* Abominable expediente de los secuestros
* La tragedia de los “falsos positivos”
Los documentos que han venido saliendo a la luz pública, entre ellos los de la Jurisdicción Especial de Paz, demuestran ante todo la degradación a la que llegó el país por cuenta de la agresión de las Farc al pueblo colombiano, cuya violencia fue en aumento de modo inconmensurable.
Basta para ello constatar, según informa la JEP, que produjeron más de 21 mil secuestros, tipificados como crímenes de guerra en la clasificación de “toma de rehenes”. Lo cual quiere decir que cuando el fenómeno ya se hizo recurrente, podría estarse hablando de al menos dos o tres plagios al día. Esto, además, bajo el procedimiento abominable de una infame repartija del botín: una porción para el Secretariado de las Farc, otra para los frentes correspondientes y la restante para quienes llevaban a cabo la deleznable acción. Es decir, una máquina criminal que, sin razón ninguna, privó de la libertad a miles de colombianos, en las condiciones más inhumanas, dejando una estela de víctimas sin parangón. Aun más, esto sin contar las otras organizaciones criminales también dedicadas a secuestrar y que no hacen parte del documento respectivo.
En otro informe de la JEP, emitido la semana pasada, se anuncia la investigación de alrededor de 6.400 casos de los mal llamados “falsos positivos”, todavía sin depurar, que la Fiscalía colombiana tiene tasados, concretamente, en 2.248. Ese es el resultado del acopio conseguido a través de varias ONG, fruto de la consulta de sus bases de datos, pero todavía está, como se dijo, por establecer la veracidad y el acervo probatorio.
Cualquiera sea la cifra, resulta de un oprobioso procedimiento de acuerdo con el cual algunos miembros de la Fuerza Pública recurrían al homicidio de inocentes, haciéndolos pasar por subversivos, y de esta manera producir resultados mentirosos, además con el fin de inflar macabramente las cifras operacionales.
No fue ello, pues, resultado de las acciones contra las Farc, sino producto de una tenebrosa desviación de las facultades constitucionales. En todo caso, es conocido que el presidente Álvaro Uribe, cuando tuvo conocimiento de estas acciones, le ordenó a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que procediera con todo rigor y en el término de la distancia, además sacando el tema de la Justicia Penal Militar y pasándolo a la ordinaria. Fue a partir de ese momento que el país se enteró de semejante situación.
Como es lógico, Colombia viene desde la época investigando el oscuro hecho, produciendo condenas en la justicia ordinaria. Sin embargo los procesos han debido ser trasladados a la JEP, así como diferentes denuncias sobre este tipo de casos. Ahora corresponde a la justicia transicional, por supuesto, profundizar en el macrocaso y evitar cualquier sesgo político que se ha venido denunciando. Probablemente habría sido más certero dar a conocer el rubro exacto de este delito específico, excluyendo los de otra tipificación. Los mismos magistrados de la JEP han sostenido que la investigación apenas se encuentra en la etapa de cruce de fuentes informativas.
De otro lado, por estos días, las Farc deben pronunciarse en torno a si, en efecto, aceptan el voluminoso listado de secuestros que les endilga la JEP. A través de sus voceros han dicho que lo harán, sobre lo cual varias organizaciones de víctimas han sostenido que no entenderían, bajo ningún motivo, que de aceptar la imputación la dirigencia se mantuviera en sus curules del Congreso, sin haberse aplicado la sanción restaurativa correspondiente.
Al mismo tiempo, el Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, ha dicho que las Farc no cumplieron con el monto ni el cronograma para la entrega de los bienes destinados a la reparación de las víctimas.
En tanto, sobre la extemporánea autoadjudicación por parte de las Farc de crímenes horrendos, al igual que todos los de la misma especie que cometieron contra el pueblo colombiano, magistrados de la JEP han sido reiterativos en decir que en modo alguno esa confesión de parte es válida si no se aportan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como en el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado al igual que los del general Fernando Landazábal y el excomisionado de Paz, Jesús Antonio Bejarano, entre otros.
Incluso, ayer el ICBF presentó ante la JEP un dramático informe con testimonios de los niños reclutados por las Farc como un acto recurrente y sistemático.
De otro lado, es inaceptable que agentes del exterior vengan a pontificar sobre cómo debe proceder Colombia, y mucho menos caer en la politización interna, de la cual algunos quieren sacar protervos beneficios.
Lo que es claro es que el país sabrá salir adelante de quienes quisieron a toda costa sumirlo en la barbarie y la degradación.