Los planes de vacunación contra el covid-19 en todos los países siguieron en general las recomendaciones de la OMS, adoptando criterios epidemiológicos y de salud pública para la priorización de los grupos poblacionales a ser inmunizados en las distintas etapas consideradas en el respectivo plan. Y según la disponibilidad y suministro de las dosis por los laboratorios fabricantes de acuerdo con la oportunidad y alcance de los contratos firmados. Es así, como en el caso de Colombia (Decreto 109/2021) se establecieron dos fases: la primera en tres etapas, dirigida a proteger el personar de primera línea en salud, a reducir la mortalidad por causa de covid-19 y a disminuir la incidencia de casos severos en adultos mayores y población con comorbilidades. Y la segunda en dos etapas, dirigida a reducir los contagios.
Según el campo de las ciencias administrativas y la gerencia, tener un plan siempre es mejor para actuar frente a un problema, y más si es de la magnitud de vacunar prácticamente a toda la población de un país en el menor tiempo posible con una vacuna escasa por su ritmo de producción, costo y acaparamiento. Pero, además, seguir la trayectoria trazada en dicho plan no siempre ocurre con facilidad por múltiples razones, entre ellas el factor humano. Por esto, se debe actuar con diligencia, previsión y flexibilidad para ir revisando, ajustando y respondiendo ante dificultades y entornos cambiantes. Ejemplo de ello ha sido la respuesta del Gobierno para incorporar y reforzar la estrategia de vacunación en la Amazonía colombiana.
Y justamente, en Perú y Argentina -no son los únicos países-, ha sido el factor humano a través del reprochable comportamiento de algunos políticos, ministros y altos funcionarios que han creado las formas para saltarse la fila de la priorización prevista en sus planes y así acceder a la vacuna ellos mismos y suministrársela a sus amigos y allegados. Generando situaciones que desbordan la mera ejecución del plan, restándoles legitimidad a los gobiernos y menoscabando la confianza pública.
Durante la pandemia hemos lidiado con sus catastróficos efectos, buscando poner de primero principios y valores como la salud, la vida, la solidaridad y la cooperación. Por ello indigna y sorprenden estos comportamientos que nos devuelven en nuestro continente a la realidad de los privilegios y el abuso del poder, de la información preferencial y el amiguismo que hacen que le provisión de un bien público sea desviada para beneficiar a unos pocos que no les corresponde o que buscan anticipar su beneficio al recibirlo de primeros o en mejores condiciones.
Claro, también son mucho más los casos que afortunadamente son buen ejemplo de solidaridad y cohesión social como ha sido el compromiso del personal sanitario o la reconfiguración y gran dinamismo del tejido barrial y local en casi todas las ciudades del mundo. Pero, estos pocos malos ejemplos son significativos por quienes los cometen y lo que representan: una forma insolidaria y sin la ética para ejercer el servicio público que trae como consecuencia una inequitativa distribución de servicios, bienes y oportunidades. Es un comportamiento que destruye el bien común y no debe tolerarse.
@Fer_GuzmanR