay otros altos cargos como el de ministro que deberían tener esa inhabilidad”.

Así mismo, el exfiscal sostuvo que “cuando se aspira a un cargo de este tipo se está pensando en el desempeño del cargo y hacer un buen papel en él. Yo no creo que las personas que aspiran vayan imbuidas de ideas presidenciales a futuro. A la larga si la persona se concentra en la aspiración oculta y no en el desempeño del cargo afecta sus funciones, pero eso no ha ocurrido que afecten sus funciones por eso, pese a que ha habido candidaturas que provienen de los altos cargos”.

 

 

“Crimen contra Álvaro Gómez no puede quedar impune”

 

El presidente Duque le pidió al fiscal Barbosa que se convierta en un símbolo de la lucha contra la impunidad.

“Usted y yo pudimos ver, en la universidad, las metrallas asesinas que apagaron la voz del Álvaro Gómez Hurtado. Han pasado décadas y no se ha logrado el esclarecimiento de ese crimen. Crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad, y esperamos que durante su Fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales de ese crimen, y de muchos más. Pero la derrota de la impunidad es el triunfo del Estado de Derecho, y la Fiscalía tiene también esa responsabilidad”.

En 2017 la Fiscalía tomó la decisión de declarar el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado como delito de lesa humanidad.